El Concejo solicitó al gobierno nacional contemplar la posibilidad de que el municipio pueda participar en las discusiones que se lleven adelante para alcanzar una solución para la administración estratégica del dragado y balizamiento del río Paraná.
Así lo decidió el cuerpo legislativo local, al aprobar la propuesta presentada por la concejala Luz Olazagoitia (Frente Social y Popular) que pide que los rosarinos estén incluidos en la discusión.
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«La iniciativa expresa la necesidad de que el Estado asuma un rol protagonista en la gestión integral de la hidrovía, con soberanía e independencia económica, para romper con la lógica privatizadora de la década del 90”, dijo la edila.
De esa manera, “se garantizarán los puestos de trabajo, la defensa del interés público y protección de los bienes comunes y el ambiente», remarcó.
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Indicó luego que el Ejecutivo municipal deberá reglamentar esta solicitud “rápidamente para llegar con las fechas establecidas”.
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«La falta de tiempo de discusión también es una herramienta de los actuales concesionarios para prorrogar por años el negocio que tienen con la hidrovía”, señaló la concejal Olazagoitía.
«Trabajamos para potenciar la hidrovía y Santa Fe debe tener un rol central»
Y por último añadió: “En este momento único, necesitamos poder plantear alternativas que salgan de la privatización del río, principalmente porque no dejan nada para Rosario».
Una semana atrás, el municipio de la ciudad de Santa Fe, las entidades productivas, el Ente Administrador del Puerto y la Universidad Nacional del Litoral firmaron un documento para pedirle a la Nación poder participar del debate por la Hidrovía: “Santa Fe tiene una importancia estratégica para el desarrollo del país desde una mirada verdaderamente federal”.
También días atrás el Ministerio de Transporte de la Nación informó que el objetivo del segundo encuentro nacional previsto para el próximo 26 de abril en Rosario es analizar las más de 70 propuestas sobre la confección de los pliegos para poder avanzar en el llamado a licitación pública, cuyo objetivo es «federalizar la vía troncal»
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