En el gobierno provincial cayó decididamente mal la resolución firmada esta semana por el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, por la cual les ordena a sus subordinados no trabajar más con el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain siga en el cargo de director.
El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, le envió una nota al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, en la que cual pide dejar sin efecto esa resolución con el argumento de que el MPA “debe velar por la convivencia de un Estado de derecho que privilegie la vigencia del principio de legalidad por sobre el de oportunidad”.
La decisión de Vigo, fechada el 6 de abril, tiene tres puntos: en primer lugar se instruye a los fiscales de Rafaela a que “dejen sin efecto” sus colaboraciones con el Organismo de Investigaciones; en segundo lugar ordena “la inmediata devolución de los legajos de investigaciones, documentos, objetos y todo otro elemento que se encuentre bajo custodia del Organismo de Investigaciones”; y por último se aclara que el organismo a cargo de Sain deberá “finalizar las diligencias que se encuentren pendientes”.
Este viernes, el secretario de Justicia de la provincia le envió una nota ante el titular del MPA, Jorge Baclini, en la que pide que se deje sin efecto esa resolución debido a “la manifiesta extralimitación legal” del funcionario judicial. Además, Somaglia solicitó que se gire una nota a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura donde se deberá analizar el accionar de Vigo, en particular si su resolución constituye algún tipo de delito “atento la palmaria extralimitación funcional” que supone la resolución del jefe de los fiscales de Rafaela.
El jefe de los fiscales de Rafaela les ordenó a sus subordinados que no trabajen más con Sain
En su nota dirigida a Baclini, Somaglia sostiene que “en el rol de mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con el propósito de sostener las vinculaciones entre ambos poderes, me veo en la obligación en poner en su conocimiento la situación de severa gravedad institucional que se ha suscitado para la prestación del servicio de Justicia en general, y especialmente, para el sistema de investigación y persecución de delitos en la provincia”.
Según Somaglia, la resolución de Vigo no tiene sustento legal, a la vez que destacó la importancia del trabajo que lleva adelante el Organismo de Investigaciones (ex Policía Judicial) en el sistema de Justicia Penal. El secretario de Justicia expresó su preocupación ya que “la instrucción general del fiscal regional Nº 5 (Vigo) anuló indebidamente la competencia que el Organismo de Investigaciones tiene en el abordaje de sucesos delictuales que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad” y ratificó que el fiscal Vigo “carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de intervención del Organismo de Investigaciones”.
“El temperamento adoptado por el fiscal regional lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos, quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones”, agregó Somaglia.
Por último, el secretario de Justicia de la provincia remarcó que la decisión del fiscal regional de Rafaela “vulnera arbitrariamente los derechos laborales y roles funcionales que tienen las autoridades y agentes que cumplen funciones en el ámbito del Organismo de Investigaciones de la Fiscalía Regional Nº 5”.
