Mauro Blanco es fiscal adjunto de Venado Tuerto, está suspendido por la Legislatura a raíz de una causa en la que se lo vincula con una banda dedicada a la venta de drogas y este viernes quedó detenido al cabo de un despliegue que incluyó 16 allanamientos, cuatro de los cuales fueron en la vecina provincia de Córdoba.
La investigación del caso está en cabeza del fiscal de Reconquista Leandro Mai. Los operativos fueron llevados adelante por el Organismo de Investigaciones (OI). Se trata de 16 allanamientos: 12 de ellos en las localidades del sur santafesino de Rufino y Venado Tuerto, y los restantes en la cordobesa de Villa Dolores.
Blanco fue investigado por conversaciones telefónicas con un vendedor de droga, a quien utilizó como fuente para una causa por robo de armas en Hughes. El fiscal fue suspendido por la Legislatura santafesina y es investigado por su colega Mai de Reconquista, en quien recayó la responsabilidad de indagar los colaterales de una causa iniciada en la Justicia Federal por parte del fiscal Javier Arzubi Calvo.
Blanco quedó apresado bajo sospecha del delito de cohecho agravado. Esa pesquisa se inició en enero de 2020, a partir de una denuncia radicada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y luego derivada, en la parte que lo tiene bajo la lupa, al fuero provincial.
La Justicia Federal de Venado Tuerto fue la que detectó un presunto vínculo entre Blanco y un comercializador de drogas de esa localidad a partir de escuchas telefónicas. En ellas, al fiscal se lo oye coordinando la compra de “revistas”, allanamientos e intercambio de información reservada del Ministerio Público Fiscal (MPA). Esas grabaciones, más una serie de seguimientos, ubican también al funcionario judicial en una casa de Roldán en la que, poco después, fueron encontradas drogas y armas durante un allanamiento.
La Justicia federal remitió la información a su par provincial, y en enero último, la auditora general María Cecilia Vranicich inició un proceso paralelo interno del MPA –disciplinario– por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a lo que indagó Vranicich, Blanco habría utilizado información aportada por un dealer para avanzar con una medida de búsqueda de armas de fuego en forma irregular: sin dejar constancia legal de ese procedimiento ni solicitar órdenes de allanamiento a una vivienda.
Después, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, ordenó una investigación penal e indicó que quedara a cargo de un fiscal de la jurisdicción de Reconquista, para alejar sospechas y presiones.
En paralelo, el MPA remitió los datos acumulados sobre el accionar de Blanco a la Legislatura. Allí, la investigación estuvo encabezada por el senador justicialista del departamento 9 de Julio Joaquín Gramajo, presidente de la Comisión de Acuerdos. El procedimiento comenzó en abril de 2020, y el 22 de octubre siguiente el cuerpo decidió suspender al ahora detenido funcionario judicial.
El descargo
El 20 de febrero del año pasado, poco después de iniciarse las investigaciones sobre él, Blanco había enviado un texto por WhatsApp al portal La Voz de Venado Tuerto en el que hizo un descargo y rechazó las sospechas sobre un mal desempeño suyo. Lo que sigue, es el texto completo de ese mensaje.
«Vengo a limpiar mi buen nombre y el de mi familia, contaré la verdad de lo sucedido.
Se me acusó de tener una relación opaca con un vendedor de drogas, lo que es totalmente falso. Investigando un delito extremadamente grave como es el robo a mano armada protagonizado por una banda sufrido por una familia de Carmen, donde los ataron durante horas y amenazaron con matar a sus hijos apuntandolos en la cabeza, robaron una gran cantidad de armas de caza.
El fiscal a cargo tomó licencia por paternidad. El fiscal regional me solicitó que me abocara a la investigación junto al fiscal Puyrredon.
En Murphy detuvimos a una persona y el juez le dictó prisión preventiva.
Soy contactado por un vecino de venado tuerto quien aportó datos del lugar donde se encontrarían las armas. No quiso que revelara su identidad por temor a represalias.
Con la urgencia de sacarlas de la calle hablé inmediatamente con el juez Revori solicitando allanamiento, no accedió por no poderle revelar la fuente de la información. A las pocas horas ingresa una denuncia anónima en la página web del mpa aportando datos de donde estarían las armas.
El fiscal regional Sinopoli me pone en conocimiento y con el fiscal Puyrredon contactamos al propietario de la finca quien permite la requisa. Dentro del predio vivía una familia que estaba usurpando. Ingresamos junto al fiscal Puyrredon, el fiscal Casullo y una decena de policías.
Secuestramos una itaka y una escopeta, que no tenían relación con el hecho investigado. Se detuvo al morador y luego de dos días se lo imputó ante el juez por tenencia ilegítima de arma de fuego.
Desconozco si el informante comercializa drogas. Es totalmente falso que me suministrara estupefacientes.
La Fiscalía de Venado Tuerto, de Rufino y Melincué realiza requisas voluntarias en el 90% de los casos. El código procesal penal de Santa fe lo permite en el artículo 169. La medida fue legal.
Las calumnias de las que fui víctima le causaron un gran daño mi familia.
La auditoría y los legisladores investigarán en profundidad como corresponde. Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias».
