La Justicia Federal de la ciudad de Mar del Plata dictó este viernes una medida cautelar que ordena al Estado nacional y al provincial que vacunen de manera inmediata contra el coronavirus a una joven de 27 años con síndrome de Down, que sufre cardiopatías, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dictada por el juez federal 4 Alfredo López, en el marco de una acción de amparo presentada el último 7 de abril por el abogado Alejandro Vega.
La resolución, a la que tuvo acceso Télam, ordena a Nación y Provincia, y a sus respectivos Ministerios de Salud, que sea «otorgada la aplicación de la vacuna correspondiente» contra la Covid-19, «con las dosis pertinentes», y que la medida sea de «inmediato cumplimiento».
Según el recurso presentado, la joven realizó los trámites de inscripción en el plan de vacunación el 23 de febrero pero no le fue asignado un turno, pese a ser considerada paciente de riesgo.
El juez consideró en ese sentido que «dada la discapacidad de la accionante», requiere «una especial atención por parte de quienes deben proteger y garantizar sus derechos».
«Si bien las personas discapacitadas con enfermedades han sido incluidas en el ‘Plan estratégico para la vacunación contra el Covid-19 en la República Argentina’, las autoridades no han establecido fecha cierta de vacunación, aunque son personas que, tal como ha dispuesto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gozan de una preferente tutela constitucional», indicó el magistrado.
En esa línea, agregó: «Los derechos de las personas con discapacidad están resguardados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, en los que se reconoce que tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad».
López consideró acreditado que la joven «se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que goza de la protección de todos los derechos constitucionales y convencionales por los cuales se debe velar para procurar su total cumplimiento».
En su resolución, el juez subrayó además «las irregularidades que han surgido respecto de la distribución y aplicación de las vacunas para el tratamiento de Covid-19», y de la «aplicación de las diversas dosis», así como a «las denuncias penales de público y notorio conocimiento a que han dado lugar».
Aclaró en ese sentido que la medida cautelar «se otorgará bajo responsabilidad de la requiriente, del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de las empresas que provean la vacuna».
