María Rosa Moreno era la mamá de Gabriel, un joven de 29 años con una discapacidad severa a quien cuidaba desde que nació. Fue una militante por los derechos de las personas con discapacidad y cuando llegó el covid buscó de manera desesperada que este sector de la sociedad reciba su vacuna. Pero no logró que el grupo conviviente y los cuidadores sean inoculados. Cuando las personas con discapacidad comenzaron a ser inoculadas ya fue tarde. La cuidadora de su hijo se contagió, también el muchacho, María Rosa y su marido. María Rosa murió como consecuencia del coronavirus y hoy el abogado Vildor Garavelli, especialista en derechos de las personas con discapacidad, pide que el Estado tenga en cuenta a este grupo de riesgo. Para Garabelli no hay mala voluntad por parte del Estado, ya que con la pandemia se va aprendiendo día a día.
“Omar Perotti y Sonia Martorano recen por mi familia y que termine bien este duro momento, mi hijo con severa discapacidad contrajo covid a pesar de los infinitos cuidados, sin poder tener sus terapias, sin poder ir a su Cet. O mi esposo con su cardiopatía y yo misma que tengo estar bien para cuidar a mi hijo de 29 dependiente. No se puede pedir por recurso de amparo por un derecho humano como es la salud y en los más vulnerables y menos por una vacuna”. Ese fue el último posteo de María Rosa, el 20 de abril pasado, en su Facebook.
“Ella siempre estuvo preocupada por el tema de accesibilidad y rampas y golpeaba todas puertas. Todos la respetaban”, recuerda Garavelli en declaraciones a LT8.
La primera pelea de María Rosa fue lograr la vacuna para los chicos y las chicas con discapacidad, que finalmente lograron ser inoculados.
“Acá se empezó a vacunar. Pero no se tuvo en cuenta el grupo conviviente. Hay personas que son dependientes de sus padres y necesitan que ellos estén bien para cuidarlos”, detalló el abogado.
También explicó que la cuidadora de Gabriel se enfermó de covid, lo contagió a Gabriel y él a sus padres. Y su madre murió.
Garavelli explicó que el papá de Gabriel es un obrero metalúrgico que trabaja muchas horas para hacer frente a los gastos de su hijo. Ahora el joven quedó en una situación de total desprotección, ya que su madre era quien lo cuidaba.
“Esto pasa con muchos jóvenes con discapacidad severa y no se tuvo en cuenta la posibilidad de vacunar al grupo conviviente y a los cuidadores. Se fueron planteando estos temas, pero se corren estos riesgos. La situación de Gabriel va a ser complicada”, evaluó.
Garavelli detalló que no se sabe claramente cuantas personas viven con alguna discapacidad, pero se calcula que se trata de entre el 10 y el 12 poe ciento de la población. «Pero no todos necesitan la urgencia de la vacuna, ya que no todos tienen coomorbilidades», destacó.
«En el caso en cuestion, que son personas con multidiscapacidades, son dependientes de su familiares y cuidadores, es por eso que es necesario vacunar al entorno. En el caso de Gabriel, dependía de ella para todo. María Rosa consiguió una cuidadora unas horas, pero esas horas las usaba para pelear por los derechos de los chicos», destacó.
Garabelli descartó una mala voluntad de Estado. Y aclaró que según los registros oficiales en Santa Fe vacunaron a 16 mil personas con discapacidad. «Fuimos aprendiendo todo sobre la marcha, se aplicó el plan nacional. En Santa Fe vacunaron en hogares, pacientes con fibrosis quística, electrodependientes, centros de día, ahora resta vacunar al entorno de pacientes como Gabriel».
