Tres policías y un sodero, además de a otros tres civiles, fueron imputados este jueves por integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de armas de fuego y municiones en la ciudad y localidades aledañas. En total, cinco hombres y tres mujeres fueron detenidos en trece allanamientos que se hicieron este lunes en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Feliciano, provincia de Entre Ríos. En los procedimientos les secuestraron una treintena de armas –entre las que figuraban fusiles– y 3.500 proyectiles. Una parte de ese armamento había sido robado en enero pasado de la casa de un productor agropecuario en la localidad cordobesa de Cruz Alta. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot, mientras que la jueza María Trinidad Chiabrera dictó para cuatro de los hombres prisión preventiva mientras que el restante y las tres mujeres, entre las que se encuentra una uniformada del Comando Radioeléctrico, recibieron domiciliaria tras pagar una fianza.
En la audiencia que comenzó a las 14 de este jueves y duró unas cinco horas, la Fiscalía indicó que la investigación comenzó en marzo pasado, cuando un pesquisa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio aviso sobre la venta de fusiles de caza de forma ilegal. Así, un policía de la AIC, bajo la modalidad de “agente revelador”, adquirió un fusil, dijeron las fuentes.
Con el paso del tiempo, el investigador se ganó la confianza del vendedor y adquirió otros cuatro. Para ello, el Ministerio de Seguridad provincial dispuso de unos 400 mil pesos de gastos reservados destinados a operaciones encubiertas, precisaron voceros del caso para agregar que también vendían balas.
Al profundizar la investigación, determinaron los roles de los involucrados y también descubrieron que la asociación ilícita estaba integrada por el policía de la AIC Sergio González y su pareja, la uniformada del Comando Radioeléctrico Mariana Guzmán. Además, había otro efectivo de esta última repartición, identificado como Alan Gabriel Juárez, quien quedó acusado por la tenencia ilegal de arma de fuego, ya que tenía un arma de fuego calibre 22, siempre según la teoría fiscal.
En su acusación, los fiscales Socca y Haurigot les atribuyeron conformar una asociación ilícita con los siguientes roles a seis de los ocho de los sospechosos:
-César Ariel González ofrecía a la venta, entregaba o transportaba las armas y municiones utilizando diversas modalidades de acuerdo al momento de la operación ya sea promocionando la mercadería o contactando a los interesados con su hermano, el policía de la AIC Sergio González. También coordinaba las entregas.
-El policía Sergio González realizaba las negociaciones que concluían en la entrega de las armas y la recepción del dinero en efectivo.
-Mariana Guzmán, del Comando Radioeléctrico y pareja de Sergio, se encargaba de administrar, recibir y guardar en domicilio propio las armas de fuego y municiones asimismo recibía el dinero recibido por las transacciones.
– Cintia Luján Z., pareja de César González, administraba y recibía las armas de fuego en su domicilio y entregaba los productos a los compradores.
– El sodero José Luis Andino proveía y almacenaba ilegalmente armas y municiones para la venta en su propio domicilio de Bermúdez al 6600 interactuando con César González. Lo mismo hacía en esa casa Rosana Luján Z., quien también se encargaba de entregar los «productos» a los interesados.
Las compras
La Fiscalía les achacó a César González, su hermano Sergio y la pareja de éste, Mariana Guzmán, haber entregado diversas armas de fuego y municiones en las cinco compras que hizo el investigador infiltrado, sabiendo que éste no contaba con ninguna autorización:
El 1º de marzo fue el primero de los contactos, cuando el agente encubierto se presentó como un hombre de campo con domicilio en Roldán interesado en la compra de fusiles calibre 308.
Pasado el mediodía, recibió una comunicación de Sergio y empezaron a negociar la compraventa.
El 5 de marzo y en una entrega controlada, el agente encubierto se presentó en la casa de Sergio y Mariana, en Carrasco y Gernuchoff, de Empalme Graneros. Le pagó 100 mil pesos –dinero proveniente de Fondos Reservados aportados por el Ministerio de Seguridad– y Sergio le entregó un fusil de caza calibre 300.
El 11 de marzo, también en el domicilio particular, Sergio le vendió por 250 mil pesos cinco fusiles y 250 municiones de distintos calibres. El 18 de marzo y el 23 de abril, Sergio completó la entrega con una carabina calibre 22, 19 cartuchos y una mira telescópica.
El 26 de abril y a cambio de 19 mil pesos, el agente hizo otra compra de municiones calibre 38, 45 y 9 milímetros. Esta vez la entrega fue en la casa de César González, hermano del policía Sergio y ubicada en General López al 400 de Villa Gobernador Gálvez.
El 1º de mayo entró en escena otro de los imputados. Héctor G., ya que Sergio le vendió al agente encubierto dos pistolas, una calibre 22 y otra Colt 45, por 85 mil pesos.
Sergio le indicó que las tenía que retirar en la casa de Héctor G. de Roca al 300, también de Villa Gobernador Gálvez. Esta entrega controlada no se hizo ya que el lunes 3 de mayo le allanaron la casa a Héctor y le secuestraron una pistola 11.25 y un revólver calibre 22, además de municiones.
A los hermanos González también los sindicaron por encubrimiento con el ánimo de lucro, ya que adquirieron entre el 24 de enero y el 18 de marzo cinco fusiles y un arma larga tipo carabina con mira telescópica que habían sido sustraídas la madrugada del 24 de enero pasado en la casa del productor agropecuario cordobés. Esa noche, seis hombres maniataron al matrimonio y se llevaron 32 armas.
Las acusaciones
Así, los fiscales sumaron a la acusación por integrar la asociación ilícita al policía de la AIC Sergio González y su pareja del Comando Mariana Guzmán, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y junto a César González quedaron sindicados por la provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.
En tanto, Héctor G. quedó acusado por tenencia ilegal de armas.
Por su parte, el policía Comando Alan Juárez fue acusado por el delito de encubrimiento por el ánimo de lucro, ya que en el allanamiento del lunes pasado en su casa de Chacabuco al 3500 le secuestraron un revólver calibre 22 y se le sumó el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las preventivas
Tras escuchar a las partes, la jueza Chiabrera ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley para los hermanos González; para el sodero le dictó 60 días de reclusión, al igual que al policía del Comando Radioeléctrico.
En tanto, a Héctor G. le otorgó la libertad tras pagar una fianza de 200 mil pesos con restricciones y lo mismo dictaminó para la policía Mariana Guzmán, Rosana Z. y Cintia Z., quienes tuvieron que pagar cien mil pesos cada una.
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