Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Arturo Jauretche afirmaba en su libro “Ejército y política. La patria grande y la patria chica”, que “dos concepciones opuestas han alternado en la política argentina: la que ha cuidado la consagración del espacio original y la que lo ha sacrificado al triunfo de preocupaciones de orden ideológico. (…) Desde el principio de la Independencia se han enfrentado la política nacional y la política ideológica”.
Esta frase describe como asombrosa precisión la realidad que subyace en las decisiones políticas actuales, sobre todo, con relación a los temas centrales que afectan nuestra vida cotidiana y las chances de terminar con el sometimiento que nos mantiene en una situación de permanente injusticia social. Porque Jauretche nos ayuda a superar las falsas discusiones impuestas deliberadamente para evitar que el pueblo comprenda y tome partido por una de las dos concepciones que pujan permanentemente desde hace más de dos siglos.
En un hecho de gran relevancia, como resulta ser el futuro de las decisiones sobre uso, administración y control de nuestro río Paraná, y de las implicancias directas e indirectas que resulten de ellas, está primando la idea por sobre el interés nacional; sigue prosperando lo que quiere la dirigencia de turno, obstruyendo deliberadamente lo que le conviene a la Argentina y al pueblo argentino.
La idea del gobierno respecto a este tema está totalmente clara y definida. Una vez más, el presidente Alberto Fernández pone la firma a lo que otros disponen, incluso desandando sus propio pasos y contradiciendo sus propias palabras. Vale recordar que el año pasado, había anunciado la creación del Consejo Federal de la Hidrovía (cuya sede funcionaría en la ciudad de Rosario) para que las decisiones «dejen de resolverse en una perdida oficina del microcentro porteño”.
El nuevo ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, reconoció en una nota televisiva que le hicieron a pocos minutos de haber asumido su cargo, que el “Estado argentino no tiene idea de lo que pasa en la hidrovía” y que en el próximo proyecto a desarrollar sobre el tema no se contempla que el Estado tenga injerencia en la misma, sino sólo “recuperar su rol de control”. Incluso el propio presidente Fernández fue muy efusivo en el tema del control, afirmando como gran hecho de la nueva concesión que “muchos ojos interesados puedan poner la mirada en la hidrovía”, pasando por alto que los argentinos estamos hartos de mirar cómo se fugan las riquezas del país mientras el estado se “autopercibe” incapaz de hacer algo para evitarlo.
Alexis Guerrera es un soldado obediente de Sergio Massa, y sólo por eso está en su actual función. No es ningún secreto que toda el área de Transporte reporta directamente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y que lo que ocurre bajo su órbita de influencia responde a los compromisos tomados con la embajada norteamericana, que encuentra siempre algún cipayo para hacer valer sus intereses en el patio trasero por un costo muy bajo.
Alberto Fernández pretende hacer primar la idea sobre la realidad, encerrar una decisión estratégica nacional en el prejuicio de que el Estado es incapaz de hacer lo que, de hecho, hace siempre a su favor el sector privado. El presidente afirmó que “el trabajo del dragado lo hacen muy pocas empresas en el mundo, porque exige una tecnología de altísimo costo, y eso es muy difícil que lo pueda hacer el Estado”. ¿Desde cuándo la decisión política sobre los recursos estratégicos está supeditada a la capacidad técnica del Estado de ejecutar una obra compleja? ¿Tan ignorantes nos creen como para pretender que este razonamiento conforme a un pueblo que le exige a su gobierno un poco de patriotismo en la decisión sobre este tema?
El uso, administración y control de nuestro río en términos del interés nacional, sujeto a la realidad de los argentinos que queremos dejar de ser una colonia, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad que pueda tener el Estado de realizar una tarea específica; pretender circunscribir la relevancia del tema a una cuestión operativa es, cuanto menos, un engaño ideológico que los argentinos no podemos permitir.
Por otro lado, lobbistas, políticos y empresarios disfrazados de patriotas hacen que exista preeminencia del Canal Magdalena en el debate público sobre las soluciones de fondo que requiere de manera urgente nuestro Pueblo. Vale aclarar que no negamos el beneficio que traería contar con una ruta exclusiva que una nuestros ríos internos con el océano Atlántico, sino el orden prioritario que se le da a la discusión cuando no se trata de una solución definitiva, ni mucho menos, a la situación de dependencia logística y pérdida de soberanía nacional. Porque aún con el nuevo canal en funcionamiento, si el acopio, los puertos y buques son extranjeros, la realidad sigue igual: no manejamos los precios de los alimentos y no regulamos el comercio exterior. La construcción del Canal Magdalena, en el contexto actual, sería exclusivamente para uso y beneficio de intereses foráneos que priman hoy, dado que abarataría sus propios costos logísticos.
Como hemos afirmado en diversos espacios, medios y ámbitos de diálogo nacional, la decisión sobre la (mal denominada) “hidrovía” involucra el desarrollo de la industria naval nacional, el control de todo lo que entra y sale por el río, la liberación de divisas por pago de fletes, la determinación de costos de las agroexportaciones, el control del narcotráfico, el contrabando, la evasión, la subfacturación y el lavado de dinero, y entre otras, las cuestiones de orden ambiental que, para quienes vivimos y amamos el río Paraná, nos importan mucho.
También resulta un engaño llevar la disputa sobre la nueva licitación a las pujas de poder intra-gobierno, como algunos pretenden hacer, buscando que sus ideas se impongan sobre la realidad.
La realidad exige “poner la manguera a chorrear para adentro” y si, como dio por entendido el nuevo ,inistro, el gobierno no tiene aún un proyecto, debe empezar por derogar el decreto 949/20 (que habilita la continuidad del saqueo económico y la destrucción de la naturaleza que venimos sufriendo desde hace 25 años) y convocar a los sectores con vocación nacional para definirlo de manera urgente.
No hay dudas respecto a lo que el gobierno debe garantizar, porque los argentinos queremos decidir sobre nuestros recursos y sobre nuestro trabajo en dirección al interés nacional, por más que eso signifique contradecir las pretensiones de un sector, o incluso de la embajada norteamericana, china o del país que sea. Si nuestros gobernantes ceden sistemáticamente ante las presiones internas y foráneas, confundiendo con ideas una realidad evidente, entonces no están en grado de representar ni gobernar nada que sea nuestro.
Triste sería que, en su afán por mantener la idea por sobre la realidad, nieguen, tergiversen, mientan u oculten la verdad acerca de sus verdaderas pretensiones y motivaciones; aun así, el pueblo argentino tendrá nuevamente su oportunidad de decidir. Y es aquí donde la falsa lucha entre oficialismo y oposición no debe interrumpir el sano curso de la duda y la pregunta que todos debemos hacernos: si nuestros gobernantes persiguen la política nacional, o la política ideológica.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
