El gobierno de Colombia y el Comité Nacional de Paro, que agrupa a parte de los sectores que marchan en las calles desde hace 20 días, no lograron en la noche del lunes un acuerdo para sortear la crisis, mientras este martes en el valle occidental del Cauca se reanudó la ola de protestas que ya dejaron al menos cinco decenas de muertos y casi 600 heridos, varios de ellos con lesiones oculares por disparos policiales.
Representantes del Gobierno conservador del presidente Iván Duque no accedieron a las exigencias del comité, la organización más visible de los manifestantes, que el día anterior pidió al presidente condenar «de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública» y reconocer su «responsabilidad» en agresiones durante las protestas, entre otras demandas.
«El Gobierno ha expresado públicamente su respeto a la protesta pacífica y ha dispuesto las condiciones para su Ejercicio», contestó la delegación gubernamental en un escrito enviado a la contraparte, según informó la agencia de noticias AFP.
El Comité del Paro, por su parte, leyó un comunicado al concluir la reunión en el que señaló: «Hoy (por este martes) esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el Gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió».
»Y mientras estábamos reunidos el presidente Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la Fuerza Pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías es la de tierra arrasada contra el paro nacional», destacaron.
El anuncio de Duque ordenaba el «máximo despliegue» de «todos los niveles de la fuerza pública» para levantar los bloqueos de calles y rutas que desde hace tres semanas mantienen miles de manifestantes en el país como parte del Paro Nacional que reclama cambios económicos y el fin de la represión.
«Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con gobernadores y alcaldes, desplieguen su máxima capacidad operacional para que, dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, el bienestar», aseguró el mandatario.
La reunión entre representantes del Gobierno y los líderes de las protestas celebrada anoche había sido convocada pocas horas antes por Duque.
En el Cauca en tanto, la tensión no cesa luego de que se produjeran nuevas manifestaciones reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), informa la prensa local.
Hay al menos dos fallecidos y unas 30 personas heridas, entre ellas niños por inhalación de gases lacrimógenos, según el reporte preliminar, consignó la radio La FM.
Asimismo, un grupo de personas atacó con piedras y fuego la sede de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Yumbio, también en el departamento de Cauca, dejando varios vidrios rotos y daños en el primer piso de los edificios.
El alcalde de Yumbo, John Jairo Santamaría, pidió al Gobierno Nacional que se frenen los enfrentamientos contra manifestantes.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos al menos 50 personas murieron en el marco de las protestas que estallaron el 28 de abril.
Este lunes, la Fiscalía aseguró que 15 de esos casos «tienen relación directa con las manifestaciones y otros 11 se encuentran en verificación. El ente investigador adelanta la «búsqueda urgente» de otras 134 personas reportadas como «no localizadas».
La Defensoría del Pueblo (ombudsman), cifra en 42 las muertes por las protestas.
Este lunes, al menos una persona murió y 30 más resultaron heridas en el municipio de Yumbo en choques entre la fuerza pública y manifestantes que mantienen bloqueos impidiendo el tránsito de combustibles.
El Alto Comisionado para la Paz y vocero del Gobierno en los diálogos, Miguel Cevallos, pidió al Comité Nacional del Paro «que manifieste de manera explícita su condena a las bloqueos y al uso de violencia» en las protestas.
El comité, por su parte, anunció que seguirá «acordando corredores humanitarios» para no poner en riesgo «la vida, la salud, la alimentación de los colombianos» y acusó al Gobierno de «exagerar los hechos de vandalismo, como si con ello se legitimara a la fuerza pública para matar, herir, o desaparecer a quienes protestan».
