El Banco Central de la República Argentina le reclama a la cerealera rosarina Díaz & Forti, que se encuentra en concurso de acreedores, casi 700 millones de dólares debido a que la empresa “no regularizó ninguna de las operaciones” requeridas en 2020 y 2021.
Por el incumplimiento en materia de liquidación de divisas, al 31 de marzo de 2021 la deuda de Díaz & Forti asciende a 698,7 millones de dólares. La cifra representa un salto importante respecto al último número difundido a finales de 2020: 450 millones de dólares.
Según publica el portal Punto Biz, tras un pedido del juez Marcelo Quiroga, el Banco Central envió un escrito en el que comunica que “pese a la autorización especial extendida a fin de permitirle cumplir con sus obligaciones (…), Díaz & Forti SA no regularizó ninguna de las operaciones requeridas durante el año 2020, como así tampoco las requeridas durante el año 2021”.
Ahora, el gobierno nacional tiene hasta el 28 de mayo para presentar su pedido de verificación de créditos, instancia en la que deberá aportar toda la información que respalde su reclamo. Ahí van a quedar expresadas las diferencias ya que la empresa concursada informó que su deuda con el fisco es de 11.834 millones de pesos, unos 131 millones de dólares, es decir apenas un 16% de lo que reclama el Banco Central.
La deuda de Díaz & Forti con el fisco es el principal pasivo de la firma. Dentro de los acreedores denunciados al inicio del concurso, solo algunos tienen cifras significativas: se destacan el banco internacional Lombard Trading, Viterra Inc (de Glencore) y Vicentin.
El Banco Central había dispuesto en 2020 la instrucción de un sumario en el que están apuntados tanto la sociedad como Ariel Olio, su responsable, a título personal. Ese proceso se encuentra “en plena sustanciación ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos”, indicó el Banco Central en su respuesta al juez Quiroga.
A finales del año pasado, el Central había difundido los resultados parciales de su investigación, indicando que entre mayo y septiembre el 100% de las operaciones de exportación analizadas fueron encuadradas como presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario: “Ante la detección de operaciones de tipo bursátiles y a través de criptoactivos que podrían considerarse maniobras elusivas del marco normativo vigente (…) se adoptaron las medidas precautorias en los términos de la ley 19.359”.
