En el marco de la discusión del proyecto oficial de un nuevo Código de Convivencia, el Concejo recibió a trabajadoras sexuales este martes. La comisión de Feminismos y Disidencias recibió por primera vez a representantes del colectivo de trabajadoras sexuales independientes de Rosario: Michelle Mendoza, Myriam Auyeros, Silvana Sosa Novak, y Reina Ibañez. Algunas de manera presencial y otras de forma virtual, dieron cuenta de la difícil situación que atraviesan, históricamente, pero sobre todo desde el inicio de la pandemia.
En particular, las invitadas plantearon una preocupación: la conformación de jurados vecinales que contempla el proyecto del oficialismo del nuevo Código de Convivencia que está en discusión en el Concejo. Las concejalas Norma López y Caren Tepp participaron de la reunión y explicaron a El Ciudadano los cuestionamientos que tienen sobre el proyecto que recién empieza a tratarse en el Concejo y que posiblemente lleve algunos meses.
También participaron del encuentro las concejales Marina Magnani, de Unidad Ciudadana y Daniela León, de la Unión Cívica Radical-Juntos por el Cambio; Jesica Pellegrini y María Luz Olazagoitía de Ciudad Futura; y Lorena Carbajal, del bloque Socialista.
«Lo que enciende las alarmas de las compañeras trabajadoras sexuales es la incorporación de una institución que se llama jurado vecinal. Esta figura es interesante de pensar en términos generales para nuevos mecanismos de participación a la hora de construir democracia pero tiene algunas dificultades por eso creemos que tenemos que tener una mirada muy detallada para incorporar esta figura. Sobre todo cuando se trata de sectores más vulnerables en cualquier tipo de situación o conflicto y que requiera una sanción o juzgamiento del tribunal de faltas municipal», explicó Tepp, la edil de Ciudad Futura.
Justamente Myriam Auyeros, secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) Rosario, expresó a LT8 que «Sandra (Cabrera) fue la derogación de los artículos para despenalizar el trabajo sexual y ahora salen con esto de la junta vecinal. Siempre persiguiéndonos a nosotras» y agregó que consideran que «ahora se le va a dar potestad a los vecinos que cualquier actitud que tenga una trabajadora sexual sea denunciada». Para las asistentes a la reunión se trata de una forma de persecución a este sector.
Para López también hay que analizar en detalle qué implicancias puede tener la constitución de esta figura por parte del Estado. «Hay que tener muchísimo cuidado al momento de convocar al jurado de vecino porque se trata de que el juez o jueza no puede dirimir una situación. El administrador de este jurado es un delegado directo del intendente. Estamos en una situación donde podría ocurrir que en lugar de resolver una situación relacionada con faltas o sanciones sobre conductas de rosarinos terminemos dejando en manos del ciudadano cosas que sí debe resolver la administración municipal», consideró.
Para la concejal peronista existe el riesgo de que funcione de forma discrecional: «Una cosa es consultar a vecinos y otra es ceder la discusión a grupos de vecinos». Incluso planteó las siguientes preguntas: ¿qué pasa con los trabajadores precarizados como los ambulantes? «¿Alguien que alquila juegos infantiles o que tiene instalado un pororero o que es cuidacoches? ¿Qué ocurriría con estas actividades si hay un jurado de vecinos? Estamos viendo que no sea la justicia de faltas y el tribunal que dirima sobre situaciones convivenciales y que termine sucediendo esa potestad a los mismos vecinos cuando son problemas de la administración municipal. Una cosa es convocar a un vecino para participar y otra es dejarle en sus manos decisiones en las cuales están atravesados».
A su vez, Auyeros contó: «Nosotras ya sabemos cómo es esto, lo tenemos en otros lugares donde los vecinos se quejan, viene la policía y se arma todo un embrollo. La persecución a la trabajadora sexual es no dejarla trabajar. La sociedad mucho no nos quiere ver. Se piensan que no existimos y existimos. No hacemos nada, solamente estamos paradas en una esquina ofreciendo nuestro servicio».
En contraposición la concejal oficialista Lorena Carbajal defendió el proyectó e hizo estas aclaraciones: «En particular sobre los jurados vecinales mi inquietud era la aplicabilidad sobre los procesos que involucren a los jurados populares. Se pensó para casos de una gran magnitud por los intereses que involucra; casos emblemáticos para su implementación. Sería para casos de trascendencia, como complemento, y con carácter no vinculante». De todos modos se mostró proclive a acompañar un petitorio o declaración para que no se criminalice ni se persiga a las trabajadoras sexuales.
Por otra parte, el proyecto enviado por la gestión de Javkin contempla la eliminación del artículo 604 de «Faltas contra la moral y las buenas costumbres». Ambas concejalas, que ya tenían presentados sus propios proyectos en este sentido, consideraron una buena noticia este cambio de paradigma que se propone en pos de tener una mirada de respeto y preservación de los derechos de mujeres y disidencias.
Tepp consideró que «esto le da un marco mejor y más seguro a las trabajadoras sexuales para que no puedan ser acusadas o sancionadas basándose en este artículo».
A su vez, López contó que el gobierno nacional elaboró una propuesta de código de convivencia para municipios y comunas de todo el país a modo de «caja de herramientas donde el eje es la dignidad de las personas para que las reglas que se determinen en los distintos niveles locales o provinciales estén mejor alineados». También nombró como horizonte para tener en cuenta en el debate el trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Seguridad y el de Mujeres, Género y Diversidad que fue creado bajo la gestión de Alberto Fernández.
Al cierre de la nota, Tepp alertó sobre las corrientes de odio que existen en algunos sectores de la sociedad contra sectores vulnerables y recordó el caso de los hostigamientos que sufrió la cantante trans Ayelén Beker en las últimas semanas.
«La han agredido y le impiden ejercer libremente en su domicilio su trabajo. En las últimas semanas pasó esto pero para las compañeras en verdad es una acumulación histórica que sufren y que se agudizó desde el inicio de la pandemia», planteó.
Desde marzo de 2020 con las disposiciones nacionales y provinciales de restricciones a la circulación, las trabajadoras sexuales vieron muy difícil la posibilidad de continuar su trabajo que es su sostén económico diario. Además, muchas de ellas son parte de la población travesti trans que en Argentina tiene una expectativa de vida que no pasa los 40 años y que tiene poco acceso al ingreso al mercado laboral.
En Argentina las trabajadoras sexuales todavía esperan un reconocimiento del Estado de sus derechos sociales y laborales. A nivel nacional Ammar contiene cerca de 2000 personas.
