Al mismo tiempo que el gobierno hizo oficial en el Boletín Oficial el cierre de las exportaciones de carne por 30 días en un intento por frenar la suba de precios en la economía, comenzó el paro del campo impulsado por la Mesa de Enlace que finalizará el 28 de este mes.
La decisión fue la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias fue tomada en forma unánime por las cuatro agrupaciones el martes 18 de mayo, en una conferencia de prensa ofrecida poco después de que el gobierno anunciara la medida.
La dirigencia del sector aseguró que el cese de comercialización no afectará el normal abastecimiento de carne en los principales centros urbanos, más allá de la prolongada extensión de la protesta por nueve días.
La medida se formalizó a través de la Resolución 75/2021 -que lleva la firma del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra- y que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
En la norma se ratificó la suspensión por un mes de «la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), en los términos de la Resolución Conjunta N° 3 del 19 de abril de 2021 respecto de los productos cárnicos, de origen bovino».
«Exceptúase de las disposiciones de la presente medida a las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la República Argentina, amparados por certificados de autenticidad y/o exportación», señalaron las autoridades nacionales en el artículo 2 del texto oficial.
El rechazo a la medida fue unánime y se extendió a otros sectores empresariales muy importantes, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Desde las entidades rurales, esperan un alto acatamiento al cese de comercialización.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) advirtieron sobre las consecuencias negativas de una suspensión de las exportaciones, tanto por la falta de ingresos de divisas que representa como por la dificultad de recuperar los mercados perdidos.
Desde el Gobierno, tanto el presidente Alberto Fernández como funcionarios como la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, adujeron que la medida se toma de manera temporal (se prevé una duración de 30 días) y apunta a «ordenar» el mercado interno, luego de la importante suba de precios de todos los cortes de carne vacuna en los últimos meses.
Esa interpretación es rechazada por los dirigentes de las entidades agropecuarias, que en una posición conjunta indicaron que «una medida que restringe las exportaciones de carne no logrará evitar que haya inflación ni que bajen los precios de la carne de manera duradera», ya que «en el mediano plazo no sólo los precios habrán subido, sino que habrá menos producción, empleo y exportación».
«Estamos seguros de las consecuencias porque ya sucedió», señalaron, el alusión al cierre de exportaciones dispuesto en 2006, cuando «se cerraron las exportaciones de forma temporal, pero el mercado terminó siendo intervenido por 9 años».
Los ruralistas aseguraron que los resultados de ese cierre fueron que «el precio del kilo de asado pasó de US$ 2,70 en 2006 a US$ 8 en 2012; las exportaciones cayeron a menos de la mitad; se cerraron 123 frigoríficos; se perdieron 15.000 puestos de trabajo directo y 50.000 indirectos; y miles de productores abandonaron la ganadería».
