Ni la renuncia de Marcelo Sain, ni el recambio de nombres propios en los ministerios políticos y ni siquiera el nuevo tono conciliador del gobernador Omar Perotti –con promesas de diálogo y consenso incluidas– lograron mejorar la relación entre la Casa Gris y la Legislatura provincial.
En Santa Fe, la grieta es transversal a los partidos políticos y se expresa en los tironeos permanentes entre el Poder Ejecutivo y las cámaras legislativas. Por estos días, la pelea está centrada en el proyecto de conectividad para llevar internet de calidad a todas las localidades de la provincia y en el veto del gobernador a las llamadas “leyes anti Sain”.
El clima político en Santa Fe está tan espeso que el último viernes, cuando el gobierno anunció formalmente la suspensión de las clases virtuales en la provincia durante los tres días hábiles de la semana que empieza –un episodio confuso que al día siguiente mereció una aclaración aún más confusa–, en el comunicado oficial se afirmó que “la inmensa mayoría de nuestra población escolar carece de conectividad” y, por lo tanto, esa situación “sigue poniendo en evidencia la necesidad del tratamiento de la ley de conectividad”.
En el núcleo duro de la oposición el comunicado cayó decididamente mal. El jefe del bloque de diputados socialistas, Joaquín Blanco, observó que desde el Ministerio de Educación “buscan politizar la medida confundiendo con el proyecto ley de conectividad”, mientras que su colega de la UCR, Maximiliano Pullaro, pidió de “modo urgente” que se retroceda con la decisión. En tanto, el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz lisa y llanamente pidió la renuncia de la ministra Adriana Cantero, porque “es una falta de respeto que también suspendan las clases virtuales”.
Como se ve, al momento de posicionarse ante las medidas del gobierno de Perotti –y no solamente ante las medidas sanitarias por la pandemia del Covid–, las fuerzas políticas de la oposición encuentran coincidencias mucho más firmes que cuando exploran posibles acuerdos electorales.
Las disputas y los tironeos no se aplacan ni siquiera en el peor momento de la pandemia, con un sistema de salud colapsado y cifras récord de contagios y muertes. Para el gobierno es un doble desafío que implica sostener la gestión del día a día y al mismo tiempo rosquear con la oposición las leyes necesarias para este momento de la provincia.
Eso que ahora parece un tema exclusivo de la política, en pocos meses constituirá el núcleo central del debate electoral. Cuando llegue el momento de ir a las urnas, la ciudadanía podrá evaluar qué hicieron unos y otros en los momentos de emergencia y de zozobra.
Aquellas leyes anti Sain
En noviembre de 2020, la Legislatura sancionó en trámite exprés y en forma coordinada entre las cámaras dos leyes que apuntaban a reformar el sistema de seguridad. Una de ellas establece una serie de incompatibilidades para los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la otra apunta a regular y transparentar el uso de gastos reservados tanto en la órbita del Ejecutivo como del Poder Judicial.
El proyecto sobre incompatibilidades en el MPA modifica la ley 13.013, que regula el funcionamiento del organismo. Fue elaborado por los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver. La ley declara la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años, bajo la dependencia de otro poder del Estado.
La puja política entre los poderes del Estado, con la seguridad y la economía como temas centrales
En aquel momento el gobierno provincial la interpretó como una normativa hecha a medida de Marcelo Sain, quien por esos días conducía el Ministerio de Seguridad de la provincia. Sain había asumido ese cargo luego de pedir licencia como titular del Organismo de Investigaciones del MPA, un lugar al que accedió por concurso durante la gestión anterior.
La otra ley tiene por objeto regular los gastos reservados y establece la obligación de todos los organismos del Estado (Ministerio de Seguridad, Policía, MPA y Ministerio de Gobierno) de que se haga una rendición, posterior a la investigación en cuestión, ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Esa ley fue impulsada por los senadores Armando Traferri (PJ), Felipe Michlig (UCR-Frente Progresista) y Hugo Rasetto (Unión Santafesina).
La ley considera como “reservados o especiales” los gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas a dichas investigaciones.
Dos semanas después, el gobernador Perotti vetó completamente ambas normativas, pero no las envió a la Legislatura para que se ratifique o se rechace la decisión. Tampoco incluyó los vetos para su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, entre diciembre y abril. Entonces, el rechazo o la ratificación de la observación integral que hizo el Poder Ejecutivo sobre ambas leyes recién pudo ser tratado por las cámaras a partir del 1º de mayo.
La Legislatura tiene 30 días para decidir; si no logra una mayoría especial de dos tercios en cada cámara para rechazar la decisión del gobernador, el veto queda firme y las leyes se caen; si consigue esa mayoría especial esta semana –la última, según los plazos reglamentarios–, entonces las leyes quedarán ratificadas y al gobierno no le quedará otra que promulgarlas.
En la sesión de la Cámara de Diputados del último jueves, el socialismo intentó reunir voluntades para rechazar el veto a la ley de incompatibilidades. No lo consiguió porque sus aliados radicales propusieron estirar la definición una semana más en busca de un acuerdo amplio. Las indefiniciones en la Cámara de Diputados son el signo del nuevo tiempo político tras la muerte del ex presidente del cuerpo, el ex gobernador Miguel Lifschitz. Los tironeos también quedaron a la vista al momento de cubrir las vicepresidencias de la Cámara, que aún están vacantes.
Para rechazar los vetos del gobierno, la oposición necesita reunir 34 votos en la Cámara de Diputados y 13 en el Senado. Dicho de otro modo: si el Frente Progresista quiere imponer la vigencia de esas leyes, requiere de un acuerdo con otros bloques opositores en la Cámara baja (Cambiemos y los celestes de Somos Vida y Familia) y lo mismo ocurre en el Senado, donde necesita acompañamiento del bloque de Traferri.
Mientras unos y otros discuten los tecnicismos y el reglamento, el paquete de leyes de seguridad elaborado en su momento por Sain –y que ahora reclama su sucesor Jorge Lagna– todavía no empezó a ser analizado por las cámaras legislativas.
Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo no logran acordar cuestiones menores como el uso de los gastos reservados o el reglamento interno del MPA, la perspectiva de un consenso amplio en torno a}de las leyes de seguridad pública que requiere la provincia –en definitiva, herramientas para enfrentar al delito con mayor eficacia– parece lisa y llanamente una quimera.
Los cargos vacantes
Para el grueso de la ciudadanía, es un tema del todo irrelevante. Para la política santafesina, no tanto. La conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados aún está incompleta y eso denota que, sin Miguel Lifschitz al timón, cualquier tipo de acuerdo institucional será dificultoso y estará jalonado por los intereses partidarios.
En la primera sesión ordinaria de 2021, el jueves 13 de mayo, diputadas y diputados designaron a Pablo Farías como nuevo presidente del cuerpo. Sin embargo, las vicepresidencias primera y segunda quedaron vacantes y ese trámite tampoco pudo ser resuelto en la sesión del jueves 20.
La grieta santafesina: fuego amigo del Senado en respuesta a las promesas de Perotti
Desde diciembre de 2019 hasta abril de 2021 estuvo vigente el acuerdo interpartidario avalado por Lifschitz según el cual la vicepresidencia primera le correspondió a la diputada justicialista Lucila De Ponti y la segunda a su colega de la UCR frentista Jimena Senn. Ese reparto tuvo en cuenta que los radicales que integran el Frente Progresista tienen 11 bancas y que la primera minoría es el PJ, con siete bancas.
La composición política de la Cámara baja sigue siendo la misma, pero sin un conductor indiscutido como Lifschitz ahora los radicales capitaneados por Pullaro quieren disputar la vicepresidencia primera –con el argumento de sus 11 bancas– y desplazar al PJ a la vicepresidencia segunda.
Por supuesto, es un debate que sólo importa a las cúpulas partidarias. Pero pinta a la perfección el momento político de la provincia, donde la grieta entre los poderes y entre las coaliciones circunstanciales impide algo tan menor como elaboración de reglamentos y la designación de las nuevas autoridades legislativas. La ciudadanía, agobiada por la pandemia, los precios y la incertidumbre, está en otra cosa.
