Por Festram
Como es de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre un tema por el cual no había sido solicitada por los demandantes contra resoluciones de la Ley 9996 (Paritaria Municipal). En clara contradicción con la Corte Suprema Provincial, “Instó al Gobernador a modificar la Constitución y la leyes que regulan el funcionamiento de las Municipalidades y Comunas”, dejando en duda la legitimidad de la Negociación Colectiva, situación notablemente superada por los hechos al concretarse un acuerdo entre los representantes de los trabajadores, de Intendentes y Presidentes de Comuna para la fijación de salarios del año en curso.
Esto motivó que FESTRAM solicitara, por los canales pertinentes, un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo. La OIT resolvió aceptar la reclamación y ofreció la realización de un ámbito de conciliación, razón por la cual la Federación desestimó sumarse al pedido de juicio político “por abuso de autoridad” y apoyar al que iniciarán ex jueces de la Corte Suprema y otros juristas de prestigio internacional, a Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por mal desempeño y la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato, en el marco de la Pandemia y en virtud al haber avalado la presencialidad de clases mientras se vivía una multiplicación exponencial de casos de COVID y el sistema sanitario llegaba a su límite.
El Secretario General de FESTRAM, Claudio Leoni, ha venido señalando oportuna y reiteradas veces las actitudes de esta Corte y la falta de autoridad que la misma detenta frente temas vertebrales para el sistema de democrático como lo han sido el 2 x 1, las escuchas ilegales, el aval a las detenciones por presunción, el encarcelamiento de la legisladora ante el PARLASUR, Milagro Sala; entre otras tantas graves situaciones, sin olvidar el nombramiento por decreto de dos de sus integrantes y por sobre todo el ser parte o funcional de una estrategia de lawfare –persecución judicial-, hecho éste que se vive en varios países de América Latina pero donde la realidad brasileña lo ha expuesto con toda su perversidad. Esta es la Corte que se permite opinar sobre una cuestión que debe ser potestad de los santafesinos y santafesinas sin operaciones judiciales ni de prensa, ni sugerencias ni aprietes.
Es claro que la decisiones de la Corte no tienen nada que ver con la justicia real, y sus resoluciones son contradictorias e intentan condicionar a la política y fundamentalmente los derechos laborales y sociales; en un escenario ahora aún más complicado con la Salud y donde está en juego la vida de las personas.
