La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó a la agencia Télam que «desde el femicidio de Úrsula (Bahillo) empezó a haber un diálogo muy productivo con ciertos sectores de los poderes judiciales que, al menos durante el año pasado, no se había podido llevar adelante».
Úrsula Bahillo era una joven del partido bonaerense de Rojas que en febrero de 2021 fue asesinada por su ex pareja, un oficial de la Policía provincial contra quien la víctima había presentado varias denuncias previas por amenazas y violencia de género.
Gómez Alcorta sostuvo que «desde el femicidio de Úrsula empezó a haber un diálogo muy productivo con ciertos sectores de los poderes judiciales que, al menos durante el año pasado, no se había podido llevar adelante».
«No sólo tuvimos encuentros con los jueces, sino que hubo avances, como que el Poder Judicial de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal de Salta firmaran acuerdos para integrar el servicio integrado de casos de violencia de género», añadió la funcionaria.
Consultada por la agencia de noticias sobre los datos del año 2020 del Registro Nacional de Femicidios que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia difundió este sábado, la ministra sostuvo que «sin ninguna duda cumple una función central a la hora de pensar las políticas que lleva adelante el Ministerio; primero nos permite conocer el fenómeno de los femicidios y los travesticidios con un nivel de profundidad que es fundamental para entender algunas de las variables que son importantes conocer».
En ese sentido, remarcó que «es muy importante conocer los tipos de femicidios y los lugares en que se cometen para saber cuáles son los lugares del país en los que, desde el gobierno nacional, tenemos que reforzar y promover algunas políticas a nivel provincial y municipal; también permite conocer cuáles son las modalidades de los femicidios y ese dato nos permite ajustar las políticas que se llevan adelante».
«Por ejemplo, podemos identificar si se incrementan o disminuyen los femicidios que cometen efectivos de las fuerzas de seguridad, porque hay una decisión de la ministra de Seguridad (Sabina Frederic) específica en ese sentido que se busca que también se promueva en todas las provincias», añadió.
«Sabíamos por los datos del Ministerio de Seguridad que en el mes de abril de 2020 el nivel de femicidios había subido muy por encima de las estadísticas habituales y que el resto del año pasado los números se habían mantenido dentro de las variables de años anteriores, y este informe confirmó esos datos que ya manejábamos», mencionó.
Respecto de las políticas públicas contra la violencia de género, Gómez Alcorta señaló: «Logramos identificar un problema estructural e histórico que tiene que ver con que la respuesta estatal ante los pedidos de ayuda de las víctimas intervienen sin diálogos o vínculos entre los diferentes poderes y organismos».
«Estamos seguras que faltan políticas de asistencia y acompañamiento hacia esas mujeres porque no siempre la salida de esas víctimas a la situación de violencia está atada a la intervención de Poder Judicial, en ese sentido el programa Acompañar que asiste a esas mujeres con un salario mínimo vital y móvil por seis meses, es una medida que previene femicidios», destacó.
«Una de las medidas más ambiciosas es el avance del sistema integrado de casos de violencia de género que permite unificar en un único sistema todas las intervenciones que hacemos todos los poderes y cada jurisdicción. En un país federal cada provincia tiene que adherir y ya son 14 las provincias que participan», completó Gómez Alcorta.
