El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) formalizó este miércoles los cuadros tarifarios de transición cuyo impacto en factura promedian el 6% para los usuarios residenciales del servicio de gas por redes, y del 4% para pymes y comercios. Las subas se aplicarán en todo el país.
La actualización de la tarifa del gas se hizo a través de las resoluciones 149/21; 150/21; 151/21; 152/21; 153/21; 154/21; 155/21; 156/21; 157/21; 158/21; 159/21 y 160/21. Responden a los llamados Regímenes Tarifarios de Transición (RTT) de las nueve empresas licenciatarias de los segmentos de Transporte y Distribución por redes.
La decisión se adoptó tras la realización de una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica de los aspectos regulados por la Ley 27.541 en materia energética, ordenados a través del Decreto 278 de marzo de 2020 por la intervención del organismo que encabeza Federico Bernal.
Se trata del primer aumento desde junio del 2019 que fue pactado, firmado por las compañías, y publicado en un anexo del boletín oficial. Las actas alcanzan a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas Natural: Litoral Gas, que presta el servicio en Santa Fe, Camuzzi Gas del Sur, Gasnor, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora Gas del Centro, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas Naturgy Ban y GasNEA.
La medida establece para el segmento de usuarios residenciales un incremento del 14% del cargo variable y un 24% del cargo fijo, lo que teniendo en cuenta el peso del segmento de distribución en la factura final representa un aumento final de un 6% estimado, indicaron fuentes de las distribuidoras.
El nuevo esquema tarifario de transición se aplicará sobre los valores aprobados por el Enargas en abril de 2019 y su entrada en vigencia será en este mes, lo cual estará vigente por un plazo de hasta dos años o en su defecto hasta que se alcance un acuerdo definitivo de renegociación que ya está en marcha.
Aumentos, pero menos que los que dejó pautados Cambiemos
El trabajo demostró que «las tarifas provenientes de las revisiones tarifarias integrales de ambos servicios públicos no han sido justas, razonables ni asequibles en los términos de lo establecido por la Ley 24.076».
Con esos informes, el Ejecutivo Nacional dictó el 17 de diciembre de 2020 el decreto 1020 que ordenó el inicio de la renegociación de la RTI por parte del Enargás en el marco de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 27.541.
El organismo informó que «se deberá propender en este período de transición y emergencia sanitaria a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios».
En un comunicado, Bernal expresó que «fue la decisión del presidente de la Nación de suspender la RTI de (el expresidente Mauricio) Macri, y con ella sus ajustes previstos, lo que evitó que hoy millones de hogares pagaran un 135% más por este servicio público».
«A partir de la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios de transición, la actualización promedio para usuarios residenciales y usuarios pymes será, en promedio, inferior a 6%», explicó el funcionario.
Para el interventor del Enargas, Federico Bernal, «con esa decisión, se logró un abaratamiento del servicio público del orden del 55% respecto de lo que hubiera surgido de mantener vigentes las tarifas de la gestión anterior».
Así, manteniendo el consumo constante, las facturas de gas de los usuarios residenciales y comerciales tendrán una adecuación de solamente un dígito, en lugar de más que duplicarse.
El Enargás destacó que «las Tarifas de Transición cubren los gastos en operación y mantenimiento, así como las inversiones en seguridad y confiabilidad del servicio por parte de las prestadoras durante 2021».
Esta adecuación tarifaria de transición es parte del «proceso de renegociación en el que se persigue arribar a tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles», concluyó.
Las actas reflejan que durante la vigencia de acuerdo transitorio no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por las licenciatarias, aunque deberán continuar con la prestación del servicio de acuerdo al marco regulatorio vigente.
En este periodo, las licenciatarias no podrán distribuir dividendos, cancelar de forma anticipada deudas financieras y comerciales contraídas con los accionistas, adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que los mismos beneficien a los usuarios.
Otra de las cláusulas de las actas que llevan fecha del 21 de mayo, las licenciatarias se comprometen a suspender todos los recursos, acciones, demandas o planteos en vías de ejecución en foros nacionales o extranjeros, sea en sede administrativa, judicial o arbitral u otro mecanismo de resolución de controversias.
Al vencimiento de plazo de dos años del acuerdo dado a conocer, las licenciatarias podrán denunciar el acuerdo transitorio y el mismo quedará automáticamente sin efecto.
