El juez Carlos Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, ordenó un millonario embargo contra la cerealera rosarina Díaz y Forti, a partir de un planteo efectuado por los abogados del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El embargo es por una cifra multimillonaria, unos 3.100 millones de dólares. La orden del juez se cimienta en la presunción de insolvencia por parte de los demandados.
Sobre Díaz y Forti pesa la acusación por no liquidar divisas de exportación durante el año pasado, cuestión que motivó primero la exclusión de la firma del registro de exportadores (Ruca) y luego su ingreso en convocatoria de acreedores.
El magistrado Vera Barros firmó el embargo el pasado 15 de junio pasado, y en esa decisión quedaron afectados los bienes de distintas firmas integrantes del grupo Olio y de dos directores, Ariel Olio y Marcelo De Vincentis. El magistrado incluyó una lista de propiedades y vehículos de alta gama en poder de los principales accionistas de esta firma.
El Banco Central le reclama 700 millones de dólares a la cerealera Díaz & Forti
Fue el Banco Central el que solicitó a la Justicia que se decreten las medidas cautelares «a fin de asegurar la eventual responsabilidad pecuniaria de los investigados». Según la autoridad monetaria, Díaz y Forti «mantenía operaciones de exportación respecto de las cuales no constaba la certificación de cumplido emitida por la entidad de seguimiento correspondiente». Para el BCRA, «se configuró una transgresión por parte de la firma Díaz y Forti SA, respecto de la obligación de ingresar y liquidar en tiempo y forma las divisas provenientes de operaciones de exportación».
También la entidad monetaria alegó «diversas irregularidades llevadas a cabo por la firma sumariada, como por ejemplo respecto a los permisos de embarque y las facturas de exportación, ya que surgió que en varios casos no se condicen los montos FOB total informados en los permisos de embarque aportados por la prevenida ni los precios indicados en las facturas comerciales con los valores que Afip establece».
Según trascendió este viernes, Vera Barros sostuvo que “corresponde hacer lugar a las medidas solicitadas por el Banco Central de la República Argentina, por el monto máximo de una eventual sanción respecto al monto infraccional total (que en el caso asciende a 312 millones de dólares), por lo que de acuerdo con lo establecido en el art. 2 inc. a) de la Ley Penal Cambiaria, las cautelares deberán ser ordenadas por la suma de 3.121 millones de dólares a fin de asegurar el cobro de la posible pena de multa aplicable”.
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“La firma investigada no realizó ninguna presentación vinculada con la liquidación de operaciones realizadas en el mercado de cambios con relación a las exportaciones en análisis”, se resume en el expediente del juzgado federal.
Según este documento “están pendientes la liquidación de 95 operaciones de exportación”, en el periodo que va del 4 de mayo al 29 de septiembre de 2020.
El grupo Olio había crecido con fuerza en los últimos años en los negocios agropecuarios de la región de Rosario, pero se catapultó cuando empezó a operar a fasón plantas de Vicentin, complicado en sus operaciones granarias tras el default de la agroexortadora en diciembre de 2019.
Ese despliegue entró en crisis cuando a fines del año pasado el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Banco Central acusaron a la firma por no liquidar las divisas frutos de la exportación de granos que llegarían unos 450 millones de dólares.
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Larga lista de bienes embargados:
Automóviles: Volkswagen Vento Comfortline y tres Volkswagen Amarok propiedad de Díaz & Forti SA, Dodge Challenger, Mercedes Benz GL500, Porsche Macan Dodge Charger, y BMW 650l, de Luis Ariel Olio. Otros rodados embargados son un cuatriciclo Polaris Sportsman y ciclomotor Yamaha YFM 450 FNA, propiedad de Luis Ariel Olio, un ciclomotor Motomel NX110, de Marcelo Darío de Vicentis
También la medida dictada por el juez Vera Barros incluye un terreno rural en el distrito de Aaron Castellanos, propiedad de Luis Ariel Olio. Dos inmuebles ubicados en el casco urbano de la localidad de Firmat y uno en el área suburbana de Arequito, propiedad de Marcelo Darío De Vicentins
Además, el juez definió trabar embargo preventivo «sobre bienes inmuebles, rodados, buques, aeronaves y/o acciones que pudieran ser propiedad de la sociedad y de los dos directores citados.
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