El fiscal federal Ramiro González impulsó y pidió medidas de prueba en una denuncia a tres diputados de Juntos por el Cambio (JxC) por supuesto reclamo de parte de sus sueldos a sus asesores y empleados.
En un dictamen, González abrió una investigación contra los denunciados, el diputado nacional Alberto Asseff (PRO, Buenos Aires) y a las diputadas nacionales Estela Regidor (UCR, Corrientes) e Ingrid Jetter (PRO, Corrientes).
El fiscal envió un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que remita «la nómina total de personas que fueron contratadas, bajo cualquier modalidad y/o cargo» por los tres denunciados.
«Por otra parte, solicítese que se informe desde qué fecha asumieron sus cargos el diputado y las diputadas y hasta qué período se desempeñaron y/o se desempeñarán en ese cuerpo legislativo, debiéndose acompañar copia del correspondiente acto administrativo que dé cuenta de ello».
Además, el fiscal requirió se informe a su fiscalía «todos los datos personales de los miembros de ese cuerpo legislativo, en particular del número de sus teléfonos móviles personales y, si tuvieran, de los funcionales».
También pidió a empresas de telefonía móvil un informe sobre titularidad de líneas telefónicas de dos de los supuestos afectados por los reclamos indebidos de parte del salario, Daniel Vico y María Cappa.
«Con relación al diputado Asseff, el denunciante indicó que –conforme surgía de diversos sitios periodísticos– el nombrado habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional a efectos de lograr un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de «puestos» para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación», expuso el dictamen.
Daniel Vico, según las publicaciones, habría renunciado por negarse a entregar el 20 por ciento de su salario a Asseff.
«Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro», habría dicho por su parte Regidor a sus empleados en un audio de WhatsApp difundido por la prensa.
En cuanto a Jetter en la denuncia se «hizo alusión a que según distintos medios, María Andrea Cappa, quien sería una ex empleada de Jetter, la habría denunciado en público por obligarla a entregar a determinadas personas una parte de su salario todos los meses».
«En este sentido, el denunciante indicó que Cappa habría expuesto conversaciones de WhatsApp en los que la diputada la amenaza con que «el que no lo hace, se va», se citó en el dictamen fiscal.
La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini, quien delegó la pesquisa en la fiscalía.
La presentación se basa en publicaciones periodísticas que dieron cuenta de supuestos reclamos de parte de los salarios o «dádivas» pedidas a cambio de nombramientos.
