Por amplia mayoría, diputados y senadores provinciales acordaron dejar pendiente de tratamiento el orden del día de la sesión conjunta convocada para este jueves en la que se tenía que votar la suspensión del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fallo emitido por la jueza rosarina Paula Calace Vigo, que hace lugar al amparo contra la provincia de Santa Fe presentado por Sain, para que no se aplique en forma retroactiva la ley 14.016 que establece incompatibilidades para que los funcionarios del Poder Ejecutivo ocupen cargos en la Justicia, modificó por completo el escenario de la llamada causa Sain.
En efecto, hasta la primera hora del miércoles, los bloques legislativos de la oposición tenían los votos suficientes para aprobar este jueves el dictamen emanado la semana pasada de la Comisión Bicameral de Acuerdos, que recomendaba a las cámaras la suspensión, por seis meses y con una rebaja salarial del 50%, de Marcelo Sain del cargo de director del Organismo de Investigaciones.
Pero el fallo de la jueza rosarina cambió las cosas. En la sesión conjunta, una amplia mayoría de diputados y senadores acompañó la moción del diputado del Frente Progresista Pablo Farías de dejar el suspenso el tratamiento del orden del día –que solo constaba del dictamen para sancionar a Sain– hasta tanto se resuelva el tema de fondo, es decir la posibilidad de aplicar la ley de incompatibilidades en este caso particular.
Además, los legisladores le encomendaron al diputado de la UCR Fabián Bastía, presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, “llevar adelante las acciones judiciales relativas al fallo de la Justicia laboral que ordenó el archivo de lo actuado” por esa comisión, en referencia a la resolución de la jueza Calace Vigo que se conoció el último miércoles. Se espera que en los próximos días el diputado Bastía apele ese fallo en nombre de la Bicameral.
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El resultado de las votaciones de ambas mociones expresa la forma en que se han posicionado políticamente los distintos bloques legislativos respecto del caso Sain. Los senadores de la UCR y del bloque Juan Domingo Perón, que lidera Armando Traferri, votaron a favor. Lo mismo que los diputados del Frente Progresista, Cambiemos y los bloques celestes. Los senadores del bloque Lealtad, alineados con la Casa Gris, votaron en contra, igual que los diputados del PJ y del Frente Social y Popular. Además, hubo cuatro abstenciones de los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR) y Ariel Bermúdez (del partido Creo de Pablo Javkin).
De esa manera, por amplia mayoría, diputados y senadores acordaron dejar “en suspenso y pendiente el orden del día de la sesión conjunta de ambas cámaras” (la sanción disciplinaria contra Sain), lo que en los hechos significa que pasaron a un cuarto intermedio hasta que se resuelva el pleito en torno de la ley de incompatibilidades. La presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, cerró la sesión sin ponerle fecha de reanudación.
“Crisis institucional”
Desde el bloque de diputadas y diputados socialistas ratificaron su posición “en defensa de la institucionalidad, la Constitución y la división de poderes” y criticaron al gobernador Omar Perotti por “haber ordenado a sus funcionarios actuar en contra de la ley, provocando un conflicto inédito en la historia política reciente de Santa Fe”. “Perotti lleva a Santa Fe a una crisis institucional sin precedentes”, disparó la diputada socialista Lionella Cattalini.
“El gobernador es el responsable de haber generado una crisis institucional sin precedentes en la provincia. Desde el bloque socialista actuamos conforme a nuestra historia y nuestros valores, defendiendo como lo hemos hecho siempre, la división de poderes, la institucionalidad y la Constitución”, agregó la legisladora provincial.
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“Estamos viviendo una crisis institucional sin precedentes de la que es total y absolutamente responsable el gobernador Omar Perotti. Es una situación inaudita, a partir de un hecho inédito en la historia reciente de la provincia de Santa Fe que es que el propio titular del Ejecutivo firma un decreto secreto, del que no conocemos su redacción, para ordenarle a sus funcionarios incumplir la ley. Esto es inconstitucional y estamos evaluando tomar acciones legales al respecto”.
“Es inconcebible que la Justicia falle a partir de una decisión inconstitucional del gobernador Perotti, que va en contra del funcionamiento de los poderes del Estado santafesino, provocando un conflicto sin precedentes”, arremetió Cattalini. “Se trata de un caso gravísimo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
“Flagrante atropello”
Del otro lado de la grieta, los senadores justicialistas del bloque Lealtad, que preside Alcides Calvo y que integran Cristina Berra, Marcelo Lewandowski, Ricardo Kauffman, Eduardo Rosconi y Marcos Castelló, lanzaron un comunicado en el que sostienen que “la provincia de Santa Fe atraviesa una situación inédita en cuanto a su funcionamiento institucional”.
“Los integrantes de la Comisión de Acuerdos pretenden suspender al director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, es decir, a un integrante de otro poder, del Poder Judicial. Se trata de un flagrante atropello, ya que dicha suspensión parte de un procedimiento que es manifiestamente ilegítimo e inconstitucional. Tanto es así, que la Justicia acaba de ordenar a la Legislatura «dejar sin efecto y archivar la tramitación», en sintonía con nuestro dictamen en minoría de la Comisión de Acuerdos”, señalaron.
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“La conducta de nuestros pares legislativos atenta contra la división de poderes, principio político básico de nuestra democracia representativa”, agregan los senadores del bloque Lealtad en referencia a los legisladores del Frente Progresista y de Cambiemos y también sobre sus propios colegas del bloque liderado por Traferri.
“De insistir con este atropello a las instituciones, las consecuencias para nuestra provincia no serán sólo institucionales; esta vulneración de derechos se convertirá indudablemente en la base de un reclamo por daños y perjuicios, que recaerán en los aportes de los contribuyentes”, advirtieron. “Llamamos a la reflexión a las demás fuerzas políticas con el afán de retomar la senda institucional que ha caracterizado a la historia política de nuestra provincia”, concluye el comunicado.
“Comedia de enredos”
Los diputados del PJ, que son minoría en la Cámara donde la mayoría es del Frente Progresista, también cuestionaron el avance de la Legislatura sobre Sain.
“Sectores de la oposición decidieron ignorar un fallo de la Justicia que ordenó suspender el proceso disciplinario contra Sain, como si las leyes y sentencias que rigen la vida de cualquier persona no tuvieran valor dentro de la Legislatura. Es muy grave lo que está pasando”, señaló el presidente del bloque de diputados justicialistas Leandro Busatto.
“En ese proceso contra Sain la oposición ha priorizado sus objetivos políticos por sobre la ley y la Constitución: buscan suspenderlo como director del Organismo de Investigaciones (Poder Judicial) por supuestas «faltas graves» como ministro de Seguridad (Poder Ejecutivo). Quieren investigar hechos que ocurrieron antes de la ley anti-Sain, que ellos mismos votaron, sin ningún tipo de debate. ¿Qué intereses los llevan a ignorar la ley de esta manera?”, se preguntó el legislador.
“Los mismos que se rasgan las vestiduras por la República, las instituciones y la democracia, lo primero que hicieron fue desconocer un fallo de la Justicia y operarlo según las normas de la política, avasallando la institucionalidad que declaman defender. La Justicia suspendió el trámite disciplinario y ordenó «suspender y archivar» las actuaciones de la Comisión (Bicameral). No hay otras interpretaciones posibles. Avanzar con el trámite dejaría aún más expuesto que la intencionalidad política está por encima del respeto a la ley”, concluyó Busatto.
Por su parte, la diputada Matilde Bruera, también del PJ, coincidió en que “desobedecer una orden judicial es un delito grave” y opinó que “es un despropósito institucional cada vez más preocupante que los legisladores, en vez de ocuparse de los problemas de la gente, sigan con esta comedia de enredos”.
Bruera explicó que “es un procedimiento inconstitucional juzgar a un ministro de Seguridad que ya no lo es” y fue muy dura con la oposición: “Van a aplicar una ley en forma retroactiva cuando las leyes no rigen hacia atrás, además juzgan hechos ocurridos en otro poder, que es el Ejecutivo, porque Sain ya no es ministro de Seguridad. Transgreden una orden judicial en forma directa; estamos todos alarmados por estas actitudes en la sesión conjunta de la Legislatura. Si recurren directamente a la Corte, sería un verdadero escándalo”.
