David Reinero, el ex secretario de Control de la gestión en seguridad de Maximiliano Pullaro fue imputado junto a otros ex funcionarios de la cartera a la que pertenecía por utilizar fondos reservados para pagar honorarios profesionales al defensor José Alcacer que prestó servicios profesionales a policías involucrados en la desaparición forzada, tortura y muerte de Franco Casco. La medida judicial la llevó adelante en el fiscal santafesino Ezequiel Hernández de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional.
El Fiscal imputó a David Reinero por el delito de peculado al entender que designó dinero de fondos reservados de la secretaría para pagar los honorarios del profesional que defendió a algunos de los policías involucrados en el caso Casco y pertenecían a la Dirección de Asuntos Internos. El joven era de la provincia de Buenos Aires, puntualmente de Florencio Varela y había llegado a la ciudad para visitar familiares en Empalme Graneros.
Tenía pasaje de vuelta a la vecina provincia para el 6 de octubre de 2014 pero nunca tomó el tren. Fue detenido y trasladado a la Comisaría 7°. Nunca más se lo vio salir de ella. Su cuerpo apareció flotando en el río Paraná el 30 de ese mes.
Reireno no fue el único imputado en el caso también algunos de los funcionarios que lo secundaban como María Ester Romeggio que estaba a cargo del área de administración y finanzas de la Dirección de Asuntos internos, el ex jefe de esa dirección Luis Sosa y el abogado Lucas Peirone, quién además prestar asesoramiento al área supo ser abogado de Esteban Alvarado, del letrado Claudio Tavella condenado mediante un acuerdo abreviado como miembro de la banda delictiva encabezada por el primero o Diego Panadero Ochoa, entre otros.
Otro de los funcionarios que espera imputativa es Ricardo Giusepponi, el trámite respecto a él se suspendió por un pedido de prórroga que hizo la defensa del sospechoso.
El pago de honorarios
Con la llegada al Ministerio de Seguridad de Marcelo Sain y tras una auditoría a la cartera se detectó un aumento de gastos reservados durante un año por un monto cercano al millón de pesos con el que se pagaron honorarios a la defensa de cinco uniformados de Asuntos Internos imputados en la causa Franco Casco.
Según la presentación que hizo el entonces ministro a mediados del 2020, el abogado José Alcacer había sido asesor de esa cartera hasta un tiempo antes de tomar la defensa de los uniformados, por lo que tenía acceso a información sensible. Denuncio al entonces secretario de control del Ministerio David Reniero por autorizar el pago y al ex director de Asuntos Internos Luis Sosa por el delito de peculado.
Alcarcer había tomado la defensa de cinco empleados policiales que prestaron servicio en asuntos internos al momento del hecho y fueron imputados por encubrimiento del hecho. La sindicación versó sobre el ocultamiento, alteración o desaparición de pruebas o instrumentos del delito y no haber denunciado la perpetración de un delito. Se trató de Aníbal Candia y su segundo Sergio Pieroni y los numerarios Pablo Siscaro, Daniel Escobar y Carlos Alberto Ríos aunque con el correr del caso otros abogados fueron asumiendo las defensas de algunos de estos uniformados.
A fin del mes pasado el fiscal Hernández resolvió llevar a imputativa no solo a los dos funcionarios denunciados por Saín sino que sumó a Peirano, Romeggio y espera por Giusepponi.
Denuncian que usaron fondos reservados del Estado para pagar a los abogados de policías acusados
