Cuatro policías fueron imputados por haber matado a golpes a Maximiliano Heredia en la localidad de San Lorenzo y quedaron 40 días en prisión preventiva. Así lo resolvió el juez Eugenio Romanini, quien aceptó la imputación de la fiscal Melisa Serena por homicidio preterintencional –en referencia a que la intención era golpear para producir un daño y no matar–. El magistrado dictó ese plazo cautelar para que la Fiscalía profundice la investigación sobre el caso con el resultado de medidas forense y peritajes que aún restan. Además, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la colaboración de aquellas personas que hayan sido testigos presenciales de la detención de Heredia, quienes podrán dirigirse a la sede de Fiscalía San Lorenzo, ubicada en San Luis 430.
Heredia tenía 32 años, era flaco y medía menos de 1.70 metro. Las últimas horas de su vida, en la medianoche del 1° de julio pasado, lo encontraron en un maxiquiosco cercano a su casa, en la zona de Brown y Berón de Astrada, de barrio Supe.
Según indicaron voceros judiciales, en el local surgió un entredicho con un empleado, una discusión derivada del pedido de una cerveza. Alguien hizo señas a un patrullero que pasaba y Heredia, al ver los uniformados, empezó a caminar hacia su casa.
“Pese a recibir la voz de alto por parte del inspector Rodolfo Müller, Heredia comienza a correr seguido de forma pedestre; Müller le dio alcance a Heredia cuando ingresaba a una casa ubicada en Brown al 2200. En el lugar comienza una lucha de golpes entre Müller y Heredia, donde intervino el suboficial Adrián Ferreyra para reducirlo; finalmente es esposado y puesto boca bajo sobre el césped de la vereda, mientras llamaron a refuerzos para el traslado, dado que Heredia se hallaba «incontrolable y en estado de exaltación»”, señaló el legajo de imputación de la fiscal Serena.
San Lorenzo: detuvieron a los cuatro policías investigados por la muerte de Maxi Heredia
Fue entonces cuando llegó un patrullero al mando del oficial Rodrigo González, acompañado de su colega Walter Acuña. “Al descender del móvil, Acuña, sin mediar palabras, le propinó un golpe fuerte de puño en la zona del rostro a Heredia, para luego entre todos los oficiales subirlo a la caja de la camioneta”, continuó la acusación fiscal. Los uniformados están acusados de haber causado lesiones numerosas en el cuerpo de Heredia en ese lapso de tiempo.
La versión de los policías indicó que mientras era trasladado a la sede del Comando en San Lorenzo, Heredia tuvo una descompensación y fue llevado al Hospital Granaderos a Caballos, detalló la fiscal Serena.
Heredia ingresó sin signos vitales e intentaron reanimarlo. Al mediodía siguiente, el joven falleció en la sala de terapia intensiva del Hospital San José de Cañada de Gómez.
El informe preliminar de autopsia que se realizó bajo el protocolo de Minnesota –con pautas determinadas para investigar muertes en custodia– aún no determinó la causa. En primera instancia, un médico policial cañadense dejó asentado contusiones, hematomas y escoriaciones en varias partes del cuerpo, indicó una de las evidencias presentadas por la fiscal.
Otros elementos de la acusación que pesa sobre el inspector Rodolfo Müller, el suboficial Adrián Ferreyra junto a los oficiales Rodrigo González y Walter Acuña son actas de entrevistas a familiares de la víctima, a un testigo y personal de salud.
Para profundizar la investigación, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la colaboración de aquellas personas que hayan sido testigos presenciales de la detención de Heredia, quienes podrán dirigirse a la sede de Fiscalía San Lorenzo, ubicada en San Luis 430.
La hipótesis fiscal es que Heredia murió a raíz de una golpiza de los policías mientras que el argumento de la defensa se remite a que fue por otro factor que no es atribuible a los uniformados.
En ese marco, restan peritajes a los celulares de los policías incautados en los allanamientos que hizo el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) este jueves y a una semana de haberse cometido el hecho. También la Fiscalía espera los resultados de análisis forenses, algunos de ellos no llevados a cabo porque “el tomógrafo del Hospital Eva Perón no funciona”, de acuerdo con lo dicho por un abogado defensor.
Bajo la carátula de homicidio preterintencional, el juez Romanini dictó una medida cautelar de 40 días de prisión efectiva, 20 menos que los que había solicitado la acusación. La pena máxima que ese delito prevé es de 3 años.
