Como parte de una política de Estado iniciada hace 11 años, la identificación y devolución de restos humanos indígenas que estaban en poder de museos o la academia, tiene a partir de esta semana un área especial dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en tiempos en que se prepara la restitución número 19 prevista para el 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios.
Creada en virtud de una resolución, el “Área identificación y restitución de restos humanos indígenas y protección de sitios sagrados” tendrá también la tarea de velar por la preservación y recuperación de espacios venerados por los pueblos originarios, tales como tumbas, cementerios y altares. “La creación de esta área específica implica un mayor compromiso con las comunidades y mayores herramientas para satisfacer los reclamos de restitución”, dijo Fernando Pepe, antropólogo de larga trayectoria en la temática que desde 2015 coordina el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del mismo organismo.
El también referente del precursor Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social explicó que “para cumplir con la ley 25.517” de restituciones sancionada en 2001 pero reglamentada recién en 2010, “necesitamos de mayor presupuesto y personal, y la creación del área supone todo esto”. “Pero además, incorpora una parte nueva, porque también va a desplegar su a accionar sobre sitios sagrados para protegerlos en el territorio”, dijo.
Devolución “contra viento y marea” de los restos
Desde la creación del programa ya se concretaron 18 restituciones, la última de “ocho ancestros y ancestras a la comunidad de Punta Querandí” de Tigre que estaban en manos de la provincia de Buenos Aires tras haber sido extraídos en la década del 90 como parte de una excavación arqueológica. La devolución “contra viento y marea” de estos restos ya en pandemia, fue también la primera y única realizada en el Área Metropolitana.
“Lo que viene haciendo el Programa Nacional es tomar los pedidos respecto a la identificación de ancestros sobre los cuales las comunidades tienen referencias de que fueron retirados por arqueólogos o viajeros (de sus enterratorios o lugares donde fueron asesinados), pero desconocen su paradero final”, explicó.
“A partir de ahí desplegamos una serie de consultas: algunos los hemos ubicado en museos nacionales, internacionales y algunas todavía estamos en la búsqueda, como el cacique Lisali, el jefe guaycurú que luchó a favor de los federales, pero en 1839 cayó derrotado por las tropas de (el presidente uruguayo) Fructuoso Rivera que lo toma prisionero y lo regala al príncipe de Orleans”, contó.
Las primeras restituciones
Una vez que son ubicados los restos y en caso que se encuentren en poder de un museo o centro académico del país, “comienza el trámite burocrático de solicitar que confirme la tenencia y sus condiciones”, así como de analizar las alternativas en función de “si la provincia esté adherida a la Ley 25.517” a la que hasta ahora se plegaron 16 jurisdicciones.
“Ahí se abren distintas instancias pero en todos los casos tiene que haber una resolución de la institución que tiene los restos y una vez que lo aprueba INAI, un escribano certifica el traspaso y entonces deja de ser patrimonio de la Nación o de una provincia, para pasar a estar en custodia de la comunidad”, contó.
Antes de la sanción de la ley, se habían producido solo dos restituciones, concretadas después de años de reclamos. La primera tuvo lugar en 1994 y correspondió a los restos incompletos del lonko mapuche-tehuelche Modesto Inakayal, uno de los últimos jefes indígenas en resistir a la campaña de exterminio en la Patagonia que murió en 1887 en extrañas circunstancias en el propio Museo de La Plata, donde había sido llevado prisionero por el perito Moreno.
Tuvieron que pasar siete años para que se produzca una nueva restitución: la del cacique ranquel Panghitruz Guor o Mariano Rosas en 2001. En su caso, los restos terminaron en el Museo de la Plata después de haber sido profanada su tumba por un coronel roquista en 1879 que se llevó su cráneo y huesos como trofeo de su paso por tierras pampeanas.
“Esas restituciones fueron difíciles porque el museo además le pedía al reclamante que fuera familia, desconociendo la ascendencia directa entre las comunidades originarias y los lonkos, hasta que salió la ley que estableció que se trata de derechos colectivos, y por eso las restituciones son a las comunidades”, explicó.
Una antropología de la demanda
Ya con la ley sancionada y reglamentada, se produce la restitución de la niña aché Damiana Kryygi y de un hombre del mismo pueblo sin identificar, hasta ahora la única devolución internacional al amparo de esta normativa, dado que en este caso el traspaso se hizo a una comunidad aché en Asunción del Paraguay. La próxima restitución al extranjero ya fue aprobada y podría tener lugar a fines de este año o a principios de 2022: la del joven yagán Maish Kensis a la comunidad de Puerto Williams en Cabo de Hornos (Chile), tras haber permanecido 127 años en el Museo de La Plata donde murió prisionero en 1894.
Pero antes de eso, la más próxima en el tiempo dentro de Argentina se producirá el 11 de octubre en Chubut, donde serán reintegrados a las comunidades de la localidad chubutense de Sarmiento los restos de 19 antepasados que estaban en poder del museo municipal de la localidad tras ser extraídos con fines de exhibición e investigación. Y prevista para el 10 de diciembre, vendrá “la de los tres wichis de las comunidades de Embarcación, Salta, asesinados –entre 1881 y 1921– en los ingenios azucareros de Ledesma y la Esperanza que se encuentran en el museo de la Plata”.
Para comprender cómo estos restos humanos terminan siendo mostrados en un museo o parte de su colección, o como una persona tomada prisionera es exhibida en estos lugares como parte de un zoológico humano, “hay que tener en cuenta el contexto de los positivismos y el racismo” de fines del siglo XIX que aportaron “la falsa premisa de inferioridad de los pueblos” en los cuales buscó justificarse “el genocidio para apropiarse de territorios y recursos”.
Y “el rol geopolítico” del museo de Ciencias Naturales de La Plata con su craneoteca de más de 3 mil ejemplares, “es el de ser un faro de ese racismo justificador de que el territorio que estaba siendo sometido a sangre y fuego, era territorio argentino”, por eso traen “prisioneros de la ciencia” a los museos de las grandes capitales, centro del poder político que dispuso el exterminio. A Pepe le gusta decir que la modalidad del ejercicio profesional que ejerce es “una antropología de la demanda”.
“Cuando en 2005 recibimos en el museo de la Plata el reclamo de las comunidades que pedían el retiro de exhibición, tomamos esa demanda con un grupo de antropólogos y hacerlo nos modificó la trayectoria académica a todos nosotros porque hace 15 años que estamos militando y soñando nuevas restituciones”, dijo.
