Jorge Pailhé / Télam
Las protestas ocurridas esta semana en Cuba, que no se veían desde los 90 y que el gobierno adjudica a acciones conspirativas desde Estados Unidos, tienen de todos modos un fundamento originado en las penurias económicas que la población sufre y que las propias autoridades reconocen como el resultado de un cóctel explosivo: el embargo comercial norteamericano, las restricciones a las remesas enviadas desde el exterior y los perjuicios causados por la pandemia, básicamente por la caída de ingresos por turismo.
Según datos oficiales, la actividad económica se retrajo 11,1% en 2020, la marca más negativa desde la época de la caída de la Unión Soviética en 1991, que dejó a Cuba huérfana de fondos frescos.
En 2019, antes de la pandemia, Cuba recibió poco menos de 4,3 millones de turistas, cantidad que representó 9% menos que la de 2018, según el Ministerio de Turismo.
La merma fue reflejo del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos hacia la isla y la quiebra de un socio clave, el operador turístico británico Thomas Cook.
El presidente Donald Trump, que había borrado de un plumazo la política de acercamiento a Cuba de su antecesor Barack Obama, empezaba a pegarle a la isla donde más le dolía.
En 2020 Cuba batió el peor récord con la llegada de sólo un millón de turistas, concentrados en su mayoría en el primer trimestre, antes de que se cerraran los aeropuertos propios y ajenos para frenar la propagación del coronavirus.
En este caso, las pérdidas en dinero son inestimables porque alcanzan a miles de trabajadores informales –comida casera, recuerdos de viaje, artistas callejeros, etcétera– que se quedaron sin el sustento diario por ausencia de turistas.
Pero los perjuicios causados por la pandemia no son la única fuente de dolores de cabeza para el presidente Miguel Díaz-Canel –primer jefe del Estado cubano desde la Revolución que no se apellida Castro– ya que el bloqueo comercial sigue haciendo estragos en la vida de la isla.
Para muestra basta ver el macabro escenario que se presentó con la cuestión de las vacunas: un país desarrollado científicamente, capaz de elaborar al menos ya dos inmunizadores propios en uso contra el covid-19, no puede inocular masivamente a su población por falta de jeringas, producto del embargo.
Los daños acumulados por el embargo desde 1962 a mediados de 2020 alcanzan la cifra de 933.678 millones de dólares, según estimaciones cubanas y extranjeras. Es decir, casi cuatro veces toda la deuda externa argentina.
Y de acuerdo con un informe elaborado por las autoridades cubanas, recogido por la agencia de noticias estatal Prensa Latina, las pérdidas a causa del bloqueo entre abril de 2019 y marzo de 2020 –o sea, antes de la pandemia– superaron por primera vez los 5 mil millones de dólares (5.570,3 millones).
Frente a la contundencia de las cifras, hay que anotar que en la última votación de las Naciones Unidas, en junio pasado, la resolución de rechazo al embargo estadounidense obtuvo 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).
De manera adicional hay que contabilizar algunas bajas en la producción de elementos básicos de la economía cubana previos a la pandemia: el níquel, que mostró una caída de 22,8% de 2011 a 2018, y el azúcar, ya que entre 2015 y 2018 las zafras se redujeron 31%, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A ese panorama se sumó en octubre último la decisión de Trump –una semana antes de las elecciones en las que perdió frente a Joe Biden– de incluir en la Lista Restringida de Cuba a la empresa financiera cubana Fincimex, contraparte de Western Union, con el argumento de que pertenece a la corporación empresarial militar cubana Gaesa, a la que ninguna entidad estadounidense puede contratar.
La decisión no fue inocente. Éste era el medio utilizado por decenas de miles de cubanos residentes en Estados Unidos para enviarle dinero a sus familiares en la isla.
La cifra de a cuánto ascienden las remesas que enviaban los emigrados no es precisa, porque un gran número llegaba a Cuba por vías informales.
Sin embargo, un informe de la firma Havana Consulting Group (HCG) estimó el último monto anual en unos 3.600 millones de dólares, superior al aporte de todo el sector turístico a la economía cubana en tiempos normales, y más que la suma de los principales rubros de exportación, incluidos níquel, azúcar y derivados, tabaco y productos biotecnológicos.
Actualmente, cerca de dos millones de cubanos viven fuera del país y, según HCG, antes de aquella medida alrededor del 95% de ellos enviaba remesas a la isla, una vez al mes, de entre 180 y 220 dólares promedio, según consignó el diario El País, de España.
Otra cifra que permite entender la dimensión del tema es que cada mes, la Western Union realizaba 240.000 transferencias a Cuba desde Estados Unidos. Eran 2,4 millones de dólares al día, 72 millones al mes, 864 millones al año.
El cóctel explosivo se completa con las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno.
Desde el histórico Sexto Congreso del Partido Comunista Cubano, ya con Fidel Castro apartado del poder por problemas de salud y reemplazado por su hermano Raúl, Cuba inició una serie de reformas consideradas como una actualización de la doctrina socialista, que también podrían verse como una apertura lenta pero firme hacia un sistema mixto con participación privada –cuentapropismo–, en especial en los rubros turismo, hotelería y gastronomía.
Para ello el Estado fue ordenando que diversas actividades comenzaran a desarrollarse en el ámbito privado, lo que hizo que se redujera la abultada plantilla de trabajadores estatales.
En febrero de este año Cuba anunció un nuevo listado de más de 2 mil actividades en las que se permitirá el trabajo privado, frente a las 127 que existían hasta entonces, en lo que fue la mayor reforma social encarada por el gobierno en el sistema socialista que rige en la isla desde 1959.
El otro gran cambio fue la eliminación de la doble moneda que existía desde 1994 y que empezó a regir a principios de año. Esto, sumado a una suba generalizada de salarios y precios de servicios y bienes básicos autorizada por el gobierno, disparó una inflación muy alta que golpeó aún más el bolsillo de los cubanos.
