Una mujer de 63 años que había sido detenida cuando transportaba casi 3 kilos de cocaína adosados a su cuerpo en un micro que se dirigía a Chile en 2019, fue absuelta en un juicio abreviado a pedido de un fiscal, que consideró que la imputada se hallaba «en una situación desesperante» porque su hijo debía ser sometido a una operación y porque quienes la contrataron abusaron «de su situación de extrema vulnerabilidad».
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, conformado unipersonalmente por el juez Orlando Coscia, convalidó el acuerdo de la defensa con el fiscal, quien había considerado que la mujer, oriunda de la provincia de Salta, «pertenece a un sector socialmente desfavorecido» y «se encontraba en una situación desesperante”, ya que «debía costear a una cirugía de alto riesgo que necesitaba su hijo».
La decisión coincidió con los argumentos presentados por el titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Miguel Palazzani, quien tras analizar los antecedentes del caso, retiró la acusación contra la imputada, considerando de había sido manipulada por terceros, quienes “se aprovecharon de su situación de extrema vulnerabilidad” y utilizaron a la mujer para “transportar los estupefacientes y de esta manera permitirle obtener el dinero necesario para que su hijo reciba adecuada atención médica”.
Según el sitio institucional fiscales.gob.ar, el hecho juzgado tuvo lugar en la mañana del 1° de febrero de 2019, cuando la imputada viajaba en un micro de larga distancia proveniente de la ciudad de Bariloche, con destino a la localidad chilena de Osorno.
Cuando el micro arribó al paso fronterizo con Chile, el Escuadrón 34 “Bariloche” de la Gendarmería Nacional, que realizaba un control de rutina, advirtió que la mujer trasladaba 2,722 kilogramos de cocaína, dispuestos en cuatro paquetes que tenía adosados a su cuerpo.
Por ese motivo, la mujer quedó detenida y fue imputada por “tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes”.
De acuerdo a la investigación, 20 días antes del hecho, la imputada había cruzado desde la localidad salteña de Salvador Maza, hacia la ciudad boliviana de Yacuiba, donde se presume que se habría abastecido de la droga.
Luego de analizar las comunicaciones de los teléfonos de la mujer, los investigadores concluyeron que la imputada “estaba haciendo el transporte de la sustancia estupefaciente cumpliendo con una obligación impuesta por un tercero que casi con seguridad sería de nacionalidad boliviana”.
Ante esta situación, el fiscal Palazzani concluyó que la imputada solamente había cumplido el rol de “mula” en una cadena de tráfico en la que “ella tan sólo fue el eslabón más débil, ante una situación apremiante por circunstancias de extrema necesidad”.
“Una decisión judicial que carezca de perspectiva de género es inadmisible a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional con relación a la protección de las mujeres. Por ello, tales compromisos impactan en la solución que se dará al presente caso buscando no reproducir, mediante la criminalización de una mujer en graves condiciones de vulnerabilidad, la opresión a la que ya viene sometida previamente”, esgrimió entre sus argumentos el representante del Ministerio Público.
A su vez, el juez Orlando Coscia, hizo lugar al pedido del fiscal general, donde homologó el acuerdo alcanzado en el juicio abreviado, teniendo como consecuencia la absolución de la imputada.
