Un grave accidente se produjo este lunes a la mañana cuando se derrumbó una celda de almacenamiento de cereal en la planta de Bunge ubicada en Puerto San Martín. Como consecuencia del hecho, dos personas tuvieron que ser rescatadas, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hizo una inspección y emitió un acta de suspensión de las actividades en el sector de Logística, que es la zona cercana al silo derrumbado.
Se trata de una medida de prevención ya que está en riesgo la salud e integridad de los trabajadores de la agroexportadora. Todavía se desconocen los motivos del accidente, por eso se solicitó a la empresa una investigación sobre las condiciones del suelo a partir de la bajante extraordinaria del río Paraná. Según los inspectores la bajante actual pudo comprometer el suelo, por la subida de las napas, y así generar que las estructuras de los silos estén sobre suelo no firme. Otra posibilidad es que el proceso de llenado del silo, en el acopio, se haya realizado por una capacidad mayor a la adecuada. Según el acta la empresa informó que el silo en cuestión soporta 4500 toneladas.
El siniestro se produjo momentos antes de las 8 de la mañana, en el predio ubicado en Sarmiento y Rodríguez. Tras el derrumbe, dos operarios quedaron atrapados en el lugar de trabajo. Uno de ellos logró ser rescatado rápidamente y trasladado en helicóptero al Sanatorio Parque. El otro quedó atrapado en el lugar y llevó varias horas rescatarlo.
En horas del mediodía de este lunes, terminó su rescate, tiene comprometidas sus piernas y será estabilizado en una ambulancia para luego trasladarlo en helicóptero a un sanatorio de Rosario.
El subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo provincial Facundo Osia, habló con El Ciudadano y explicó que la empresa debe cumplir con los requisitos de los inspectores, enviarlos a la Coordinación de Salud y Seguridad para que a partir de esta información vuelva a realizarse una inspección y así, acorde a lo encontrado, se levante o no la suspensión de actividad.
En 2017, hubo un accidente fatal en esta misma planta. Un operario de 35 años perdió la vida tras quedar sepultado por una montaña de cereal. Laureano Gómez falleció asfixiado por el cereal al caer dentro de un silo.
Durante el operativo participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, personal de Prefectura Naval y efectivos de la Unidad Regional XVII.
Reclamo
En diálogo con El Ciudadano el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, cuestionó el accionar de las multinacionales y grandes empresas de la región y denunció una falta de control de parte del Estado. Sostuvo que este año aumentaron los accidentes laborales en Santa Fe. «Entre enero y marzo de 2021 hubo 9080 accidentes laborales, lo que significa 100 por día. La mayoría se da en las grandes empresas y no en las obras de construcción, esto es un mito y encubre la responsabilidad de las grandes empresas desde hace años aunque son las que más plata tienen para cuidar a sus trabajadores».
Sin embargo, el subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo provincial desmintió estos números. Detalló que desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dependiente de Nación, fueron notificados 350 accidentes laborales en lo que va de 2021 y 14 accidentes mortales. Sobre esto último, aseguró que es una cifra que viene disminuyendo año a año desde 2016 cuando se registraron 36 accidentes fatales.
Para Del Frade los accidentes laborales en las obras son los que más se visibilizan porque son los eventos que se ven en las calles, están a la vista de la ciudadanía. Sin embargo, sostuvo que desde hace 20 años en primer lugar la mayoría de los accidentes ocurren en las grandes empresas y multinacionales, en segundo lugar en el sector de empleados de comercio y servicios y por último en las obras de construcción.
Ante la alarmante situación, manifestó que la última vez que recibió una respuesta -poco contundente- del Estado provincial fue durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz.
«No hubo respuestas sobre medidas de protección, especialmente en las exportadoras, en las empresas aceiteras. Nosotros creemos en un Estado inteligente y transparente. El problema es que esto se convierta en una noticia que se asume con un tipo de naturalidad y en dos o tres días desaparece el tema», puntualizó y sostuvo que para estas patronales los trabajadores son una variable del costo empresarial. «Estos lugares responden a la reproducción constante, en este modelo se reemplaza a un trabajador por otro porque esto no tiene costos para ellos. Muchas veces se encubre en la figura de la tercerización de responsabilidades. Gozan de una gran impunidad y reemplazan a los trabajadores como si fueran objetos», concluyó.
Además, en sus redes había manifestado: «Bunge factura 227.914 pesos por minuto. Es imprescindible discutir estos temas en la campaña. Las impunidades del gran capital son proporcionales a las grandes desigualdades».
Finalmente, desde la gestión provincial plantearon que desde 2020 se realizan inspecciones de forma constante por cumplimiento de protocolo covid y explosión de polvos. Las últimas inspecciones a esta empresa por estos temas fueron en marzo de 2021, julio de 2020 y noviembre de 2019.
