Un nuevo escándalo político salpica al ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain. Este martes los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura recibirán a la auditoria general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, para conocer en detalle los pormenores de un informe que revela actos de espionaje ilegal y escuchas telefónicas no autorizadas realizadas por el Organismo de Investigaciones del MPA mientras Sain formaba parte del gabinete del gobierno provincial.
El informe de 600 páginas ya está en poder de los senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral. Consiste en la transcripción de escuchas telefónicas irregulares a empresarios y jueces, realizadas por el Organismo de Investigaciones y reportadas directamente a Sain. Cabe recordar que el polémico ex ministro de Seguridad dirige ese organismo desde 2018 y que a fines de 2019 pidió licencia para sumarse al gabinete de Perotti. Ahora volvió a su viejo cargo pero su regreso no terminó de concretarse porque hay una disputa política y reglamentaria en la que están involucrados los tres poderes del Estado.
Apenas trascendió la novedad, el propio Sain salió a explicar que se trata de una movida política encabezada por el titular del MPA, Jorge Baclini –con quien mantiene un fuerte enfrentamiento desde sus días como ministro–, y por sectores de la Justicia que responden al diputado de la UCR Maximiliano Pullaro, antecesor de Sain en el Ministerio de Seguridad. “Todos los denunciantes de esta barbaridad son integrantes del séquito de la UCR de Pullaro y reportan al fiscal general Jorge Baclini”, sostuvo Sain a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: “Con esta maniobra desesperada pretenden ir contra las investigaciones en curso que apuntan a la mafia política con protección judicial”.
El informe que recibieron los legisladores incluye las transcripciones de las escuchas telefónicas no autorizadas realizadas por el organismo que conduce Sain, mientras ocupaba el cargo de ministro de Seguridad. Se trata de información reservada que no está vinculada a ninguna causa judicial y que fue obtenida en forma irregular sin control legal de ningún juez o fiscal. Vranicich ampliará ese informe este martes ante los diputados y los senadores de la Comisión Bicameral.
Si bien el contenido del informe no fue divulgado y se encuentra bajo estricta reserva, se trataría de escuchas que se realizaron desde el Organismo de Investigaciones del MPA cuando Sain ya ocupaba el Ministerio de Seguridad y tenía licencia en ese organismo, que de todas formas seguía reportando al propio Sain. Una revelación que amenaza en convertirse en un nuevo escándalo institucional y político en la provincia de Santa Fe.
La investigación reservada comenzó en abril a raíz de una denuncia que hizo el subdirector del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, quien estuvo al frente de esa área durante la licencia de Sain, que concluyó a fines de marzo cuando el ex ministro se presentó en el MPA para retomar tareas en su anterior cargo.
En el marco de la investigación interna realizada en el MPA –que incluyó el formateo de una computadora y el vaciamiento de una oficina– quedó imputada la jefa de inteligencia del organismo, Deborah Cotichini, quien reportaba directamente a Sain mientras formaba parte de otro poder y ahora está acusada de haber cometido faltas graves en el desempeño de sus funciones.
Al respecto, consultado por Rosario 3, Sain dijo que “hay una maniobra contra Débora Cotichini porque dirigió la unidad operativa del Organismo de Investigaciones más activa, eficiente y profunda contra las estructuras de poder que amparan o son socias de la criminalidad compleja y agregó que “la provincia de Santa Fe le debe muchísimo”.
La denuncia inicial del subdirector Víctor Moloeznik –a cargo del Organismo de Investigaciones hasta que se resuelva la situación de Sain– recayó en la fiscal regional de Rosario y auditora ad hoc del MPA, María Eugenia Iribarren, quien ordenó el secuestro de la computadora y su peritaje. En la etapa administrativa declararon ocho analistas de sistemas.
