Un pasito para el frente y un pasito para atrás, decía Xuxa. Mientras Argentina se transformaba por decreto del presidente en el primer país de Latinoamérica y el cuarto en el mundo en reconocer el derecho a la identidad de personas no binarias, que reconoce el derecho a la identidad autopercibida de todas las personas, en el Congreso ingresaron proyectos de ley que buscan prohibir el lenguaje inclusivo en todo el país. Este viernes, una diputada impulsó un proyecto con el objetivo de garantizarlo. “No exigimos que lo utilicen todas las instituciones, no es una normativa que busca establecer el lenguaje inclusivo en todos los espacios ni tampoco es prohibitivo, sino que exista el derecho a utilizarlo”, dijo la diputada Mónica Macha, autora del proyecto.
El término “lenguaje inclusivo” alude a un modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a todas las identidades: mujeres, varones, personas trans y no binarias. ¿Cómo? En vez de utilizar el masculino del plural para referirse a un conjunto de personas, es decir, la letra “o” (nosotros), utiliza la letra “e” (nosotres), porque en ese colectivo no hay sólo varones, sino una diversidad de identidades.
La lengua castellana sigue las reglas que impone la Real Academia Española (RAE), cuya función es recoger las modificaciones que el habla introduce al lenguaje y validarlas o no. La RAE decide que hay cosas que sí y cosas que no y, sobre el lenguaje inclusivo, ya dio su veredicto en 2020: «El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género», publicó la RAE en Twitter ante la consulta de una usuaria.
Pero, ¿qué pasa con las cosas que quedan por fuera de lo que acepta la RAE y, sin embargo, se utilizan? Como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Algunas instituciones, las recogen, tal y como ocurrió con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que en 2019 sancionó un proyecto para que las producciones académicas que apelan a las diversas modalidades del lenguaje no sexista sean aceptadas como válidas, y para promover el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en las comunicaciones institucionales, administrativas y de gestión.
En ese contexto, el coordinador del Área de Género y Sexualidades, Luciano Fabbri, remarcó: “Entendemos que en la discusión sobre el lenguaje inclusivo y no sexista hay un debate sobre las violencias simbólicas que se reproducen en el orden del discurso. Todas aquellas personas que se ven obligadas a representarse en el genérico masculino universal, supuestamente neutral, están siendo invisibilizadas, silenciadas, no son nombradas, y eso implica una violencia simbólica que tenemos que tender a desmontar”. En este sentido señaló que lo que se busca es prevenir y erradicar este tipo de violencias sexistas a partir de la institucionalización de políticas feministas.
“Al mismo tiempo hay algo en juego que tiene que ver con el respeto a la identidad de género autopercibida. Hay en la comunidad universitaria personas que no se identifican ni con el femenino ni con el masculino. En ese sentido, validar los usos del lenguaje no sexista permite que esas personas, auto designadas no binarias, sean reconocidas y nombradas en el pronombre neutro que elijan para sí mismes y que la institución tiene la obligación legal y el imperativo ético de respetar», expresó Fabbri.
Así, entre el uso y su institucionalización, el lenguaje inclusivo fue ganando aceptación. Y claro, también rechazos, al punto de que entre junio y julio ingresaron en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, proyectos que buscan prohibir su uso.
Las primeras en presentar un proyecto de esas características fueron dos abogadas vinculadas a Juntos por el Cambio, Cynthia Ginni y Patricia Paternesi, quienes presentaron en Diputados un proyecto de ley que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los tres poderes del Estado, en el ámbito educativo y en actos oficiales.
“Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado ‘lenguaje inclusivo’, en cualquiera de sus formas (”x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”, dice en el proyecto.
Lo que estas abogadas dicen es que la normativa que proponen busca evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”. Además, proponen quitar “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso” al considerar que “su mala utilización podría no solo obstaculizarla sino significar una barrera para los niños que tienen dificultades”.
Poco después, la senadora por La Rioja, María Clara del Valle Vega (Cambiemos), presentó en el Senado un proyecto similar que apunta a prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales de la República Argentina y por parte de sus autoridades nacionales. También aplicaría a los establecimientos educativos de todos los niveles.
“Desde el punto de vista del poder, nadie puede prohibir el uso de la E”, dijo el lingüista y lexicólogo Santiago Kalinowski, en una entrevista con Segurola y Habana, emitido por Futurock. “Nadie tiene el poder de imponer el uso del lenguaje a los hablantes, la prohibición es incompatible con los valores de la democracia”, agregó.
Pero además, enfatizó en una cuestión fundamental: “Cuando una persona habla con la E se está pronunciando políticamente. Si yo le bajo la nota en un examen por eso estoy afectando el derecho a la libre expresión”.
Así las cosas, este viernes la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) presentó un proyecto en Diputados con el objetivo garantizar el ejercicio del derecho al uso del lenguaje inclusivo de género. La iniciativa “busca que todas las personas humanas y jurídicas puedan hacer uso de esta herramienta fundamental para el ser humano”, dijo Macha a la Agencia Presentes.
El proyecto apunta a “garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el empleo de la pluralidad de usos lingüísticos que abarca el lenguaje inclusivo de género, en todos los ámbitos en los que las personas desarrollan su vida social”, apunta el texto del proyecto de ley titulado “Ejercicio del derecho a la utilización del lenguaje inclusivo de género”.
“El objeto de este proyecto que presentamos es garantizar el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo. No exigimos que lo hagan todas las instituciones, no es una normativa que busca establecer el lenguaje inclusivo en todos los espacios ni tampoco es prohibitivo, sino que exista el derecho a utilizarlo”, detalló Macha.
La clave del proyecto es justamente esa: no reviste un carácter de obligatoriedad y evita que una persona pueda ser sancionada, por lo que nadie podría ser castigado por hablar o redactar en inclusivo. El proyecto garantiza el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo “en las exposiciones, discursos, alocuciones, resoluciones, decretos, leyes, fallos, presentaciones judiciales y toda otra forma de expresión que se utilice oficialmente en el Estado nacional”. También, en “establecimientos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y modalidades, sean de gestión pública o privada” y se aclara que “esta norma incluye tanto lenguaje oral como escrito”.
