El Senado de la Nación aprobó este jueves, y giró a Diputados, dos proyecto de ley destinados a limitar las tasas de interés por mora aplicadas por las empresas de servicios públicos, entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina prepaga y empresas privadas de servicios en general.
Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad (38 a 0) gracias a los votos de los legisladores del Frente de Todos, ya que los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron inicialmente que iban a votar en contra pero, finalmente, se ausentaron.
Los proyectos -presentados por el oficialista Oscar Parrilli- buscan limitar la tasa de interés que se les cobra a los usuarios por mora en el pago de las facturas para que, en general, «sea la tasa pasiva para depósitos a 30 días que establezca el Banco de la Nación Argentina».
También prohíben «imponer cargos extras» a las tasas de interés como cargos de reconexión, gastos administrativos. Impone, además, «el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez de cada mes». Ambos proyectos coinciden en que deben adecuarse las tarifas mensuales «a un promedio anual».
Una de las iniciativas pone el foco en limitar los intereses por mora aplicadas por los bancos, las tarjetas de crédito, los servicios de medicina prepaga y las empresas privadas de servicios, al sostener que «en ningún caso podrán exceder la tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, intereses punitorios o cualquier otro concepto».
Además, establece que «si la consumidora fuese mujer la tasa de interés compensatoria se reducirá en un diez por ciento respecto de la tasa aplicable respecto a los demás usuarios», según los fundamentos de la iniciativa.
La «fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes».
Asimismo, las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen su facturación a la tasa de interés por mora serán sancionadas.
En todos los casos se deberán otorgar a los usuarios particulares «planes de facilidades de pago para cancelar las deudas», con una tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco Nación y un plazo mínimo de seis cuotas.
Para las empresas de servicios públicos, en tanto, se establece que cuando se facture «en un período consumos que exceden en un 75 por ciento el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación».
«Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio», remarca otro de los proyectos elaborados por Parrilli.
La tasa de interés por mora, igual que en el otro proyecto, no podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco Nación.
En ese sentido, también se mantiene que la fecha del primer vencimiento de las facturas no sea anterior al día diez de cada mes.
Asimismo, «las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cuyas tarifas sufran variaciones estacionales en virtud del aumento en su consumo deberán adecuar las mismas a efectos que los usuarios abonen una suma promedio similar durante todo el año. Esta adecuación no podrá generar ningún tipo de recargo ni interés».
Tanto las sanciones por incumplimiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios como los planes de pago, son similares en ambos proyectos de ley.
«En ningún momento ningún usuario no paga porque no quiere, sino porque no puede», dijo Parrilli al presentar las iniciativas.
El senador neuquino agregó que «muchas veces estas empresas de servicios aplican las moras por los cargos» y que la iniciativa busca «hacer algo de equidad».
«Estamos evitando que algunos abusadores del poder le metan las manos en el bolsillo a los trabajadores», destacó Parrilli.
Además, recordó que «el gobierno de (el ex presidente de la Nación, Mauricio) Macri le permitió a los bancos y a las financieras que pusieran las tasas que quisieran».
Desde la oposición, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado, del interbloque de Juntos por el Cambio, le reclamó al oficialismo que «limite su aprehensión desmedida contra las empresas privadas».
En ese sentido, dijo que el Gobierno está «generando un fuerte aliciente para que los usuarios no paguen como corresponde porque termina siendo mejor no pagar que pagar con mora».
«No estamos haciendo una defensa para que las empresas ganen ilimitadamente. Pero estos proyectos perjudican a los usuarios porque están desfinanciando a las empresas», advirtió Rodríguez Machado y comparó estas iniciativas con el cierre de las exportaciones de carne, al argumentar que con esa decisión «el país perdió credibilidad en el mundo, cerraron los frigoríficos y siguieron aumentando los precios».
Por último, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que con estas iniciativas «se trata de poner un poco de racionalidad del sistema financiero y que no siga siendo uno de chorros y corruptos que roban al pueblo argentino y luego fugan».
