Dieciséis diputados provinciales, entre ellos los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, emitieron un comunicado, en el marco de una convocatoria abierta a presidentes y presidentas de los bloques legislativos, ante la situación que atraviesa el Gran Rosario en particular y es extensiva a todo el territorio provincial.
«Expresamos nuestra preocupación por la creciente violencia urbana, que se ve reflejada en el aumento de homicidios dolosos, heridos de armas de fuego o blancas y ataques a domicilios y entidades públicas. Y hacemos llegar nuestra solidaridad a quienes resultan víctimas de estos ataques e intimidaciones».
«Solicitamos al gobernador la urgente convocatoria a los bloques parlamentarios de ambas Cámaras y a la Junta Provincial de Seguridad, tal como lo establece el decreto 024/15 y conforme a lo requerido en las comunicaciones 37400 y 40278 aprobadas por esta misma Cámara y remitidas al Poder Ejecutivo, o el ámbito institucional que se considere adecuado para garantizar la convocatoria y articulación de los tres poderes del Estado santafesino y otros actores institucionales relevantes a los fines de consolidar el trabajo permanente y sostenido en materia de seguridad».
«Reclamamos la puesta en marcha de un plan de contingencia que permita desplegar en el territorio todos los recursos humanos y de equipamiento con los que cuentan las fuerzas provinciales de seguridad. Sugerimos la conformación de una mesa permanente de trabajo de asuntos penitenciarios a efectos de la coordinación entre los ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad».
«Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional el refuerzo de la presencia de fuerzas federales en nuestra provincia y se informe con claridad la cantidad de agentes que desempeñan funciones en nuestro territorio, así como las tareas que cumplen los mismos. Asimismo, consideramos fundamental la planificación de tareas y de recursos a través de un comando unificado permanente. Al mismo tiempo, solicitaremos una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación».
«Planteamos al Poder Ejecutivo la necesidad que se ejecute de manera urgente lo aprobado en el Presupuesto 2021 para seguridad pública y servicio penitenciario, así como los recursos extraordinarios remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional».
«Expresamos nuestro compromiso para abordar en forma urgente y trabajar mancomunadamente con el Poder Ejecutivo para generar los consensos necesarios en torno a las modificaciones legislativas sobre los cambios estructurales con implicancias en el mediano y largo plazo que están en debate o las que puedan proponerse».
«Sostenemos la necesidad de fortalecer las estructuras de investigación y persecución de delitos como el lavado de activos, comprometiéndonos en el debate presupuestario 2022 a hacer hincapié en este objetivo. Esta Comisión se encuentra abierta al diálogo con vecinos e instituciones de los barrios y las ciudades que enfrentan a diario esta realidad y cuya participación es fundamental para las soluciones que se propongan».
«La complejidad de la situación y el dolor y el miedo que atraviesan a gran parte de nuestra sociedad requieren de la respuesta unánime de todos los poderes del Estado y, con esa responsabilidad, reiteramos nuestra disposición al trabajo conjunto».
Los diputados integrantes de la Comisión que firmaron el comunicado fueron Juan Cruz Cándido, Gabriel Chumpitaz, Lionella Cattalini, Sergio Basile, Pablo Pinotti, Lucila De Ponti y Amalia Granata. Otros firmantes fueron los legisladores Pablo Farías, Joaquín Blanco, Fabián Palo Oliver, Marcelo González, Matilde Bruera, Agustina Donnet, Carlos Del Frade, Julián Galdeano y Mónica Peralta.
