La industria informática en Argentina expone una realidad con facetas contrapuestas: por un lado, atraviesa un momento de expansión y desarrollo, posicionándose como una de las mayores generadoras de divisas y demandante de empleo calificado, pero al mismo tiempo, en muchos casos ofrece salarios iniciales fuera de convenio que rondan los 30 mil pesos. En ese contexto, emerge el reclamo de una entidad con reciente personería gremial que pide reconocer a estos trabajadores en un convenio colectivo. Un sector del gobierno nacional reconoció la expansión de esta rama vital dentro de la Economía del Conocimiento, pero a su vez consideró que no hay lugar para la sindicalización.
Se trata de profesionales que ofrecen servicios de desarrollo y mantenimiento en sistemas para grandes empresas y que, en muchos casos, trabajan fuera de un marco regulatorio laboral, es decir, negocian su salario directamente con el sector de Recursos Humanos. Si bien para este tipo de vacantes las empresas demandan recursos con alta formación intelectual, los sueldos terminan siendo un espejismo de lo que recibirían por el mismo trabajo en otros países. Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC), sindicato con personería jurídica lograda hace poco tiempo, sostienen que los sueldos que pagan, incluso las grandes corporaciones para los más avanzados, orillan los mil dólares, cuando cualquier empresa extranjera que los contacta desde afuera para trabajar en modalidad remota puede ofrecerles hasta 3 mil dólares.
En diálogo con El Ciudadano, Ezequiel Tosco, titular de AGC a nivel nacional, profundizó sobre los reclamos que reciben a diario por parte de profesionales con o sin experiencia, que trabajan para importantes firmas, pero perciben bajos ingresos y, en muchos casos, deben cubrir su propia obra social. Desde el sector manifestaron su enojo con parte del gabinete de Alberto Fernández, específicamente con el Ministerio de Producción, ya que consideran que “ampara la ilegalidad de estas empresas”.
En medio del reclamo que cada vez cobra más fuerza, tanto el ministro de Desarrollo Productivo Kulfas como la subsecretaría de Economía del Conocimiento, María Apólito, rechazan abiertamente la idea de que el desfasaje en salarios pueda resolverse con sindicalización. Aunque por otra parte, la propia Apólito reconoce que hay 9 mil puestos vacantes en el sector. Se da la contradicción de que emerge un rubro productivo en expansión, con potencial para el crecimiento, pero con reglas laborales propias que posibilitan la precarización y dan lugar a la fuga de intelecto.
Estas empresas continúan en expansión en Argentina y representan uno de los rubros con mayor potencial exportador por detrás del complejo agroindustrial y el automotriz. Cuentan con beneficios impositivos (como descuentos en la tasa de impuesto a las ganancias y exención del pago en derechos de exportación) con el objetivo de estimular su crecimiento y la contratación de personal. Entre ellas figuran Globant, Tiendanube o Mercado Libre. Pero también existen aquellas que establecen un contacto con trabajadores argentinos y les ofrecen un sueldo en dólares para una tarea remota. Un fenómeno que desde la Asociación Gremial de Computación consideran tiene lugar a partir de la mala remuneración que existe en Argentina.
Más allá de si esta situación genera o no una competencia desleal con quienes operan en territorio nacional, expone dos realidades: por un lado, que esos contratos laborales en dólares resultan ser más tentadores que la oferta de las empresas que operan en el país. Por otra parte, ofertas laborales superadoras que captan intelecto local pueden posibilitar una fuga de recurso humano valioso formado en nuestro país.
El área de Producción no interviene
Todas estas cuestiones emergen a partir de la realidad que atraviesa a un sector con potencial para dinamizar a la economía y con sus propias reglas a la hora de captar recursos humanos. La oferta laboral se encuentra en expansión, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de pedirle a las empresas que paguen lo que corresponde. Consultada sobre el tema, la subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación, María Apólito, consideró que sindicalizar a los trabajadores no soluciona el problema y habló de apelar a “otras lógicas”.
En declaraciones a EldiarioAr, la funcionaria manifestó: “Creo que no se puede resolver sindicalizado o con sindicatos y gremios como los que estamos acostumbrados, por así decirlo. Me parece que tenemos que tener una lógica distinta, donde claramente los derechos tienen que estar respetados y protegidos”.
Esta declaración que representa la postura del Ministerio de Producción respecto al tema, responde al reclamo que vienen presentando desde la Asociación Gremial de Computación (AGC). La entidad consiguió la personería gremial hace un año y esperan que el Ministerio de Trabajo convoque a una paritaria para empezar a discutir desde cero un convenio colectivo para las y los profesionales informáticos.
“Asimetría entre el trabajador y el empresario”
En declaraciones a este diario, Ezequiel Tosco, titular de ACG a nivel nacional, explicó: “Acá se da una asimetría entre el trabajador y el empresario, cuando un joven de 18 años entra a trabajar en Global, lo ataja una gerenta de Recursos Humanos y le saca lo que quiere. Esos chicos están entrando a trabajar por 30 mil pesos o menos”.
Pero el desfasaje no se da exclusivamente para el caso de quienes recién ingresan al mercado. Es que quienes perciben ingresos altos en comparación con cualquier otra rama laboral, siguen quedando en desventaja. En ese sentido, el titular del gremio de informáticos detalló: “También tenés a los trabajadores Senior, que tienen un conocimiento amplio, acá supuestamente están bien pagos, con sueldos cercanos a los 200 mil pesos, una suma que representaría 1000 dólares, mientras que empresas que los contratan de afuera y les depositan en el exterior les pagan cerca de 3 mil dólares”.
Efectos colaterales de la precarización
Estas diferencias también propician la fuga de talento nacional, facilitando a otros países captar recurso humano valioso sin la necesidad de formarlo inicialmente. También se da el caso de profesionales que terminan prestando su servicio para otras otros rubros que requieren tareas informáticas y donde terminan siendo empleados bajo un convenio colectivo con piso salarial, obra social y horas extra.
Desde el flamante gremio destacaron la predisposición del presidente Alberto Fernández y recuerdan que el decreto en el que se les asignó personería gremial fue durante su primer año de mandato. Con el área de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas y con la subsecretaría de Economía del Conocimiento a cargo de María Apólito la relación viene más tensa, y los acusan de “amparar a las empresas tecnológicas que desconocen el gremio”.
Desde ACG insisten con que haya un equilibrio entre el desarrollo de la Economía del Conocimiento y la protección de los derechos laborales para cuidar el trabajo argentino y evitar la fuga intelectual. Pero consideran que, por ahora, desde Producción están priorizando las demandas de la Cámara Argentina de la Industria del Software, entidad que reúne a las empresas de desarrollo más importantes, que según sostuvo Ezequiel Tosco, “propician el trabajo monotributista para evadir impuestos”.
