El día de cambio de estación, el 21 de septiembre pasado, organizaciones ambientales pidieron al gobierno de Santa Fe y a la Municipalidad de Rosario que denuncien penalmente al gobierno de Entre Ríos por los incendios en las islas del Delta del Paraná que están, en alto porcentaje, bajo jurisdicción de esa provincia, y que tras la devastación a lo largo de todo 2020 continúan este año sin mitigación ni identificación de responsables ni prevención por parte de las autoridades pertinentes. Este jueves, el fiscal de Estado entrerriano intentó responder con una sentencia de máxima, que resumida es, en sus palabras: «Entre Ríos no tiene ninguna responsabilidad jurídica» por el ecocidio en los humedales. Un día después, los colectivos contestaron uno por uno los argumentos expuestos por el funcionario: «¿En serio…?, lo interpelaron sobre cada una de sus aseveraciones, con datos contundentes que las ponen en entredicho.
Julio Rodríguez Signes es el fiscal de Estado de Entre Ríos. Su cargo lo obliga a velar por el patrimonio de la jurisdicción, más allá de dónde vivan quienes eventualmente atenten contra él. Sin embargo, una de las justificaciones que incluyó en el texto que divulgó esta semana fue que, en una de las causas federales abiertas por los incendios, «la mayoría de los imputados son de Rosario». No es tan así, porque los hay residentes en su provincia, en Santa Fe y en Buenos Aires. Y al margen de los domicilios, el gobierno del distrito afectado debe accionar si se comete un delito dentro de sus límites.
Un primer acuse de recibo fue el del intendente de Rosario, Pablo Javkin. “Necesitamos que los funcionarios encargados de investigar los incendios en las islas busquen a los responsables y no se dediquen a las declaraciones periodísticas, porque sino este problema va a seguir ocurriendo”, afirmó.
La Multisectorial Humedales de Rosario (MH), que cursó el pedido de acción judicial contra Entre Ríos junto a su par Salvemos los Humedales de Villa Constitución, le respondió después largo a Signes, abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral. «El 83% del Delta del Paraná son humedales entrerrianos. ¿No es motivo suficiente para hacerse cargo?, arranca el comunicado del colectivo ambiental.
El fiscal de Estado derivó todo el compromiso a los rosarinos, ya sea empresarios que explotan tierras en islas entrerrianas, como visitantes ocasionales que cruzan a remo desde Rosario para pasar un rato del otro lado del canal del Paraná. «Llevamos más de 50 mil focos de incendio y más de un millón de hectáreas quemadas. ¿En serio cree que vamos a creer que esto es causado por kayakistas que se olvidan un fogón prendido?», ironizó la MH en su comunicado.
Y respecto a las causas judiciales abiertas por las quemas, el colectivo rosarino agregó que el domicilio legal de los sospechados de iniciar el fuego no exime de responsabilidad al Estado donde se cometen los delitos a investigar y sancionar. Hay rosarinos, admitieron sobre la justificación de Signes, algunos incluso usurpadores de terrenos con causas judiciales abiertas; pero también entrerrianos y de otras provincias.
«Son ustedes los que no controlan, no multan, no ven, no encuentran, no apagan y encima habilitan actividades productivas sobre la tierra arrasada», rechazó la MH las justificaciones del fiscal de Estado. Sobre eso, lo que para las autoridades entrerrianas es invisible no lo es para el resto: el uso de la tierra para actividades expresamente prohibidas en esos territorios frágiles está ampliamente documentado en fotos, desde hace años, sin que se revierta pese a las reiteradas denuncias públicas. Las imágenes que siguen atestiguan que se sabe, incluso con nombre de la empresa, del titular y datos catastrales, pero no se hace.
Una de las causas de los incendios es la práctica de renovación por el fuego de pastizales para alimento de ganado. La actividad pecuaria en las islas es de muchos años, ese método también. Pero en los últimos tiempos, la escala hizo la diferencia. Lo que antes era ambientalmente sustentable ya no lo es. El avance de las fronteras agrícolas, en particular para el cultivo de soja transgénica, desplazó la cría y engorde hacia, entre otros paisajes, los humedales en particular, y las quemas se descontrolaron. Los preceptos de un uso del suelo compatible con el paisaje quedaron en el tintero, y las consecuencias están a la vista.
Sobre este punto, la MH volcó una estimación basada, a falta de precisiones oficiales, en información proveniente de puesteros y conocedores de las islas. La recopilación de datos es contundente: de las entre 120 y 180 mil cabezas de ganado estimadas en 2000, se pasó a unas 868 mil en 2006 y cerca de un millón hoy, señala la organización ciudadana en su pedido de denuncia penal.
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Hacer cumplir las normas de uso del suelo, ya de por sí obsoletas, es la exigencia de la MH ante la «no responsabilidad» esgrimida por el fiscal de Estado entrerriano. «Eso sí, hay que enfrentar grandes poderes económicos y grandes lobbys. Hay que tener ganas de construir sin ignorar la crisis climática. Si son cómplices o simplemente no se animan o no les sale, si no están dispuestos, dejen espacio para quiénes sí», refutan el corrimiento de incumbencias.
Y sigue el texto, sobre el mismo tópico: «La relación entre la administración provincial de Entre Ríos y la presencia del fuego son las actividades y emprendimientos irregulares e ilegales que abrieron y habilitaron en el territorio». No solo las explotaciones pecuarias, que implican la construcción de terraplenes ilegales modificatorios de los patrones de escurrimiento de agua y que atentan contra la fauna ictícola. También las agrícolas y las inmobiliarias.
«Esas son las actividades que generan el fuego y la destrucción del futuro», recalcan desde la MH. No la bajante del río ni otras condiciones del ambiente, «que no encienden el fósforo».
