Diez hombres y una mujer quedaron acusados de encubrimiento agravado en el marco de una investigación que demandó 23 operativos simultáneos para desbaratar a una banda dedicada a adulterar y comercializar celulares robados en la capital provincial. La pesquisa demandó más de dos meses de medidas y está a cargo de la fiscal María Gabriela Arri. Los procedimientos fueron el miércoles en viviendas particulares y comercios donde los uniformados secuestraron cerca de 500 móviles junto 26 aparatos que se utilizan para “flashear” –desbloquear– los dispositivos robados. Este domingo se llevará adelante la audiencia de prisión preventiva y la fiscal adelantó que pedirá el encierro preventivo para siete de los imputados.
La funcionaria explicó que la imputación de este viernes fue para diez hombres y una mujer por ocultar, adulterar y comercializar teléfonos celulares robados. “Les atribuimos el delito de encubrimiento agravado”, precisó la fiscal y aclaró que “la calificante es porque realizaban la actividad ilícita con habitualidad, con ánimo de lucro y sin contar con la habilitación correspondiente para hacerlo”.
Arri dijo que la investigación llevó más de dos meses de trabajo que incluyó cruce de información de al menos cuatro fuentes: las denuncias realizadas en la Policía por las víctimas a los que les sustrajeron algún teléfono celular; informes solicitados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) acerca del IMEI – por el número y titularidad de los dispositivos–; listados actualizados de comercios habilitados por la municipalidad para la venta de celulares; y trabajo de campo realizado por personal del departamento Complejas 1 de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Con todos esos datos, ordenamos tres allanamientos y 20 inspecciones judiciales en la ciudad de Santa Fe”, puntualizó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el marco de esas diligencias, fueron detenidas 16 personas, cinco de las cuales recuperaron su libertad y las otras 11 son las que fueron imputadas este viernes por la mañana”, agregó.
Además, Arri valoró que “se secuestraron 449 teléfonos celulares, 7 notebook y 3 pendrive”. También subrayó que fueron encontradas 26 dispositivos llamados box o máquinas de flasheo, las cuales se usaban ilegalmente para el formateo e instalación del software del teléfono y para la liberación de IMEI de los celulares.
“Los inmuebles en los que se llevaron a cabo los allanamientos y las inspecciones judiciales funcionaban como locales comerciales –muchos de ellos sin habilitación– de venta y reparación de celulares”, señaló la fiscal. “En esos lugares, y a sabiendas de su procedencia ilícita, los imputados tenían los dispositivos a los que les modificaban el IMEI con el fin de percibir una suma de dinero”.
La fiscal contó que funcionarios de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe «se contactaron con la Fiscalía para solicitar información que le permita avanzar en actuaciones administrativas relacionadas a los locales comerciales inspeccionados y allanados”.
La audiencia imputativa fue presidida por el juez Sergio Carraro que tuvo por formalizada la sindicación fiscal. Este domingo se llevará adelante la audiencia de medida cautelar y la fiscal adelantó que pedirá la prisión preventiva para siete de los imputados, describieron voceros del MPA.
