La Justicia chilena aceptó hoy la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera debido a la publicación de los Pandora Papers sobre negocios en paraísos fiscales que lo involucra, mientras se debate la posibilidad de que sea sometido a un juicio político a sólo meses de las elecciones y del fin de su mandato.
«El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera», informó en un comunicado el Poder Judicial de Chile.
El mandatario está acusado de participar en la venta de la empresa Minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, lo que supondría un conflicto de intereses, que Piñera no obstante descartó.
Luis Mariano Rendón, un abogado y activista ecológico, interpuso formalmente una querella en la que lo acusa del delito de «negociación incompatible» ya que «el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora».
«Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias», afirmó Rendón en una conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Sputnik.
Pero en paralelo, la Fiscalía también abrió hoy una investigación penal en su contra por la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, operación por la que apareció en los Papeles de Pandora, que el gobierno repudió horas más tarde.
«El fiscal nacional Jorge Abbott, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los ‘Pandora Papers’ y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera», informó la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Herrera indicó que «el fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido que en su momento los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación».
La pena por cohecho conlleva cinco años de prisión, precisó Herrera, quien agregó que dada «la gravedad de los hechos investigados», la causa estará a cargo de una fiscal regional, en vez de uno local. Abbott designó a Claudia Perivancich, de la región de Valparaíso.
El gobierno rechazó enfáticamente la medida por considerarla «difícil de comprender».
«Respecto a la decisión anunciada por el Ministerio Público de iniciar una investigación sobre la compraventa de Minera Dominga, realizada en el año 2010, la Presidencia de la República reitera que existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera», indicó el Gobierno en un comunicado que recoge el diario local La Tercera.
Además, la presidencia insistió en que «nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto».
«Los antecedentes de la venta de la participación de Minera Dominga, en la cual miembros de la familia del presidente -al igual que muchos otros inversionistas- tenían una participación indirecta y no controladora, están incluidos en la carpeta de investigación, mediante correos electrónicos y del documento denominado ‘Acuerdo’, tanto en forma digital como impresa», añadió.
Estos argumentos se relacionan con la consideración de la Fiscalía de que «el contrato en inglés, suscripto en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que es un antecedente nuevo» y de que «los hechos relacionados con la compraventa de la minera no está expresamente incluidos en la decisión» anterior del Poder Judicial.
En medio del escándalo desatado por la investigación periodística conocida como Pandora Papers, el mandatario afirmó el pasado lunes que en la venta de la minera “se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile”, que la operación no le fue «consultada” y que en la venta “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.
Sin embargo, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que en Chile depende del mismo presidente.
Piñera alegó que nunca supo de esta transacción y que al asumir el cargo entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.
Además del frente judicial, la bancada de diputados de oposición anunció que la próxima semana presentará una acusación constitucional (juicio político) en su contra.
Si bien el texto todavía no está redactado, el diputado socialista Jaime Naranjo. explicó que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria».
El presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, en tanto, rechazó hoy la iniciativa.
«No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno dice algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República”, refirió en diálogo con el canal local CNN Chile.
Respecto a la votación de la Cámara baja, Macaya adelantó que “la suerte está un poco echada”.
