La investigación por lavado de activos a través por Sociedades por Acciones Simplificada (SAS), una figura creada por el macrismo con laxos controles, asentada en la Justicia federal de Santa Fe ciudad es un desprendimiento de una pesquisa que tuvo entre otros involucrados a Lorena Guadalupe Melgarejo y Claudio Andrés Casco, a raíz del fallido aterrizaje de una avioneta con droga. Según la acusación, son unas 32 sociedades y unas 15 personas físicas que participaron en un entramado que emitió más de 8.500 facturas por un monto superior a los 731 millones de pesos. A ello se agrega que, en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Walter Rodríguez, algunas de esas SAS fueron creadas en sociedad con integrantes del clan Cantero, que lidera la banda de Los Monos desde hace dos décadas, según informó el año pasado ante una comisión del Congreso Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, basado precisamente en la investigación de Rodríguez. Una reforma a esta norma, que suspende la creación de SAS, tiene media sanción en el Senado, pero está trabada en Diputados.
El 22 de febrero del 2020 desde Paraguay ingresó de manera irregular al territorio argentino una avioneta transportando una cantidad indeterminada de droga que terminó estrellándose en un camino público ubicado en jurisdicción de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Estimaron que el destino de la aeronave podría ser cercano a Venado Tuerto, Santa Fe o Rosario.
La investigación del fiscal Rodríguez detectó que Casco y Megarejo, quienes se mantienen prófugos, tuvieron participación en el caso de la avioneta con otros actores, incluido personal policial que encubría estos grupos delictivos. A su vez se determinó que ambos formaban parte de un conglomerado de sociedades del mismo tipo que presentaba características similares y entrelazadas entre sí, lo que derivó en una nueva investigación. Para el fiscal, hay dos hechos delictivos que están conectados. Por un lado la utilización de sociedades comerciales, puntualmente SAS, como vehículos financieros con el objetivo de blanquear el dinero ilícito originado en el narcotráfico y la existencia de una asociación ilícita tributaria.
Además se verificó un hilo conductor entre Casco y Melgarejo, sus socios en distintas personas jurídicas y Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos. Para el fiscal, el encarcelamiento de los referentes del negocio del narcotráfico, el reordenamiento del negocio ilegal y sus mecanismos para legitimar activos ilícitos pudieron generar la selección de otra variante para blanquear activos y se planteó la hipótesis de la utilizacion de SAS o SRL y cuentas bancarias asociadas.
Para el fiscal Rodríguez, entre marzo 2018 y abril de 2020 se conformaron sociedades destinadas a cometer delitos tributarios indeterminados a través de Sociedades por Acciones Simplificadas y personas físicas que en su conjunto emitieron 8.544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos, a pesar de no tener capacidad operativa, técnico-económica y financiera que beneficiaron a 1.381 contribuyentes en distintos puntos del país.
Hay una primera tanda de integrantes que formaron la etapa constitutiva de las SAS y una segunda que se dedicó a materializar la emisión de facturas apócrifas. Para el fiscal, hay una asociación ilícita de alcance interjurisdiccional dedicada a la creación de “usinas de facturas apócrifas”, integrada por personas físicas y jurídicas.
La prueba del caso permitió reconstruir la existencia de una red de relaciones entre ellas, a partir la repetición de socios en las distintas sociedades, sus administradores, representantes legales. También las direcciones IP utilizadas para emitir facturas se repiten y el uso de las firmas digitales o electrónicas. En el caso de las primeras se detectó la utilización de un sistema conocido como Proxy para redireccionar la IP, es decir que a través de un procedimiento informático simulaban la real dirección o número de identificación del usuario. Mientras que otra parte de la facturación se hacía desde una IP sin Proxy y se identificaron 4 direcciones de IP de las que se emitían facturas electrónicas.
Según se determinó en la pesquisa, el capital social no era compatible con la naturaleza y características de las actividades declaradas en el objeto social. Según Afip, estas empresas no contaban con personal ni bienes muebles o inmuebles para llevar adelante la actividad denunciada ni contaban con acreditaciones bancarias que guarden relación con la facturación. Además algunos de los domicilios comerciales son inexistentes y otros no tienen vinculación con la actividad objeto de la firma.
La investigación concluyó que algunos domicilios ubicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, tienen vinculación con posibles puntos de venta de droga al menudeo, asociados con la banda de Los Monos. A modo de ejemplo se citó el domicilio ubicado en Melián al 6400, en barrio La Granada, vinculado con el clan Cantero.
Para la Fiscalía, se puede inferir que se utilizó dinero proveniente del narcotráfico para la constitución de estas firmas o para la adquisición de cuotas societarias y no se constató actividad lícita en ellas. A lo que sumó la disponibilidad de importantes sumas de dinero, por ejemplo la constitución de plazos fijos sin tener como justificarlos.
Creadas para delinquir
La investigación detectó 32 sociedades de acciones simplificadas y 15 personas físicas que emitieron facturas en estas condiciones. La herramienta preponderante que se utilizó para crear estas “usinas de facturas apócrifas” fueron las Sociedades de Acciones Simplificada, describe Rodríguez.
“Las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) son un fraude; se crean en 24 horas, se usan y se tiran. Son un modelo para enmascarar sociedades ficticias”, dijo en septiembre del año pasado Nissen ante la comisión Legislación General de la Cámara de Diputados.
“La normativa regulatoria de las SAS ha recibido severos cuestionamientos por constituir un instrumento con potencialidad para ser utilizado con fines ilícitos, en tanto habilita su creación en el plazo de 24 horas a partir de requisitos simples y exiguos, empleando para ello estatutos modelos, previendo un trámite expedito de muy bajo costo, y requiriendo un capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, del cual sólo se exige la integración del 25 por ciento al momento de la constitución”, agregó Nissen, leyendo la resolución del juez federal Marcelo Bailaque por la que ordenó más medidas para desentrañar el fraude que permite esta figura.
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Nissen habló en total de tres causas penales en curso que dan cuenta de la matriz delictiva que venía oculta detrás de la ley para emprendedores: el caso de un ex funcionario macrista, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra; la causa por lavado de dinero vinculada con Los Monos en Santa Fe, y otra pesquisa penal en Córdoba que investiga una asociación ilícita fiscal que generaba SAS (al menos 16 detectadas) para emitir facturas apócrifas que luego eran vendidas a diferentes empresas.
Según la página de Afip, las sociedades por acciones simplificadas son un tipo societario establecido por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor que tiene como objetivo principal propiciar la actividad emprendedora y de generación de capital en el país, así como su expansión internacional. Esta figura que fue creada durante el 2017 en el mandato del presidente Mauricio Macri permite constituir sociedades de manera rápida, simple y a menor costo. Pero el control sobre estas sociedades parece no fue el adecuado, según denunciaron en repetidas oportunidades legisladores opositores al macrismo.
La Fiscalía destacó los severos cuestionamientos que tuvo esta figura y su potencialidad para ser usado con fines ilícitos, ya que pueden crearse en 24 horas con requisitos simples y exiguos, a muy bajo costo y con un capital mínimo. A lo que se sumó la falta de control de estas sociedades.
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