Un reclamo administrativo por un ascenso frustrado en el escalafón del Ejército permitió fundamentar un pedido de elevación a juicio oral y público por parte de una unidad fiscal federal de Rosario, en una causa en la cual se investiga un robo, ocurrido en 1984, de documentación sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar que se encontraba en un juzgado provincial.
Se trata de materiales que habían sido recolectados por la delegación local de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y que aportaban datos sobre la investigación que se seguía a Agustín Feced, ex jefe policial de la ciudad en tiempos del terrorismo de Estado.
El requerimiento fue formulado por el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate, y los imputados son el ex jefe del destacamento de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército Héctor Fructuoso Funes y su segundo en ese destacamento Luis Américo Muñóz.
«Se trata de una causa que demuestra la capacidad que tenía el aparato represivo para neutralizar las investigaciones y ejercer presión sobre las instituciones de la democracia cuando empezaban las instrucciones de las causas por violaciones a los derechos humanos», señaló Villate en declaraciones a Télam.
Muñóz está acusado como autor y Fructuoso Funes como partícipe de este robo que se cometió el 8 de octubre de 1984 en la sede del juzgado de instrucción número 10 de Rosario, un hecho que se produjo días después de que la Conadep concluyera su etapa de compilación de información y testimonios que sería luego parte del informe «Nunca Más».
Esos elementos se aportaban a las investigaciones judiciales sobre crímenes de la dictadura que se desarrollaban en los primeros meses de la democracia.
Según la acusación, en horas de la madrugada, Muñóz irrumpió al mando de un grupo de tareas en el edificio de los tribunales provinciales, ubicados en la calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini.
Los asaltantes les quitaron las armas a los policías que custodiaban el edificio y los encerraron en una habitación, de donde fueron liberados por el personal del juzgado en horas de la mañana.
Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas, fotos, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio.
Fuentes de la Fiscalía de Rosario indicaron que había «organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con precisiones de personas componentes de los mismos, con nombres y apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión».
En el legajo de Muñóz que fue analizado por la Fiscalía Federal de San Nicolás se hallaron reclamos elevados por el entonces militar ante las autoridades del Ejército, el ministerio de Defensa y el presidente Raúl Alfonsín en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
En esa notificación, Muñóz pedía que se revisara la calificación de apto «para continuar con su grado» que le impedía acceder al rango de coronel.
El militar dio cuenta entonces de su participación en dos «operaciones especiales de inteligencia» en las que participó como integrante del destacamento 101 del Ejército.
Sin dar mayores precisiones y de forma elíptica, Núñez afirmó en esos documentos que en 1983 participó de «un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales, en forma previa a las elecciones presidenciales».
«Durante el desarrollo del operativo advertí que habían variado en forma significativa las previsiones iniciales, consecuentemente ordené suspenderlo tal como lo fijaba el plan inicial. No obstante, mi resolución, recibí orden de continuar», relató el militar.
En esos días, en Rosario, efectivos de las fuerzas conjuntas del Ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires planificaron y ejecutaron los secuestros y ejecuciones de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi.
Muñóz fue condenado por esos hechos, pero resultó absuelto por un fallo de Casación que el Ministerio Público Fiscal de Rosario apeló.
En la documentación relevada por la Fiscalía de San Nicolás, se consigna que Muñoz se refirió además a un segunda operación, realizada en 1984, que «consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial».
«Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido. Permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos», afirmó el militar.
Para Villate, la finalidad de Muñoz era «aliviar la presión judicial sobre los efectivos del II Cuerpo que habían sido denunciados ante la Conadep y enviar un mensaje a sus superiores en relación a la información que manejaba sobre la represión ilegal».
En 1991, y durante el gobierno de Carlos Menem, el Senado de la Nación avaló finalmente el ascenso a coronel de este militar, hoy retirado, que ahora deberá responder ante la Justicia por un hecho que este año fue declarado «imprescriptible» por la Cámara de Casación Penal.
