El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, anunció este jueves que se decidió el desplazamiento del titular de la Jefatura de la Policía de Rosario, la Unidad Regional II. El movimiento es singular: el funcionario removido, Luis Maldonado, pasará a desempeñarse en la Oficina de Gestión Judicial, y el lugar que ocupaba será cubierto nada menos que por la jefa policial de toda la provincia, Emilce Chimenti. Y el gobierno aclaró que lo hará sin dejar de conducir la fuerza de seguridad.
Como subjefe de la UR II continúa Marcelo Mendoza, quien está en el cargo desde hace solo tres semanas. Chimenti «se instala en la Unidad Regional II, y se va a encargar de los temas de la unidad sin abandonar su otro cargo», explicó el ministro Lagna en una entrevista radial que aprovechó para hacer el anuncio de los cambios, luego comunicados oficialmente. Se trata del séptimo desplazamiento en la jefatura de la fuerza en Rosario durante la actual gestión. En promedio, la conducción de la misma dura apenas tres meses.
«Es para hacer ajustes necesarios. Lo hablamos mucho con ella (Chimenti) y con Germán Montenegro (secretario de Seguridad Pública de la provincia). Desde hoy, su oficina está en la Unidad Regional II junto con el director de Policía Marcelo Mendoza», agregó Lagna sobre la novedad.
Este último desplazamiento de un titular de la Policía santafesina en Rosario se comunicó horas después de una agitada movilización convocada por familiares del joven arquitecto de barrio Arroyito Joaquín Pérez, asesinado en un intento de robo a su auto, que derivó en insultos de alto tenor hacia el gobernador Omar Perotti y, en menor medida, el intendente Pablo Javkin. Ambos se hicieron presentes en la convocatoria, pero la pasaron mal. Gran cantidad de vecinos acudieron para protestar por la incesante saga de hechos violentos que asolan la ciudad, que van desde delitos menores hasta ataques letales. Las reacciones de los presentes fueron diversas, desde el virulento pero justo reclamo por mayor seguridad ciudadana hasta aislados reclamos de mano dura con reenvíos a la última dictadura militar.
Lagna se refirió, junto con los anuncios, al caso puntual de Pérez, una víctima de la violencia sin sentido que desató, más que otras, o como umbral de tolerancia, el descontento ciudadano. «Pienso que los autores del crimen de Joaquín se tienen que pudrir en la cárcel», intentó el ministro sintonizar con los estados de ánimo de muchos rosarinos. Y, como en anteriores ocasiones, interpeló a otro Poder, el Judicial. «No es fácil el hecho de Joaquín. La sociedad necesita respuestas del Estado. Hay dos disparos de armas diferentes, calibre 38 y 40. Se abandona el arma y la pistola. El fiscal (Adrián) Spelta podría explicar a la comunidad. Es hora de empezar a hablar», arremetió el funcionario del Gabinete.
