El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, ya está en condiciones de definir la situación procesal del expresidente Mauricio Macri en la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero todo indica que eso no ocurrirá hasta después de las elecciones legislativas por las medidas que el propio magistrado dispuso en el caso.
El próximo viernes, además, está previsto que se desarrolle la audiencia presencial para que la defensa del exmandatario exponga ante la Cámara Federal de Mar del Plata los motivos por los cuales considera que el juez Bava no debe seguir al frente de la investigación.
Como parte de su estrategia defensiva, Macri también busca llevarse la causa a Comodoro Py donde su defensa se presentó el pasado 19 de octubre con un planteo de inhibitoria para que los tribunales de Retiro le reclamen el expediente a la justicia federal de Dolores bajo el argumento de que esa es la jurisdicción que debe intervenir ante conductas que se le imputan a quien condujo la Casa Rosada.
El planteo quedó en manos del juez Ariel Lijo quien ya tenía uno anterior en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de las bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia, causa de la cual se desprendió la del supuesto espionaje a los familiares de los submarinistas del San Juan.
Testimonios pedidos por la defensa de Macri
Esta semana, en Dolores, el juez Bava recibirá testimonios pedidos por la defensa de Macri en la indagatoria en la que el expresidente se negó a declarar, presentó un escrito y chicaneó al juez al enrostrarle un supuesto apuro por procesarlo antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.
El magistrado convocó al exministro de Defensa Oscar Aguad para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana; mientras que una hora más tarde le recibirá testimonio al exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, según surge del fallo al que accedió Télam.
El juez también convocó como testigos, para el 11 de noviembre, al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati y al exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre, entre otros, para que declaren como testigos, bajo juramento de decir la verdad.
Bava hizo lugar también al pedido de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo (que integra la comisión de control de los organismos de inteligencia) declaren como testigos, aunque en sus casos recibirán un pliego de preguntas para responder, dadas sus respectivas funciones institucionales.
¿Qué podría surgir de los testimonios de Aguad, de Andreis, Cecati y Yofre?
La defensa de Macri apunta a demostrar como funcionaba la custodia del presidente y a que la Casa Militar informe cómo era el trabajo coordinado con la AFI, vinculado a la seguridad presidencial, del que habló la exsubirectora de la casa de espías Silvia Majdalani, en su indagatoria.
En su descargo, el exmandatario también se refirió a cuáles eran sus responsabilidades en relación a la política de inteligencia nacional y remarcó que «el Presidente de la Nación» no participa de la ejecución del plan estratégico que se diseñe en esa materia pero sí del trazado de los lineamientos y objetivos.
«El Presidente de la Nación participa de la actividad de inteligencia fijando los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional, conforme el artículo 12 de la Ley 25.520, siendo que corresponde a la Agencia Federal de Inteligencia formular el plan de inteligencia nacional, en sintonía con lo establecido en el artículo 13, inciso 1° de esa ley», sostuvo Macri en el escrito que entregó junto a su abogado Pablo Lanusse.
«Corresponde a la Agencia Federal de Inteligencia coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los titulares de las carteras de las áreas respectivas, como lo indica el inciso 5° del citado artículo 13», continuó.
«A partir de ello, es claro que el Presidente de la Nación no participa de la ejecución del mencionado plan y que la ley ordena a la Agencia Federal de Inteligencia la interacción con las fuerzas de seguridad a los efectos del cumplimiento de sus funciones, como ser la seguridad del titular del Poder Ejecutivo Nacional, que está a cargo de la Policía Federal Argentina cuando realiza un traslado dentro del país», concluyó el exmandatario sobre ese punto.
¿Le alcanza a la defensa de Macri con vincular el contenido de este expediente con la seguridad presidencial?
En principio, de estas testimoniales no se podría hallar repuesta a la totalidad de los supuestos hechos de espionaje porque, según surge del expediente, no abarcan solo los momentos previos a las reuniones entre Macri y los familiares de los tripulantes, sino que se repiten a lo largo de todo el período comprendido entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
Una primera respuesta sobre este asunto, de todas formas, la ensayó el propio juez Bava en la resolución con la que citó a indagatoria a Macri y procesó a Majdalani: «¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces?», se preguntó en referencia a las fotos que le tomaron a dos familiares en la Base Naval de Mar del Plata.
«Sostener que en estos hechos tan banales se encuentra en riesgo la seguridad nacional es de una peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país, debido a que cualquier persona puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia», concluyó el juez.
