La Justicia Federal de la ciudad de Santa Fe procesó sin prisión preventiva a 18 ex directivos del Mercado de Valores del Litoral (MVL) por omitir los controles –que debían ejercer en su calidad de garantes– que hubieran evitado que el dueño de Bolsafe Valores, Mario Rossini, estafara a más de 400 ahorristas. La decisión la tomó el juez subrogante del Juzgado Federal N°2 de la capital provincial, Marcelo Bailaque, quien también le trabó un embargo sobres sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos cada uno. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, de Walter Rodríguez y cuenta con la colaboración del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En su resolución, el juez Bailaque procesó a los 18 contadores y empresarios como partícipes necesarios de la defraudación por administración fraudulenta cometida por Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva.
También, acusó a siete de ellos como «partícipes necesarios del delito cometido por Mario José Enrique Rossini y María Mercedes Leiva, consistente en la captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores».
La Ley 17.811 –ya derogada- establecía que el Mercado de Valores del Litoral (MVL) debía controlar a los intermediarios financieros inscriptos en sus registros –entre los que se encontraba Bolsafe– y velar por la autenticidad de las operaciones bursátiles que se realizaran y la protección del público inversor.
Sin embargo, como lo señaló el juez en su resolución, las personas imputadas –desde las posiciones que ocuparon dentro del MVL- infringieron «su posición especial de garante al omitir en forma consciente, sus funciones de supervisión y disciplina sobre el agente bursátil Bolsafe Valores SB SA y su presidente Mario José Enrique Rossini y los demás directivos de la empresa, siendo el nombrado además presidente de la sociedad anónima BV Emprendimientos». Por esto, permitieron la continuación de las maniobras fraudulentas llevadas adelantes por Rossini y sus empleados a través de las sociedades mencionadas, desde septiembre de 2003 hasta diciembre de 2012, a pesar de haber tomado conocimiento de ello, y de contar con los recaudos eficaces para impedirlo.
Además se los sindicó de, a partir del 28 de diciembre de 2011, consentir «la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados Mario José Enrique Rossini y María Mercedes Leiva, agravada por el uso de medios de difusión masiva”.
El juez agregó en su argumentos que “el quiebre del deber que les era exigible se produjo al no ejercer sus facultades orientadas a velar por la transparencia del mercado, puesta a disposición del inversor de información adecuada, veraz y eficaz, actuación diligente y leal de los agentes de bolsa y la protección al público inversor. Todo ello en el marco legal del funcionamiento de un mercado autorregulado”.
Ello, explicó, “generó una desprotección patrimonial e indefensión en el público inversor, permitiendo el desarrollo y la continuidad de toda la operatoria de captación, despojo y transferencia realizada desde Bolsafe Valores hacia otra empresa controlada por Rossini –BV Emprendimientos–, que hacía las veces de sociedad de bolsa paralela operando en el mercado de capitales sin autorización”.
La resolución remarcó que los “integrantes del MVL realizaron una contribución, por omisión, sin la cual no habrían podido ser llevados a cabo los delitos cometidos por Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva: en los artículos 173 inciso 7 (defraudación por administración fraudulenta) y en el 310 (captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores), ambos del Código Penal”.
En ese sentido, consideró que “las personas imputadas que formaron parte del Mercado de Valores del Litoral S.A. ocuparon una posición de garante de control o supervisión con relación a la actividad desplegada por Mario José Enrique Rossini, Omar Rossini y Mercedes Leiva, sus socios, empleados y empresas vinculadas y la omisión consciente de esas funciones de supervisión da lugar a una intervención en los delitos correspondientes”.
Así, Bailaque destacó que “los garantes estaban obligados a supervisar la actividad (ilícita) de los coautores de los delitos en cuestión y, además, contaban con amplias facultades de control y disciplinarias para llevar a cabo su tarea. Por ello, entiendo que si los garantes hubiesen ejercido debidamente sus facultades de control, el delito no habría podido ser llevado a cabo tal como fue ejecutado”.
