En marzo pasado el directorio de la firma Guardati Torti SA, una agencia de bolsa, y su contador y a la vez síndico fueron imputados en libertad por una serie de maniobras ilegales realizadas en violación a los deberes que tenían a su cargo como administradores de la sociedad y responsables de la administración y custodia de fondos de terceros. Entre ellos, la utilización de activos que le habían sido confiados para administrar, los que utilizaban para hacer distintas operaciones sin el consentimiento de sus clientes. En esa oportunidad la Fiscalía especificó que las víctimas eran algo más de 40. Este jueves, el fiscal Sebastián Narvaja amplió la imputación contra los ocho directivos y el síndico: les achacó una administración fraudulenta en relación a 156 cuentas de clientes a quienes dejaron sin fondos luego transferir el dinero a otra sociedad por ellos controlada, GyP Plus, una corredora y acopio de granos que según la acusación tenía graves inconvenientes de fondeo incluso antes de la caída de Vicentin, default al que los acusados pretenden adosar sus dificultades para hacer frente a sus compromisos.
En forma remota y en sede fiscal Ángel Alberto Torti y Juan Carlos Guardati, principales directivos, igual que Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Marcela Torti, el resto de los directores titulares de Guardati Torti SA, además del síndico titular Gustavo Ricardo Rossi, fueron imputados en marzo pasado por un surtido de delitos. Entre ellos, había 42 denuncias por administración fraudulenta que presentaron ante la Justicia sus clientes.
La situación de default de Vicentin fue una de las justificaciones de la firma que no devolvió a sus clientes los fondos que fueron depositados en cuentas comitentes. Las personas físicas y jurídicas que resultaron perjudicadas habían firmado con Guardati Torti SA en su carácter de agente de liquidación y compensación (ALyC) contratos de adhesión denominados convenios de apertura de cuenta comitente.
Tras el conocimiento público de la crisis financiera y económica que atravesaba la empresa, los directivos emitieron comunicados diciendo que era una situación temporal pero la pesquisa penal avanzó tras las primeras denuncias. En el medio hubo allanamientos en cotizadas oficinas y viviendas en barrios residenciales: Madres de Plaza de Mayo al 3000, Jujuy al 1300, Salta al 1100, 9 de Julio al 0 y Tucumán al 700 de Funes.
También por orden de Narvaja en febrero de este año policías se incautaron del contenido de una caja de seguridad del Banco de Santa Fe. En su interior había 330 mil dólares que el juez Javier Beltramone ordenó devolver al considerar que se secuestraron en el marco de una «excursión de pesca», lo que generó que el fiscal lo recusara por parcialidad manifiesta, la que ejemplificó en amistad y lazos políticos con los abogados de los acusados. Antes de que un tribunal superior se expidiera, el magistrado se apartó de la causa.
Finalmente el directorio de Guardati Torti y su síndico y contador fueron imputados de cometer maniobras ilegales, violando los deberes que tenían a su cargo como administradores de la sociedad y responsables de la administración y custodia de fondos de terceros.
Según la imputación, utilizaron los fondos de sus clientes que debían administrar y sin su conocimiento ni consentimiento realizaron distintas operaciones como transferencias bancarias y compra y venta de dólares o títulos valores para financiar operaciones de la firma GyT Plus SA, sabiendo que esta firma estaba en cesación de pagos y con un pasivo que rondaba los 1.697 millones de pesos y un patrimonio negativo neto que superaba los 746 millones de pesos.
Estas maniobras produjeron pérdida de liquidez y un desbalance patrimonial en Guardati Torti SA y, cuando los clientes pidieron la devolución de sus fondos, la firma terminó en quiebra, lo que generó un perjuicio patrimonial a los clientes e inversores. Además, las decisiones de sus directivos y el síndico perjudicaron a la propia empresa y la llevaron a una cesación de pagos, se describió en la imputación.
Narvaja explicó que si bien la cesación de pagos de Vicentin SA afectó a la firma, los problemas habían comenzado mucho antes y en lugar de proteger a Guardati y Torti SA financiaron la operatoria de GyT Plus —una de las firmas que pertenece al grupo económico liderado por la sociedad anterior— en perjuicio de la propia empresa madre, usando los fondos de los clientes. Dijo que la firma principal le otorgó un crédito a GyT Plus S.A. por 416 millones de pesos con un saldo negativo de 62 millones de pesos en su cuenta asignada al giro en descubierto.
Y agregó el fiscal que la información brindada por la empresa a principios de 2020 permitió sostener la administración infiel en perjuicio de la propia sociedad y de los clientes. También les imputó falso balance y omisión de información contable, que tuvo impacto en la situación financiera y económica con el fin de continuar disimulando la real situación patrimonial de la empresa.
Nueva imputación
Este jueves el fiscal Narvaja reimputó al grupo. Dijo que cometieron una serie de maniobras ilícitas para beneficiarse económicamente con el provecho de una serie de actos desleales de administración de los intereses pecuniarios de los clientes de la firma.
Añadió el funcionario que los ocho directores y el contador tomaron los fondos líquidos disponibles en las cuentas de 156 clientes que tenían que administrar y lo aplicaron a operaciones que no fueron consentidas por los dueños de esos fondos. Cuando los clientes intentaron retirar el dinero de sus cuentas, entre el 6 y el 7 de febrero del 2020, se negaron al reintegro por decisión de la firma.
Para el fiscal, esta maniobra despojó a las víctimas de más de un 1.100.000 dólares y de más de 6.700.000 pesos. Dijo que lo hicieron a través de actos que tenían prohibidos en beneficio propio y del grupo empresario cuya condición y control ejercían.
Contó que las maniobras fueron dolosas y en violación de los deberes que les correspondían cumplir con base en la ley y a la normativa fijada por la Comisión Nacional de Valores y los contratos pactados con sus clientes, y agregó que desde julio de 2019 comenzaron a vaciarse las cuentas exentas segregadas hasta llegar, en febrero de 2020, a una situación de vaciamiento total.
Dijo que los imputados utilizaron los fondos de los clientes para cubrir el “descalce general del grupo económico” en lugar de fondearse con medios legítimos o poniendo en riesgo sus patrimonios personales. El fiscal imputó al grupo por administración fraudulenta, en perjuicio de 156 cuentas comitentes, con ánimo de lucro.
Los imputados no saldrán del país
La audiencia fue presidida por el juez Alejandro Negroni, quien dispuso un receso atento a la extensión de la audiencia, por lo que se reanudará el 1° de febrero del año próximo, cuando se seguirán discutiendo los pedidos fiscales de medidas cautelares de carácter real y personal y, si que ello implique algún reconocimiento, las partes acordaron que los imputados no salgan del país y asuman el compromiso de no hacer actos de disposición de bienes de su propiedad hasta la reanudación de la audiencia, lo que fue dispuesto por el magistrado en forma provisoria.
Otro sainete: directivos y síndico de Guardati Torti SA evitan audiencia y los imputan en libertad
