El ex subjefe de la Policía de Santa Fe, Ariel Zancocchia, y otros seis agentes provinciales de altos mandos fueron acusados este miércoles –entre varios delitos– de haber conformado una asociación ilícita dedicada a realizar maniobras fraudulentas con el desguace y venta de autopartes de móviles del Comando Radioeléctrico de Rosario, en su mayoría fuera de uso y abandonados en la Base Comando Rampa Norte, de Tarragona 790 bis, más conocida como “el cementerio de patrulleros”.
Los siete uniformados fueron imputados en libertad ante la jueza Paula Álvarez por los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. A los acusados le impusieron reglas de conductas como: la firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) por 8 meses, una caución de 200 mil pesos para cada uno y la prohibición de salir del país por el mismo plazo.
La acusación más gravosa recayó sobre Zancocchia, cuya designación en la cúpula de la Fuerza policial fue en septiembre de 2020 hasta su desplazamiento, a mediados de este año, luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en su contra.
Los fiscales le imputaron el delito de asociación ilícita en concurso ideal con defraudación al Estado, cohecho y peculado; además de negociaciones incompatibles con la función pública, todos en carácter de autor y en grado de consumado.
El resto de los policías investigados fueron acusaron por asociación ilícita en concurso ideal con defraudación al Estado, cohecho y peculado.
Se trata de los ex altos mandos de la Unidad Regional II de Rosario (URII) Sergio Martín Cantero (jefe de la Agrupación Cuerpos entre 2018 y julio de 2021), Cristian Molina y Débora Savani (ex jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico); además de Martín Ronsisvalle y su par de la Policía de San Lorenzo, Daniel Pablo Vega; y Francisco Fernández, quien fuera jefe de Logística.
Hay un octavo acusado, es el suboficial Germán Trujillo, quien había sido imputado hace cinco meses, ya que se desempeñó como encargado del Taller Tarragona hasta el 30 de julio pasado cuando se conoció la causa tras los 19 allanamientos que solicitaron los fiscales.
Investigan caja negra policial por venta de autopartes en taller del Comando Radioeléctrico
Uso, desuso y abuso
Según la investigación de Edery y Schiappa Pietra, que cuenta con numerosas pericias telefónicas de las líneas de los policías imputados, la organización delictiva consistía en beneficiarse con la administración y disposición de vehículos, repuestos y autopartes de la Policía de Santa Fe mediante maniobras ilegales.
Entre ellas mencionaron la entrega de repuestos a terceros a cambio de dinero; el uso de autopartes a sabiendas de la irregularidad de su disposición; la obtención y utilización de repuestos nuevos para automóviles por fuera de lo dispuesto por las normas administrativas que regulan la adquisición y disposición de esos recursos del Estado.
“Además hicieron uso de esos repuestos o los comercializaron indebidamente con terceros; y lucraron indebidamente con el redireccionamiento de vehículos que debían ser reparados en talleres oficiales a empresas de terceros”, dijeron los fiscales.
De acuerdo a la imputación, la organización delictiva funcionó desde febrero de 2019 hasta julio de 2021, fecha en la que el suboficial Germán Trujillo fue imputado en esta causa. Se trata del agente que tenía a su cargo el taller ubicado en Tarragona 790 bis, lugar encomendado para cuidar, administrar y reparar vehículos del Comando Radioeléctrico de la Unidad II del Departamento Rosario.
No obstante, el lugar era utilizado para beneficio particular de algunos jefes que lucraban con los móviles del Estado. Según la acusación, la banda policial usaba vehículos que le eran encomendados para su reparación o depósito, los desguazaban y luego vendían los repuestos y autopartes para personas particulares e incluso también para acondicionar otros móviles policiales a cambio de dinero.
También realizan compras de repuestos nuevos con la excusa de utilizarlos para reparar patrulleros pero que utilizaban para otros vehículos y provecho personal.
Según la acusación, esas maniobras quedaron al descubierto luego de una inspección del personal de la Agencia de Control Policial (ACP) a la “Rampa Tarragona”, donde corroboraron no sólo que se había convertido en un cementerio de patrulleros sino que detectaron inconsistencias en registros del estado de los móviles, entre otras irregularidades.
Gran parte de la imputación surge de las conversaciones entre Trujillo y distintos mandos policiales donde piden conseguir “piezas” y mencionan distintos montos de pago.
Así, al analizar el celular de Trujillo, quien fue designado jefe de ese taller por otro de los imputados, Cristian Molina, en enero de 2019 y ocupó el cargo hasta febrero de 2020, detectaron mensajes con Ariel Zancocchia relacionados al stock de repuestos y autopartes y su comercialización.
Un taller mecánico del subjefe de Policía de Santa Fe, la pista de la causa por venta de autopartes
Otro de los indicios fue una conversación de Whatsapp entre Molina y Trujillo en la que el primero le preguntó por un paragolpes delantero de una S10 color negra para una camioneta de Arequito.
Para los fiscales, el ex subjefe de la Policía de Rosario mantenía el control de talleres privados por intermedio de terceros y especificaron que Zancocchia –que cumplió funciones logísticas desde 2015 a diciembre de 2016 y luego como segundo de la Policía provincial– se encargó de que los talleres Geranio y Arfe SRL se beneficiaran en las contrataciones para el arreglo de los patrulleros.
En tanto, a Daniel Vega, jefe de la Agrupación Cuerpos, le atribuyeron un diálogo con Trujillo por repuestos que se requerían para algunas de las maniobras de venta de autopartes.
Débora Savani, ex subjefa del Comando Radioeléctrico de la URII fue sindicada por un diálogo con Trujillo del 9 de enero del año pasado, donde ella le avisó que iba a llevar a la Base Tarragona su vehículo particular, una camioneta Renault Duster.
Por su parte, Sergio Cantero, ex jefe de la Agrupación Cuerpos de la URII, quedó involucrado por una conversación con el suboficial sobre varios modelos de inyectores para Chevrolet Cruze.
Sin control
Los fiscales mencionan que dichas maniobras fueron posibles con la ayuda de los funcionarios policiales de Logística (que hacen de contralor patrimonial del abastecimiento, racionamiento y mantenimiento de los recursos de la URII) y de Administración y Finanzas (designados para asesorar y supervisar las compras, los presupuestos, la contratación de servicios y las facturas con el detalle de lo proveído).
En ese sentido acusaron a Francisco Fernández y a Martín Ronsisvalle respectivamente de actuar en connivencia a favor de la asociación ilícita. Según la imputación, no sólo incumplieron sus obligaciones sino que utilizaron los recursos del Estado por fuera de la ley en provecho propio.
Como prueba mencionan varios casos. Un móvil que tenía registrado un cambio de embrague pero nunca fueron removidos los tornillos del embrague original. Otro móvil por el que facturaron pastillas de freno pero se encontraba desguazado y sin ruedas. O la solicitud de un enfriador de aceite para un móvil cuyo modelo no usa ese tipo de repuesto.
