Las distintas barriadas organizadas en las villas y los barrios populares denuncian desde el invierno pasado la constante falta de agua corriente y de baja tensión en sus barrios. Si bien la Empresa Provincial de la Energía informó este jueves por ejemplo que “sólo el 3,2 por ciento de los usuarios no tiene luz”, en estas zonas periféricas de Rosario la deficiencia de los tendidos eléctricos y la informalidad de las conexiones hace que la desprovisión sea algo de todos los días. Los vecinos cuentan que deben organizarse para poder realizar hasta las tareas más básicas y que, a pesar de sus intentos, no han tenido ninguna respuesta de parte de los distintos niveles del Estado. Desde la Oficina Municipal del Consumidor opinan que la mejor manera de depurar las pérdidas es formalizando las conexiones de los servicios públicos.
Existen 112 barrios populares en Rosario donde viven aproximadamente 120 mil personas de las cuales, según el flamante titular de la repartición que depende del Concejo Municipal, Antonio Salinas, “el 98% no accede al agua potable y el 95% no tiene acceso a la luz de manera formal”. Este nivel de precariedad se refleja tanto en las condiciones “autogestivas” de las conexiones eléctricas en los barrios, “con materiales que no son los más indicados, generando un peligro para las personas”.
El sistema de servicios públicos en la ciudad se ha encontrado en tensión a lo largo de los últimos años, golpeado tanto por la desinversión pública como por la fluctuación en los usuarios, y por lo tanto de sus ingresos, a lo largo de la pandemia. Las altas temperaturas usualmente generan un incremento de los consumos, tanto de agua como de luz, acorde con las necesidades estacionales de ciudadanas y ciudadanos, pero en las villas de Rosario tienen un constante desafío a lo largo del año, al margen de las condiciones estacionales.
Las desventajas de ser invisible al Estado
En Villa Banana, Lorena Fernández, voluntaria en el centro comunitario Victoria Walsh (Amenábar 4325), describió a El Ciudadano: “Tenemos muchísimos problemas de luz”. En un barrio de gente muy humilde, donde la mitad de las casas son de chapa, al igual que casi todos los techos, “uno la pasa como puede”, cuenta. “La mayoría estamos enganchados (la red eléctrica), pero nosotros hemos ido a pedir el medidor comunitario” al Distrito Sudoeste: no han tenido respuestas.
Al ser consultados de posibles pedidos al municipio o al Estado provincial para conseguir un paliativo, la respuesta de Lorena es contundente: “No. ¿Qué te pueden decir? Hasta que te atiendan y te manden algún camión con agua, tenés que estar varios días”. Y añade: “Uno hace lo que puede”.
Lorena relata que con la materialidad de su casa, con techo de chapa y cielorraso de machimbre, la temperatura se hace insoportable: «La casa es un horno literal, no se puede estar. Hay gente que tiene techo de material, pero la mayoría tenemos techo de chapa».
En cuanto a la energía eléctrica, «hay muy poca», cuenta la vecina de Villa Banana: «En mi casa por lo menos no trato de ni de prender el ventilador con tal de que me ande la heladera. Prefiero quedarme afuera y que me ande la heladera. Tengo un ventilador que de noche anda un poco, pero ya te digo: es el ventilador o la heladera».
«La mayoría estamos enganchados porque no es porque yo quiera. Nosotros hemos ido a pedir el medidor comunitario y no te lo traen. Hasta ahora, hemos ido a pedir el medidor con un montón de gente de la zona», al centro municipal de distrito Sudoeste, donde no les han dado una respuesta: «No te dan ni cinco de pelota. Nunca dieron señales de nada, ni desde el distrito ni desde la EPE.»
María Rosa Vega, vecina del barrio Los Pumitas (Cabal al 900 bis, en zona norte de la ciudad) cuenta sobre su hábitat: «Estamos bastante complicados. Si bien todo el año sufrimos muy baja tensión de agua, en estos días de mucho calor se nos complica aún mucho más. Y más si todas las compañeras que trabajan” en espacios comunitarios, como comedores, ollas populares y jardines «están con positivos y otras aisladas por contacto estrecho».
Vega cuenta que, en la barriada, en la puerta del comedor llevado adelante por la organización La Poderosa, se finalizó la construcción de un tanque de agua que «está como de adorno. Hace tres meses que se empezó a hacer y desde octubre que nadie se acerca», describe, para añadir: «Que pongan un tanque en la puerta de un merendero y en donde ni siquiera los vecinos sabíamos de qué se trataba y que no esté lleno, es una tomada de pelo».
La militante relata que la obra comenzó a llevarse adelante sin siquiera una comunicación con los vecinos, quienes se enteraron al momento de comenzar. «Empezamos a preguntarle a la gente que venía a trabajar qué es lo que iban a hacer y ahí fue como nos enteramos, y empezamos a preguntar de qué se trataba».
Según Vega, la obra está terminada, pero el tanque no funciona y nadie se ha acercado a brindarles una respuesta: «Llamamos al distrito para poder charlar y saber quién se hacía cargo de llevar esto adelante”. Ella relata que se comunicaron múltiples veces, pero que las autoridades no podían atender.
«Ni con tanques ni con bombas de agua podemos llevar el día a día» cuenta la vecina del barrio Los Pumitas, quien además estuvo aislada en los recientes días por ser contacto estrecho, a lo largo de cinco jornadas más parecidas a un calvario: «La pasé super mal, no teníamos agua, teníamos que pedir que me lleven hielo, porque sólo podías refrescarte tomando un baño porque no llegábamos a llenar una pileta. Solamente salía de noche un poco más de presión, y tenías que estar viendo porque todos los vecinos aprovechan».
«Acá en Los Pumitas, o prendés una cosa o prendés la otra, porque dos juntas no podés tener, es muy baja la tensión. Y hay otras partes en donde a las compañeras viven con ese problema y uno a veces con el esfuerzo que hace para que se te termine quemando. Querés tener a los pibes con un ventilador y no sabés si prenderlo o apagarlo porque con cómo baja y sube la luz es bastante complicado y uno no está al alcance de comprarte un ventilador».
La solidaridad como estrategia de crecimiento
El titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas, encara su reflexión sobre el acceso a los servicios recordando los números del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap): “Los números son bastante alarmantes respecto del acceso a los servicios públicos: el 98% de las 40 mil familias que se infiere viven en barrios populares, que serían unos 120 mil rosarinos y rosarinas, no accede al servicio del agua” y continúa: “Con respecto a la luz (la informalidad) es el 95%”.
Salinas argumenta que el gran problema del régimen deficitario de los servicios públicos en la ciudad tiene que ver con las conexiones precarias de agua y de luz: “(la conexión, en ambos casos) Se hace con materiales que no son los indicados, lo cual genera dos cosas: lo primero es lo que tiene que ver con el riesgo que genera a la integridad física de las personas” e “innumerables problemas en las villas o asentamientos” como electrocuciones, pérdida de electrodomésticos o incendios.
En segundo lugar, continúa Salinas, “ese déficit de los materiales que se usan en las condiciones irregulares o autogestivas generan mucha pérdida eléctrica. Se pierde muchísima energía por hacerse mal las conexiones”. Esto, a su vez, genera una baja tensión no sólo en los propios barrios populares sino también en los barrios colindantes de conexión formal: “En la ciudad formal también se padece la pérdida energética que se da en los barrios populares”.
En la audiencia pública de la Empresa Provincial de la Energía, llevada adelante días atrás, Salinas planteó que «formalizar a las 40 mil familias que hoy están conectadas de manera informal para nosotros no solamente debería ser una cuestión humanitaria de brindarle un derecho” a esos vecinos, “sino que también tendría que ser una acción estratégica en el marco del problema energético que venimos teniendo”. Y el funcionario enfatiza: “Para mejorar la situación y el saneamiento de la red eléctrica integral, entendemos que es necesario y debería ser prioritario formalizar a esas familias que hoy existen en los barrios populares ¿Por qué? Porque generaría, en términos de recaudación, el aporte a la tarifa social de esta familia, en cada barrio en que esto sucede y se le ofrece la posibilidad”.
El flamante funcionario afirma que las familias en los barrios están dispuestas a pagar la tarifa social y a tener un medidor, ya que “eso les genera una mayor estabilidad energética, saben que van a tener 220 (voltios) siempre”. “Lo que planteamos en la audiencia tiene que ver con tratar de priorizar y jerarquizar este trabajo que se llama EPE Social, el cual se trata de generar cableados más formales en los barrios populares y bajar en la puerta de cada casa un medidor comunitario para que la familia tenga estabilidad energética y tribute una tarifa social como cualquier otro ciudadano”.
Aunque no todo es color de rosa: “Cuando la EPE empieza a hacer todos los detalles y los números de las inversiones, anuncia que para el programa EPE Social están destinados 500 millones de pesos, para el 2022”, lo cual representa un 0,5% del presupuesto.
“Si en algo se marcan las prioridades de las políticas públicas es en lo presupuestario: asignarle tan sólo 0,5% a casi el 12% de los rosarinos, porque si uno lo piensa en términos poblacionales es mucha cantidad de población la que vive en barrios informales, nos queda un sabor a poco”.
