Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) ya advirtieron públicamente que apelarán a la vía judicial para evitar que el gobierno nacional le cobre al sector en concepto de derechos de exportación. El discurso ruralista fundó sus argumentos en las millonarias pérdidas que ocasionará la sequía en la cosecha de maíz y soja, y reforzaron su versión a partir de la no aprobación del presupuesto 2022.
“Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deben ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto. Desde la parte judicial, si hoy se cobran retenciones, estamos estudiando qué acciones tomar. Veremos en unos días cuando se termine la feria judicial, qué camino vamos a elegir, pero nuestros abogados ya están abocados en este tema”, señaló Nicolás Pino, presidente de la SRA.
Se trata de una de las tantas consecuencias que traerá la no aprobación del Presupuesto 2022. La discusión ocupó la agenda sobre fines de 2021 luego de que la oposición obstaculizara el debate y lograr la no sanción del proyecto. Desde el sector rural capitalizaron la derrota parlamentaria del oficialismo a manos de la oposición, y se plantan con la idea de no pagar impuestos.
Entre sus argumentos, esgrimen que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. Según consideran, la no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.
En paralelo, surgió un reclamo de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) luego de conocerse las preocupantes estimaciones que hizo la Bolsa de Comercio Rosario (BCR) sobre las pérdidas que sufrirán las cosechas de soja y maíz. El informe calcula que el fenómeno de sequía provocará pérdidas aproximadas a los 2.930 millones de dólares para los productores y de 4.800 millones para la economía argentina.
En ese sentido, desde APPA manifestaron: “Conocidas las primeras cifras de las consecuencias que dejará la sequía, vemos que no se soluciona ampliando solamente el Fondo de Emergencia Agropecuaria”. En línea con la postura de la SRA, argumentaron que los derechos de exportación se vencieron el 1 enero y, por lo tanto, son inconstitucionales. Al mismo tiempo, solicitaron que se unifique el tipo de cambio.
El sábado pasado en su recorrida por la provincia de Santa Fe, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que el monto pasará de los 500 millones de pesos actuales a 12.500 millones de pesos. Consultado por el pedido de la rebaja impositiva, consideró: “No forma parte de la agenda del Gobierno y tampoco de la de este ministerio”.
En tanto, desde la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, concluyeron: “Es necesario que se articulen los medios para que se trabaje en una reforma impositiva donde el Estado recaude sobre las ganancias y no sobre el bruto producido. Claramente, en una campaña como esta deja en el camino a miles de productores, sobre todo a los pequeños, que no tienen el respaldo suficiente para enfrentar esta situación dramática”.
El impacto de la sequía sobre la cosecha podría provocar pérdidas por 4.800 millones de dólares
