El titular de la Oficina de Defensa al Consumidor, Antonio Salinas, asumió la dirección del organismo tras la renovación del Concejo Municipal de Rosario con un discurso que pone el foco en las desigualdades y la mercantilización de las relaciones sociales de consumo. Con origen político en el partido Ciudad Futura, Salinas tiene un conocimiento cabal de los números del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y es un estudioso de las problemáticas que afectan a los padecientes de lo que comúnmente se denomina la pobreza estructural. Con una mirada optimista, el flamante funcionario se dispuso a hablar con El Ciudadano sobre la disparidad en el acceso a los servicios públicos en aquellos sectores con menores recursos.
Para Salinas la ciudad padece una falta de planificación seria a largo plazo, lo cual da lugar a diversos problemas tanto en la distribución eficiente de energía eléctrica y del agua potable, como también en servicios públicos, como por ejemplo el transporte y el servicio a cloacas. “El 90% de las nuevas construcciones que se van autorizando en Rosario son electrodependientes” y agrega otro dato, completando el panorama: “La gran mayoría además son en el distrito centro, y es el que anualmente reporta mayores cortes reiterados y prolongados de energía. Ahí también hay una cuestión de modelo de ciudad que hay que abordar: si esta ciudad la seguimos generando tan electrodependiente, tenemos que ver los niveles de inversión de la Empresa (Provincial de la Energía) y si es sostenible en el tiempo una red tan castigada”.
La audiencia pública de la EPE realizada el 7 de enero tuvo entre sus oradores al funcionario, quien planteó que «formalizar a las 40 mil familias que hoy están conectadas de manera informal para nosotros no solamente debería ser una cuestión humanitaria de brindarle un derecho a esas 40 mil familias, sino que también tendría que ser una acción estratégica en el marco del problema energético que venimos teniendo”. “Para mejorar la situación y el saneamiento de la red eléctrica integral entendemos que es necesario, y debería ser prioritario, formalizar a esas familias que hoy existen en los barrios populares”, agregó.
Antonio Salinas: «Rosario tiene una deuda histórica con 40 mil familias que no tienen agua potable»
Para Salinas sería una solución por partida doble: la empresa generaría una recaudación mucho más importante a partir de la implementación de la tarifa social, y ayudaría a resolver, en gran medida, el déficit energético de los barrios populares y también de los que se provisionan de energía de manera formal.
La EPE lleva adelante un programa titulado “Epe Social”, cuya finalidad es impulsar obras de infraestructura eléctrica en los barrios populares, promoviendo la participación de las organizaciones barriales en el proceso y la normalización técnica y comercial con tarifa social provincial. “Lo que planteamos en la audiencia tiene que ver con tratar de priorizar y jerarquizar este trabajo pero según el presupuesto para el año 2022 presentado por las autoridades de la empresa estatal se destinarán 500 millones pesos, menos de uno de cada cien pesos presupuestados”, explicó Salinas y afirmó que si las prioridades de las políticas públicas se marcan en lo presupuestario “asignarle tan solo 0,5% a casi el 12% de los rosarinos”, que es la proporción de la población que se estima vive en barrios informales “nos queda un sabor a poco”. “Planteamos la necesidad de generar mayor inversión en el programa Epe Social porque entendemos que no debería ser sólo una causa de los barrios populares, sino que debería ser una causa de toda la ciudad para dejar de perder energía”, agregó.
El militante de Ciudad Futura sostuvo que el origen de las fallas tanto en la luz como en el agua se encuentra en la pérdida de recurso que se da en las “conexiones autogestivas” con las cuales los vecinos se aseguran el servicio. Dado que las Naciones Unidas declaran el acceso a la energía como un derecho esencial, «es un derecho de las comunidades y de las familias que no acceden formalmente proveérselas de una manera autogestiva, para esto se generan estas conexiones precarias, que básicamente se hacen con instrumental y materiales muy deficitarios en lo que es la conductividad eléctrica”. Esto genera dos cosas: el riesgo propio a los vecinos que se aventuran a instalar ellos mismos sus acometidas, exponiéndose a electrocuciones o al incendio de sus viviendas. Y, por otro lado, la considerable pérdida de energía como consecuencia del uso de materiales indebidos en las instalaciones precarias. “Se pierde muchísima energía por hacerse mal, llamémosle, las conexiones. Además de que baja la tensión en los propios barrios populares, baja la tensión en muchos barrios colindantes ya que en la ciudad formal también se padece la pérdida energética que se da en los barrios populares”, aseguró.
La situación de la energía se repite al momento de analizar las redes de abastecimiento del agua: según los números del Renabap, el 98% de las familias que pueblan los barrios populares no accede al agua. Se trata de aproximadamente 120 mil vecinos. Este déficit de accesibilidad al agua potable genera enfermedades relacionadas al saneamiento y al poco acceso a este derecho.
Los barrios populares, secos y sin electricidad: cuando el corte de luz y de agua es todos los días
“Cuando las familias no acceden formalmente (al servicio) se inclinan al acarreo, que sucede en muchos barrios de Rosario, de ir a buscar esa agua a una manguerita que, como la presión existente es tan débil, muy probablemente estará al nivel del suelo y muy seguramente sobre una zanja. Hay barrios donde la presión (de agua) es cero, por lo cual hay que vencer a la gravedad bajándola (a esa manguera) a un pozo. El problema es que muchas veces, en ese mismo proceso de sacar agua de la zanja, se altera la potabilidad del agua”, explicó y agregó: “En otros espacios todavía se sirven de agua usando cubas de agua. Va el camión cisterna y le llena a cada familia algún tacho. Quienes pueden, tienen esos tachos azules de 200 litros, pero quienes no pueden usan cualquier recipiente, que queda abierto y que a lo mejor se meten bichos. Es bastante complicada la situación en cuanto a mantener la trazabilidad y la potabilidad del agua en cualquiera de estas dos formas de aprovisionamiento cuando a la gente no le entra a la casa el agua”.
—¿Cuál es el origen de la baja presión del agua?
—Desde ASSA nos decían que uno de los grandes problemas de la presión del agua en Rosario es la fuga. Rosario está entre las ciudades que más agua desperdicia, y eso sumado a que hay muchísimo porcentaje que se pierde, se fuga y se va a la tierra. Un importante porcentaje tiene que ver con estas conexiones precarias o autogestivas que hacen las familias para aprovisionarse de agua. No le echamos la culpa a los vecinos, pero debería ser prioridad trabajar en formalizar esas cañerías, en incorporar más usuarios a la red potable de agua porque, además, repercutiría en un beneficio de todos los usuarios formales de la red.
—Desde la Defensoría, ¿qué se podría decir en cuanto al acceso a los servicios en Rosario?
—Hemos recibidos muchas denuncias diariamente por falta de agua y sobre todo de energía. La empresa (provincial de la energía) reconoce que en el año 2021 generaron una subejecución muy importante. Las obras necesarias para el mantenimiento y el saneamiento de la red eléctrica no se hicieron por diversas razones. La EPE aduce la pandemia, los insumos dolarizados, situaciones de muchos trabajadores aislados, pero hay una situación bastante crítica y grave en el servicio que está dando la empresa.
—El presidente del directorio, Marcelo Caussi, dice que en otros años la subejecución era bastante mayor y asegura que la inversión en este último tiempo fue más que en las gestiones anteriores ¿Estás de acuerdo?
—Desde la Oficina de Defensa del Consumidor, entendemos que esto viene siendo un problema no sólo de esta gestión sino que se vienen arrastrando en la inversión y desinversión en esta materia. Cuando se habla de estas olas de calor tan prolongadas, que superan niveles históricos, es cierto que el uso de la energía eléctrica nos viene preocupando. El 90% de las nuevas construcciones que se van autorizando en Rosario son electrodependientes. Ahí también hay que parar la pelota y empezar a analizar, en el sentido de las inversiones de la EPE, pero también de las nuevas unidades habitacionales que se van incorporando a Rosario. Estas nuevas construcciones que se aprueban son, la gran mayoría, en el distrito centro y es el que anualmente reporta mayores cortes reiterados y prolongados de energía.
—Entonces lo que está en juego es la planificación del crecimiento a futuro de los servicios en Rosario…
—Si a esta ciudad la seguimos generando tan electro-dependiente tenemos que ver los niveles de inversión de la empresa y si es sustentable que sostener una red tan castigada. Entre los edificios que se autorizan y que son tan electrode-pendientes y la situación de fuga y pérdida que se da en los barrios populares, en-tendemos que está la clave para empezar a trazar un plan estratégico energético en la ciudad que permita mantener niveles de acceso decentes y una regularidad energética. La energía tiene que ser asequible para que todos la puedan tener sin relegar otros bienes o servicios básicos para la vida. Tiene que ser sostenible y eficiente. Tenemos que abogar por un uso más racional y eficiente de la energía.
—¿Existe alguna solución posible para este acceso tan desigual a los servicios básicos?
—Hay un dato que emana del Renabap que es muy alentador y es que dentro del concepto de “barrio popular” que adopta la ley 27.453, que trata de 8 casas agrupadas que no cuentan con al menos dos servicios públicos, se discrimina entre asentamientos y villas. Las villas son los barrios más hacinados que empiezan a generar construcciones de manera vertical, con pasillos muy angostos y son muy difíciles de urbanizar. Los asentamientos son barrios que respetan un poco más la trama urbana, no acceden a servicios de igual manera pero respetan más la cuadrícula: tienen manzanas y están bien trazadas las calles. El dato positivo en Rosario es que de esos 122 barrios que aparecen en el Registro, 7 de cada 10 son asentamientos, por lo cual es muchísimo más fácil urbanizarlos. Son muy fáciles de incorporar a los servicios porque respetan la trama urbana. Se puede poner agua, luz y no necesariamente hay que hacer grandes inversiones para relocalizar gente y abrir los trazados. Este dato es positivo, porque con una inversión relativamente baja se pueden incorporar muchos derechos y muchos nuevos usuarios.
