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Marcharon para exigir mayores políticas preventivas contra femicidios en la capital provincial

Las manifestantes se convocaron en el Ministerio de Igualdad y Género donde entregaron una nota con reclamos urgentes y más presupuesto para revertir las violencias contra las mujeres y disidencias para luego movilizarse al de Seguridad y la Casa de Gobierno

Las integrantes del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), de  la Colectiva Feminista de Santa Fe y de Barrios de Pie junto a otras organizaciones se convocaron este viernes a las 10 frente al Ministerio de Igualdad y Género y marcharon hasta el de Seguridad y la Casa de Gobierno, en la capital provincial, para renovar su reclamo por la declaración de la emergencia provincial en violencia de género. En la movilización, referentes de las organizaciones de mujeres y disidencias entregaron un documento con el pedido de medidas que se necesitan para la prevención de femicidios y de las violencias contra las mujeres y disidencias.

En ese marco, Claudia Catalín, militante feminista e integrante de la Colectiva Santa Fe explicó que la nota entregada a las autoridades del Ministerio de Igualdad y Género reúne los reclamos de la Red provincial de Mujeres y Diversidades ante una situación que definió como alarmante.

«Tuvimos un 2021 con nueve femicidios en la provincia de Santa Fe, lo cual parecía un dato alentador y un avance respecto de los años anteriores donde las estadísticas marcaban 26 o 28 femicidios al año. Pero nos encontramos en este mes de enero con un travesticidio, dos mujeres asesinadas a puñaladas, otra acribillada a balazos por su ex pareja policía, que usó el arma reglamentaria para matarla. Y no termina ahí: ayer (por este jueves) nos enteramos del ingreso de una mujer al Hospital Cullen con gran parte de su cuerpo quemado, un hecho que se investiga como intento de femicidio por parte de su pareja. Y también hubo dos crímenes de mujeres en Rosario en contexto de narcocriminalidad», advirtió la referente en una entrevista con el medio local Aire de Santa Fe.

Catalín recordó que hace un mes, el 27 de diciembre las militantes de organizaciones que trabajan en el territorio tuvieron una reunión con la ministra de la cartera de Género, Florencia Marinaro, quien asumió en reemplazo de Celia Arena, donde les plantearon las necesidades y requerimientos para prevenir la violencia de género. «Pasó un mes sin respuestas y las estadísticas nos alarman terriblemente. Evidentemente, tenemos que seguir reclamando al Estado que articule las políticas públicas, que tenga los presupuestos suficientes, que haya equipos que atiendan a las mujeres y que den respuestas. Necesitamos un Poder Ejecutivo muy activo en cuanto a políticas públicas y un Poder Judicial que realmente contemple los derechos de las víctimas: sabemos que a las mujeres a veces se les hace imposible acceder al servicio de Justicia; hacen las denuncias y quedan en la nada, o tienen perimetrales que son violadas permanentemente por sus agresores sin que esto tenga algún tipo de castigo», enumeró.

La militante agregó que es fundamental que haya articulación entre todos los niveles y poderes del Estado y que «el Poder legislativo también tiene que pensar en cómo dar presupuesto a todas las políticas públicas, pero también, y sobre todo, tiene que generar herramientas para garantizar que las mujeres tengan autonomía, porque el condicionante para no salir de los círculos de violencia es justamente no tener acceso a vivir de forma independiente».

En esa misma línea, Gabriela Sosa, referente de Las Juanas y directora ejecutiva de la mesa federal de Mumalá había adelantado este jueves que «la convocatoria tiene como fin conocer los detalles de las políticas públicas que el Estado va a desplegar a nivel territorial, en referencia a las comunas y municipios.

El año pasado en la Argentina hubo 221 femicidios y 53 muertes violentas de mujeres en contextos de confrontaciones entre grupos vinculados a economías delictivas. En cuanto a los femicidios cometidos en lo que va de este 2022: de los 27 a nivel nacional, tres fueron en la provincia, que se suma a un travesticidio y dos muertes violentas de mujeres relacionadas con la violencia lesiva, aunque los datos del relevamiento estarán a fin de mes, aclaró.

Sosa resaltó que hubo fallas en la prácticas de las políticas de género tanto en el femicidio cometido en Carcarañá  como el de Murphy. En el primero, Celia Ester Acosta, de 29 años, había denunciado a su ex pareja en varias oportunidades y eso no impidió que la asesinara a puñaladas el sábado 22 de enero en su casa ubicada en Río Colorado al 1000.  A su vez en Murphy, el policía Gabriel Olegario Robles llegó durante la madrugada del martes pasado a la casa de su ex Marina del Carmen Espíndola y la asesinó de un disparo con su arma reglamentaria frente a su hijo menor de edad. Marina lo había denunciado en noviembre pasado el hostigamiento que sufría por parte de Robles.

Murphy: apartaron a tres jefes policiales

 

La directora de la Mesa federal de Mumalá explicó que en 2021 a nivel nacional, el 12 por ciento de los femicidas fueron hombres de las fuerzas de seguridad, lo que incluye a penitenciarios o miembros de las fuerzas nacionales y de ese porcentaje, el 40 por ciento utilizó el arma reglamentaria», indicó.

En ese contexto estaba el policía Gabriel Robles cuando irrumpió en la casa de Marina Espíndola y la asesinó en Murphy. Por ello, el reclamo más fuerte de la movilización espontánea que se dio el martes pasado frente a la subcomisaría 10ª de dicha localidad fue por la falta de acciones y medidas luego de que Marina lo hubiera denunciado en noviembre pasado por hostigamiento. Robles fue trasladado a Melincué, pero siempre estaba en Murphy, y además continuaba  con la portación de la pistola 9 milímetros reglamentaria que terminó usando para matarla, indicaron en esa manifestación.

Este jueves se comunicó por escrito que el ministro de Seguridad Jorge Lagna ordenó apartar de sus cargos y poner en disponibilidad al comisario inspector Cristian Ataide, quien estaba a cargo de la subcomisaría 10ª; el subdirector de Policía Cristian Rotela, jefe de la Unidad Judiciales; y la psicóloga Rosalía Kobila, de Medicina Legal por no aplicar el protocolo de género tras la denuncia contra Robles.

En el comunicado, voceros de la cartera agregaron que la subsecretaria de Bienestar policial y Género, Natacha Guala, la directora de Género Noelia Figueroa y la subsecretaria de Políticas de seguridad pública, Jassi Capitanelli, establecieron “una mesa de trabajo con la comuna de Murphy, y programaron una capacitación con perspectiva de género para la toma de denuncias, destinada al personal de la comisaría”.

No estás Sola: asistencia por violencia de género

Si estás pasando por una situación de violencia no tenés que quedarte en tu casa, tanto la víctima como el círculo de confianza pueden llamar a la línea gratuita 144 o descargar la aplicación gratuita para celulares en la tienda de aplicaciones o haciendo click aquí

En Rosario podés comunicarte al 0800 444 0420 o escribir a la línea de Whatsapp 341 5781509.

En Santa Fe capital: podés llamar al 0800 777 5000.

 

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