En diciembre pasado ocho directivos de la firma Guardati Torti S.A. y su síndico titular fueron imputados de 156 hechos de administración fraudulenta con ánimo de lucro. Este martes, primer día hábil tras la feria judicial, se discutieron en el Centro de Justicia Penal las medidas cautelares en su contra. El juez Alejandro Negroni resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva y de esta forma dispuso algunas restricciones, una caución de 2 millones de pesos para cada uno y la inhibición de bienes para todos los involucrados.
Las 156 víctimas de la firma Guardati Torti S.A. fueron sus cuentacomitentes quienes habían confiado distintas sumas de dinero a la empresa en su carácter de agente de liquidación y compensación (ALyC) a través de contratos de adhesión. Se trata de personas físicas y jurídicas que no pudieron retirar las sumas de dinero que tenían en las cuentas que habían abierto en la firma.
El default de la cerealera Vicentín fue el primer síntoma que se observó en la city y fue la justificación que brindó la firma para contar que no había devuelto los fondos de sus clientes. Luego hizo un comunicado donde dijo que atravesaban una crisis financiera y económica y argumentaron que era temporal. A lo que le siguieron 42 denuncias por administración fraudulenta.
La investigación a cargo del fiscal Sebastián Narvaja avanzó y derivó en allanamientos. El 23 de diciembre pasado se llevó adelante una audiencia imputativa en la Fiscalía contra Ángel Alberto Torti y Juan Carlos Guardati, Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Marcela Torti y el síndico titular Gustavo Ricardo Rossi, por un surtido de delitos.
En dicha jornada se dictó un cuarto intermedio hasta este martes 2 de febrero de 2022 donde el fiscal les achacó 156 hechos de administración fraudulenta. Los sindicó como «los autores de maniobras ilegales cometidas en violación de los deberes que tenían a su cargo como administradores de la sociedad y responsables de la administración y custodia de fondos de terceros para beneficiarse económicamente con el provecho de una serie de actos desleales de administración de los intereses pecuniarios de los clientes de la firma».
El funcionario añadió que los ocho directores y el contador tomaron los fondos líquidos disponibles en las cuentas de 156 clientes que tenían que administrar y lo aplicaron a operaciones que no fueron consentidas por los dueños de esos fondos. Cuando los inversores intentaron retirar el dinero de sus cuentas, entre el 6 y el 7 de febrero del 2020, le negaron al reintegro por decisión de la firma.
Para el fiscal, esta maniobra se hizo por algo más de un 1.100.000 dólares y de más de 6.700.000 pesos. Narvaja señaló que los imputados utilizaron los fondos de los clientes para cubrir el “descalce general del grupo económico” en lugar de fondearse con medios legítimos o poniendo en riesgo sus patrimonios personales.
Así, el fiscal imputó al grupo por administración fraudulenta, en perjuicio de 156 cuentas comitentes, con ánimo de lucro. Como la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el primero de febrero las partes acordaron que los imputados no iban a salir del país y asumieron el compromiso de no hacer actos de disposición de bienes de su propiedad hasta la reanudación de la audiencia, lo que fue dispuesto por el magistrado en forma provisoria.
Este martes se discutieron medidas cautelares, el juez Alejandro Negroni resolvió dictar al grupo la prohibición de salir del país por el plazo de ley y una caución patrimonial de 2 millones de pesos a cada uno.
Además, hizo lugar a la solicitud de Fiscalía e impuso una inhibición general de bienes hasta cubrir la suma de 6.975.000 pesos.
Guardati Torti: amplían imputación por administración fraudulenta con los fondos de 156 clientes
