El gobierno de Alberto Fernández se propuso desde el inicio de su gestión la premisa de sacar a los servicios de información de la lógica de «los sótanos» de la institucionalidad, un territorio en el cual durante años abundaron la ilegalidad, el espionaje interno y el armado de causas judiciales, y para la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, el organismo «debe dejar atrás la oscuridad para proteger al pueblo».
Entre las primeras medidas que tomó tras asumir la presidencia, Fernández dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y creó un Consejo Consultivo con el propósito de asesorar a la intervención y confeccionar además un anteproyecto sobre la reforma de la actual ley de inteligencia.
Como parte de un nuevo enfoque, el mandatario derogó además el decreto del expresidente Mauricio Macri que había restablecido los «fondos económicos reservados» en la AFI y, a principios de 2020, prohibió la participación del organismo en causas judiciales.
El Consejo, conformado por representantes de la sociedad civil y expertos con reconocida trayectoria en la materia, presentó en octubre de 2020 una propuesta a Caamaño para una nueva normativa que regule el funcionamiento de las actividades de la inteligencia estatal.
Caamaño indicó a Télam que se trabaja en el proyecto y, si bien todavía no fue elevado ni tiene fecha de presentación en el Congreso, «hay muchas cosas» que su gestión tomará en consideración.
«La clave de una inteligencia estratégica para la democracia es sacar el mayor provecho a nuestros recursos, reunir información, analizarla y elaborar un producto que le sirva al Presidente o a los ministros para tomar mejores decisiones. Hay que evitar volver al espionaje ilegal. La Agencia tiene que dejar de ser sótano oscuro y convertirse en un lugar de protección para el pueblo. Lo que hacemos ahora es cuidar a la ciudadanía», remarcó Caamaño.
Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, que integró el Consejo Consultivo de la AFI, le explicó a Télam algunos de los puntos propuestos para el diseño de una nueva política en la materia.
«El Consejo propuso ir hacia la reformulación de todo el sistema para una reforma de la ley que implique un rearmado de los objetivos estratégicos de la AFI y terminar la relación del sistema de inteligencia con el Poder Judicial», apuntó Livachky.
La integrante del CELS afirmó además que debe analizarse la documentación que produce, registra la AFI y los criterios de clasificación que emplea.
Entre las sugerencias, se destaca principalmente el «abandono de la lógica de una ‘comunidad de inteligencia'» que durante años integraron la ex Side, los servicios de las Fuerzas Armadas y los de las fuerzas de seguridad.
«Esa comunidad no sirvió para construir una articulación institucional sino para romper barreras y crear relaciones informales», indicó Litvachky, quien se mostró en favor de construir «una institución especializada en inteligencia nacional» y de generar mecanismos «claros» de coordinación.
Caamaño, en cambio, explicó que no acuerda con la idea de que una agencia estatal «trabaje sola o quede suelta» y estimó que el actual Sistema de Inteligencia Nacional, encabezado por la AFI y conformado también por organismos del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa «articulan muy bien» en la actualidad.
A su vez, Caamaño coincidió con el Consejo en la recomendación de aplicar «más controles» y se mostró partidaria de que la AFI no vuelva a actuar nuevamente como auxiliar de la justicia.
Por su parte, el diputado por el Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia del Congreso le dijo a Télam que cuando el proyecto sea presentado en el parlamento, «los distintos espacios políticos deberán debatir «la refundación» del sistema de inteligencia del Estado.
El legislador consideró que la iniciativa se debe apuntar a «volver a esa secretaría de inteligencia que se creó a fines de 1940 para generar informes sobre la geopolítica; posibilidades de inversiones y de explorar hipótesis de conflicto, siempre en el ámbito internacional».
Litvachky señaló además que la propuesta incluyó «controles externos», desde el punto de vista parlamentario, y se sugirió que la Comisión Bicameral tenga un peso político «más importante» a la hora de fiscalizar a los organismos de información.
«Históricamente, las comisiones parlamentarias no funcionaron para controlar a las agencias de inteligencia. Obraron como un dispositivo de trabajo conjunto que en general supervisaban poco y trabajaban sobre la base del secreto», consideró.
No obstante, aclaró que en la actualidad, la Comisión Bicameral «avanza en la investigación de algunos sucesos que aparecen como muy graves» como los casos de espionaje ilegal del macrismo o la mesa judicial bonaerense que operó durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
En la misma línea, Valdés dijo que la Comisión trabaja «muy bien» a partir de la presidencia del diputado FdT Leopoldo Moreau, en comparación a la conformación que tuvo durante el gobierno de Cambiemos.
«Entonces tenía una composición con mayoría macrista que trataba de convalidar lo que hacían (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, –directores de la AFI en el gobierno de Cambiemos- y se presentaban los informes correspondientes», indicó.
A diferencia de las gestiones anteriores, ahora la AFI presenta periódicamente sus gastos ante la Bicameral y publica en el sitio de la oficina nacional de presupuesto su ejecución.
Además dentro de la agencia la Sindicatura General de la Nación (Sigen) tiene una unidad de auditoría interna.
