Hace cuatro años, Vanesa Castillo, una maestra de 33 años, fue asesinada a puñaladas por un desconocido cuando salía de una escuela barrial de Santa Fe. La Seño, como le decían sus alumnos, tenía una hija de 11 años, vivía en la localidad de Santa Rosa de Calchines y recorría casi 50 kilómetros a diario en moto para dar clases en la capital provincial. El mediodía del 15 de febrero de 2018, buscó el rodado para volver a su casa cuando su asesino se le acercó con la excusa de venderle calzado. Ante la negativa de la mujer, el hombre le pidió que lo lleve hasta una cancha de fútbol cercana, y cuando le volvió a decir que no se montó a la fuerza en la parte trasera del vehículo y le asestó 13 puñaladas. Más de 70 testigos declararon en el juicio que terminó con una condena a prisión perpetua que tuvo la particularidad de ser la primera en la provincia tipificada como “femicidio no íntimo”, ya que el agresor y la víctima no se conocían. La familia de Vanesa, que fue querellante en la causa, espera que los investigadores avancen contra la persona que ordenó el crimen, según confesó el autor del homicidio en el juicio tras asumir que había sido contratado como sicario. Sin embargo, una situación difícil de entender se interpuso en su dolorosa búsqueda de justicia. Deben juntar casi medio millón de pesos para pagarles a sus abogados, ya que las costas a cargo del homicida no pueden ser saldadas porque es un ex convicto insolvente.
“Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos, para quebrarnos de cualquier manera”, escribió en su cuenta Silvia Castillo, hermana de Vanesa. En su descargo, publicado hace dos meses por esa red social bajo el título de “necesitamos ayuda”, la mujer esgrimió: “Tan, tan perverso es el Sistema de Acceso a la Justicia, que hoy mi madre y yo nos encontramos en la situación de tener que afrontar las costas del juicio donde Juan Ramón Cano fue sentenciado y condenado por el femicidio de Vanesa Castillo, condenado en la misma sentencia a asumir las costas del juicio y de la apelación”.
Según explicó, “el condenado es insolvente y la ley de honorarios profesionales prevé que se puede requerir el pago a la querella, independientemente de lo que diga la sentencia”. Y con tono crítico agregó: “El crimen de Vanesa no alcanza justicia y nos somete constantemente a injusticias”.
En relación al monto que sus propios abogados querellantes le reclaman, Matías Pautaos y Carolina Walker Torres, la mujer dijo que la cifra asciende a 457.000 pesos. “Los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios, que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Hemos aprendido que buscar justicia es un camino de injusticias avalado por la letra de la Ley: el Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado y deja solas a las familias de las víctimas”.
A los fines de poder cumplir con la deuda reclamada por los profesionales del derecho, Silvia detalló: “Necesitamos ayuda para afrontar esta deuda que deduciendo lo que ya fue abonado con la colaboración de Amsafe Provincial en 2018, resulta en la suma de 45 JUS (que equivalen a 404.425 pesos), más aportes, hacen un total de 457.000 pesos. Por eso hacemos una campaña, para recaudar el dinero necesario para cubrir este reclamo”.
Por último apeló a la concientización de las autoridades. “Queremos sensibilizar a la ciudadanía, a las autoridades, gobernantes y legisladores que tienen el poder de cambiar esta situación. Las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizado al imputado de cualquier delito o crimen”, escribió.
En ese sentido expresó que quiere que su hermana Vanesa “descanse en paz” pero también “sobrevivir” junto a sus familiares “a estas situaciones tan injustas para poder acompañar a mi sobrina (hija de Vanesa) a sobrellevar el dolor que la atraviesa”.
Para quienes quieran colaborar, dejó datos de una cuenta bancaria. Plus Pagos Alias: XVANESA. CVU 0000006200000012771048.
Perpetua
En septiembre de 2020, Juan Ramón “Cacho” Cano fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre a una mujer y mediare violencia de género (femicidio) y lesiones leves dolosas contra uno de los oficiales encargados de su traslado el día del hecho. En la misma sentencia Cano fue declarado reincidente por segunda vez, se declaró su inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y se dispuso que la accesoria legal y las costas del proceso queden a su cargo. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.
Prisión perpetua para Juan Ramón Cano, el femicida de la maestra Vanesa Castillo
Confirmaron la pena de prisión perpetua al hombre que mató a la docente Vanesa Castillo
Por encargo
Un tema pendiente en la búsqueda de justicia para la familia de Vanesa es juzgar a la persona que ordenó matarla, teoría que para ellos responde a lo que realmente sucedió. La hipótesis de un homicidio por encargo, que la querella intentó instalar en el juicio pero la fiscalía lo rechazó, tiene varias indicios difíciles de refutar, empezando por la confesión del hombre que la asesinó salvajemente sin siquiera conocerla.
En una de su sprimeras declaraciones, Cano confesó que lo habían “mandado a sicariar” pero la Fiscalía se negó a utilizarl la calificación penal de homicidio por precio o promesa remuneratoria”, situación que provocó fuertes críticas de la querella.
Es que según refirieron tanto los familiares de Vanesa como sus abogados querellantes, dos meses antes de ser asesinada, la maestra había acompañado a una alumna a hacer una denuncia por abuso sexual infantil. La niña estaba embarazada.
Los conflictos que le causó a la maestra su compromiso con la situación de vulnerabilidad que sufría la nena quedaron plasmados en algunos audios que le envió a sus compañeros de trabajo. En uno de ellos develaba: “Estas cosas me pasan porque siempre suelo ser demasiado honesta (…). Yo me tendría que haber quedado callada, ni siquiera tendría que haber hablado con la nena. Pero es parte de mí, moralmente y éticamente me parece incorrecto no hacerlo y es parte de mí, me hago cargo”.
Para la familia de la maestra, su femicidio fue a causa del compromiso social que tenía.
