Organizaciones no gubernamentales, vinculadas a la justicia y cuestiones de género, solicitaron este miércoles al Poder Ejecutivo que postule una candidata para la Corte Suprema de Justicia, ante la vacante existente desde noviembre del año pasado tras la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco.
«Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted a fin de manifestarle nuestra honda preocupación por las demoras en la postulación de una mujer para la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina con fecha 1° de noviembre del año 2021», comienza el texto que enviaron las organizaciones al presidente Alberto Fernández, con copia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
La carta fue firmada por Abofem Argentina, Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUAL.
En el texto, las organizaciones destacaron que «el plazo de 30 días establecidos en el artículo 4° del Decreto 222/03» para la publicación de un pliego para el cargo vacante «se encuentra ampliamente superado» y que el hecho de que no se haya establecido un reemplazo «obstaculiza el correcto desarrollo del proceso de deliberación que rige a todas las decisiones y resoluciones del máximo tribunal, y afecta su legitimidad e impacto».
Además, remarcaron la importancia de que el rol sea ocupado por una mujer, ya que actualmente «el órgano de justicia de mayor jerarquía» carece de representación femenina y esa situación viola «los compromisos internacionales que nuestro país tiene en materia de igualdad de género».
«La candidata propuesta debe reunir, como cualquier integrante de la Corte, requisitos imprescindibles para satisfacer las exigencias del cargo», como la idoneidad técnico-jurídica, la independencia de criterio y un compromiso con el Estado de derecho, los valores democráticos y los derechos humanos, detallaron.
«Resulta imperioso completar la integración de este órgano e incorporar nuevamente a una mujer, a efectos de garantizar la legitimidad de las decisiones de nuestro máximo tribunal y la igualdad de género en la justicia», concluye el texto.
