El juez federal marplatense Alfredo López habilitó este sábado las operaciones de exploración de hidrocarburos offshore, en áreas licitadas a más de 300 kilómetros de las costas bonaerenses, al aceptar el recurso de apelación del gobierno nacional presentada ante la medida cautelar que fue otorgada la semana pasada por su par Santiago Martín.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado marplatense resolvió esta tarde en un breve escrito de dos carillas que «en virtud de la naturaleza de los presentes actuados y lo dispuesto por el articulo 15 de la ley 16.986, se conceda la apelación deducida con efecto suspensivo”.
En la medida cautelar del juez Martín presentada la semana pasada, se había dejado en suspenso el avance de la prospección sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, a instancia de los recursos presentados por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la Fundación Greenpeace y la Organización de Ambientalitas Autoconvocados.
Este sábado, el juez López no se expidió sobre el debate de fondo y, tras hacer lugar a las apelaciones, se limitó a elevar cada uno de los recursos al tribunal de alzada para que brinde una sentencia definitiva al respecto.
De este modo la cautelar de Martín, seguirá sin efecto hasta que se expida la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, algo que se espera que ocurra dentro de 7 días aproximadamente, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas tras darse a conocer el recurso.
Por estos días, la causa por la exploración petrolera offshore es llevada adelante por el juez López después de que el Gobierno nacional pidiera el apartamiento del otro magistrado.
Mientras tanto, Martín ya postuló formalmente su rechazo a la recusación que presentó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y ahora la Cámara de Apelaciones debe definir su continuidad. Hasta que eso no suceda será el propio juez López el que tome las decisiones del caso.
El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza la petrolera estatal noruega Equinor en sociedad con YPF y Shell.
El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente apeló el lunes el fallo de la Justicia de Mar del Plata y además pidió la recusación del juez Martín al entender que hubo «falta de imparcialidad» por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.
El escrito de apelación consideró «absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino», al entender que «los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amamantamiento en crías de mamíferos marinos, son absolutamente conjeturales».
Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, «dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?», planteó el Gobierno.
«Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada», agregó el escrito.
Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo de la semana pasada del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales.
Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde «festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas», el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
