Con un operativo de seguridad que no tuvo la exhibición de otras oportunidades inició otro de los juicios emblemáticos de los últimos tiempos. Los protagonistas de este debate oral y público son Esteban Alvarado y su banda sindicada como una de las asociaciones ilícitas más aceitadas, sofisticadas y violentas de la época. Dividida en tres estamentos estaba conformada por un grupo que cometía los hechos violentos, otro que se dedicaba a brindar protección e impunidad y un tercero que se ocupaba de blanquear el dinero proveniente de los ilícitos del grupo a través de una red de empresas comerciales. Los delitos van desde las amenazas hasta homicidios. Si bien son muchos los miembros de la banda que ya fueron condenados a través de acuerdos abreviados, cinco de los acusados están presos en forma preventiva, y son parte del juicio por videoconferencia, entre ellos el sindicado cabecilla, conocido como Chuchino o «el Esteban», quien se presentó como comerciante y contestó algunas preguntas: se hizo cargo de algunos hechos aunque les bajó el tono. Enfrenta un pedido de prisión perpetua. Otros dos acusados llegaron en libertad: se trata de una pareja. Para el hombre, conocido como «el constructor de Alvarado», la Fiscalía pidió 8 años y para la mujer, acusada de participar en dos hechos de lavado de dinero, 6 años de cárcel. El tribunal está compuesto por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Más Varela.
Los acusados que enfrentan pedido de perpetua de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra son Alvarado, de 46 años; Mauricio Laferrara, de 25 y señalado sicario del grupo, Matías Ávila (primo de la ex pareja de Mauricio), Germán Fernández y Facundo Almada. Todos ellos involucrados en el crimen del prestamista Lucio Maldonado ocurrido en noviembre de 2018.
En libertad llegaron al debate Miguel Ángel Greci Hazzi, quien le regenteaba y buscaba propiedades a Alvarado para adquirirlas con el dinero que la banda generaba a través de hechos delictivos y Damiana Ghirardi, pareja de Greci Hazzi, quien se presentó como comunicadora y decoradora. La Fiscalía la acusó de participar en la compra venta de dos cocheras y un departamento en Condominios del Alto, propiedad que luego terminó a nombre de la pareja del uniformado Javier Makhat, quien fuera jefe de inteligencia de la PDI hasta que cayó en desgracia y firmó un acuerdo abreviado como miembro de la banda.
La Fiscalía contó que estás propiedades pasaron por varias manos en un plazo de 2 años y las personas que participaron eran cercanas a Alvarado y no contaban con recursos para ello. Además comprobaron que Rosa Capuano, ex pareja del Esteban y sus hijos, vivieron allí. Cuando el lugar fue allanado se descubrió que allí habitaba el policía Makhat y quedó involucrado en la causa.
Presentaron acusación por asociación ilícita y homicidio: pedirán perpetua para Esteban Alvarado
Los hechos
Los fiscales hicieron un relato de como la organización interfirió en las investigaciones que llevaban adelante y cómo plantó pruebas para desviar a la pesquisa hacia otros sospechosos vinculados con la banda de Los Monos. Estas interferencias incluyeron que uniformados que respodían a Alvarado insertaran en el caso teléfonos en espejo o autos similares a los utilizados por sus enemigos para involucrarlos.
Dijeron que la serie de balaceras que iniciaron tras el juicio a la banda de Los Monos en 2018 fue el puntapié para que este grupo se montara en estos hechos e hiciera su propios ataques. En ese momento hubo 18 balaceras a propiedades vinculadas con funcionarios judiciales o edificios del Estado. Por estos hechos el cabecilla de la banda de Los Monos, Ariel «Guille» Cantero y parte de su grupo se encuentran condenados. En estos ataques dejaban un cartel con la leyenda: «Con la mafia no se jode». Y en una nueva serie de hechos que la Fiscalía le imputó a la banda de Alvarado estos utilizaron esa frase para intentar desviar la atención hacia la organización rival.
A raiz de las balaceras se crepó una unidad de investigación donde había personal policial mixto; allí trabajaron dos policías, Pablo Báncora y Martín Rey, ambos hoy condenados: el primero por filtrar información y el segundo como miembro de la banda delictiva.
Crímenes y más
Cristian Enrique desapareció el 23 de octubre de 2018 de la puerta de su casa cuando se le cruzó un vehículo blanco y cuatro personas vestidas de policía se bajaron y se lo llevaron. La Fiscalía contó que días antes de este hecho Jorge Laferrara sufrió un atentado cuando iba en una chata por calle Pellegrini; fue baleado. Dejó el vehículo y escapó herido.
Dentro de la camioneta encontraron un arma de fuego que tras peritarla se determinó que coincide con la utilizada en un triple crimen ocurrido en Granadero Baigorria en abril de 2018 cuando fueron asesinados en el interior de un auto tres hombres vinculados con Los Monos: los hermanos Ezequiel «Parásito» Fernández y José «Grasita» Fernández, además de Gerardo Abregú. Los fiscales estiman que tras el ataque a Laferrara padre su hijo salió de cacería y tras realizar inteligencia entendió que uno de los involucrados era Enrique, un joven domiciliado en Cabín 9. Hoy está acusado por su crimen.
El cuerpo de Enrique fue encontrado luego de que le hicieran un llamado a su madre el 9 de noviembre de 2018. Antes de cortar el interlocutor le dijo: «Con la mafia no se jode». Los investigadores siguieron la pista de esa llamada y dieron con el dueño de la línea, quien contó que no era suya, que le habían robado una camioneta Kangoo con documentación y el celular.
Esteban Alvarado y cuatro de sus laderos en carrera al juicio oral: hay pedido de prisión perpetua
Edery y Schiappa dijeron que esa Kangoo fue usada para secuestrar de la puerta de su casa a Lucio Maldonado el 11 de noviembre de 2018. Los agresores se bajaron de la Kangoo cuando la víctima estaba bajando de su auto, un Chevrolet Cruze. A punta de pistola lo obligaron a ingresar a la Kangoo y se lo llevaron, mientras uno de ellos se subió al Cruze.
El auto tenía seguimiento satelital y además parte de su recorrido quedó registrado en cámaras de seguridad. Según la pesquisa, llegaron hasta una quinta ubicada en el paraje Los Muchachos, jurisdicción de Piñero. Allí el Cruze estuvo una hora. Esa propiedad está a nombre de los hijos de Alvarado.
Luego el auto volvió hasta la casa de la víctima, un hombre se bajó e ingresó a la casa donde estuvo una media hora y salió. Lo pasó a buscar otro en una Amarok blanca. Esta última se vio cerca del lugar donde luego fue hallado el cuerpo de Maldonado en la colectora de la autopista a Buenos Aires, frente a barrio Las Flores. Tenía 4 tiros en la cabeza, estaba maniatado y con un cartel que decía: «Con la mafia no se jode». Para los fiscales, el móvil del homicidio está vinculado a alguna diferencia que el prestamista tuvo con Alvarado, a quien conocía.
En este contexto se produjeron dos balaceras simultáneas al Centro de Justicia Penal y a Tribunales provinciales el 10 diciembre de 2018. En primer edificio había una mujer acampando en la plaza que fue condenada por distraer a los custodios lo que permitió a los tiradores atacar y dejar un cartel con la leyenda. Esta mujer fue condenada mediante un acuerdo abreviado.
Carlos Arguelles, un mecánico de Alvarado que fue imputado en la causa, declaró en forma anticipada poco antes de su homicidio y entre muchas de las cosas que dijo dio detalles de la maniobra de armado de teléfonos espejo para ocultar la responsabilidad de Alvarado y vincular a Leandro «Chulo» Olivera, un hombre de la banda de Los Monos que estaba prófugo, en los atentados a los edificios judiciales.
A lo que le siguieron los ataques a la casa de una empleada del MPA que trabajaba en la pesquisa. El 14 de enero de 2019 le dejaron la cabeza de un perro en la puerta y el 31 de ese mes dispararon al frente de su casa. Una de las balas pegó a 60 centímetros de la cabeza de su abuela. En este caso se generó una estrategia para involucrar a un hombre que luego terminó declarando como testigo protegido, contó la Fiscalía. Utilizaron un auto de la misma marca y color del suyo e infiltraron en un informe policial la patente de su auto.
Asociación ilícita
En la investigación que llevan adelante en el fuero provincial determinaron que la asociación ilícita arrancó en agosto de 2012 cuando un fiscal de San Isidro pide la intervención de teléfono de Alvarado en el marco de una causa por robo y venta de autopartes en la que terminó condenado y finalizó en octubre de 2019 con la detención de Mauricio Laferrara, cuyo teléfono brindo mucha información a la pesquisa, al igual que el de su jefe, que intentó descartar arrojándola al agua en el lago cordobés cuando fue detenido, en febrero de 2019, en Río Tercero.
Para los fiscales la banda tiene tres estamentos: el logístico o violento, otro económico que permitieron el funcionamiento de esta empresa criminal, crearon montajes de pantallas económicas para ocultar o hacer circular bienes y una tercera compuesta por uniformados que le dio a la organización de Alvarado un «permiso ilegal», que fue construido a partir de una serie de acciones por al menos una esfera policial de altísima jerarquía que construyó zonas liberadas para hacer y no hacer. «En Santa Fe las cosas pasaron como pasaron porque también una franja de la Policía se dedicó a brindar un permiso ilegal para que estas organizaciones funcionen», dijo Schiappa Pietra.
Tras el crimen de Maldonado se hicieron allanamientos, uno de ellos en la quinta del paraje Los Muchachos. Encontraron una carpeta con impuestos de propiedades que estaban a nombre de personas que tenían un vínculo con Alvarado y se allanaron esos domicilios. Hubo 13 procedimientos y se encontraron contabilidades paralelas, escrituras, documentación. Muchos de estos bienes son producto de lavado de activo, había una especie de circulación de pasamano de las propiedades, siempre según los fiscales.
La acusación dijo que en la Justicia federal, en 2013, se realizó una denuncia sobre una organización narcopolicial vinculada con Luis Medina y Esteban Alvarado. Allí se mencionaba que tenía una red de protección por parte de Ana Viglione y Andrés Ferrato, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la época, y se desarrolló a través del tiempo que tuvo muchísimos desprendimientos y en esa investigación estaba gran parte de la estructura haciendo un movimiento de circulación de bienes, contaron Edery y Schiappa Pietra.
Esta denuncia fue unos días antes de que se produjera el crimen de Claudio «Pájaro» Cantero, precisaron desde el MPA. «Miren si hubiera sido importante que esta información hubiera estado arriba de la mesa», dijo Schiapa Pietra.
Los fiscales dijeron que esta red de sociedades se empezó a construir cuando Alvarado marchó preso en agosto de 2012 por la causa de Buenos Aires y además de la visita a la cárcel de Miguel Ángel Greci Hazzi y del organizador del estamento económico, Jorge Benegas (quien firmó abreviado), lo visitaban celebridades del submundo del crimen: Emanuel «Ema Pimpi» Sandoval, José Luis Di Marco, condenado por transporte de más de 400 kilos de marihuana en Rio Negro en el caso en que Alvarado está procesado, Andrés «Pillín» Bracamonte, Mario «Gringo» Visconti, asesinado en 2016 y también vinculado a la organización de Bracamonte, Darío «Oreja» Fernández, también asesinado, relataron.
Lavado
Las causas por lavado son cinco. Un departamento y dos cocheras en los Condominios del Alto cuya titularidad terminó en manos de la pareja de Makhat. En esta causa también están vinculados Greci Hazzi y Ghirardi y firmó en las últimas horas un abreviado Bibiana Zárate, una de las prestanombres de la maniobra.
También un campo en jurisdicción de la localidad de Coronel Bogado que fue decomisado. El abogado Claudio Tavella fue condenado por estar inmerso en esta maniobra y como miembro de la asociación ilícita. Además de una casa en el barrio Tierra de Sueños III, que fue desapoderada a un testigo protegido a punta de pistola para obligarlo a firmar la escritura, dice la acusación.
Esteban Alvarado comienza a ser juzgado como jefe de una banda narcocriminal
Pedidos de pena
Para Alvarado los fiscales pidieron 25 años y una multa de algo más de 758 millones de pesos. A lo que le sumaron la instigación del crimen de Lucio Maldonado, con un pedido de prisión perpetua y las balaceras a los edificios judiciales y a la propiedad de una empleada del MPA en Rioja al 600, donde solicitaron 10 años de cárcel. Pidieron una sanción unificada de prisión perpetua.
Reclamaron la misma pena para Mauricio Laferrara como miembro de la asociación ilícita y los crímenes de Enrique y Maldonado. Igual sanción para Almada, Ávila y Fernández por el sus participaciones en el crimen de Maldonado.
Para Grecci Hazzi el pedido fue de 8 años de cárcel y una multa de casi 408 millones de pesos por lavado de activos y miembro de una asociación ilícita; para su pareja el pedido fue de 6 años y misma multa por el delito de lavado.
