Por: Emilia Delfino. Diarioar.com
El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a unos 300 kilómetros de Plaza Miserere y a diez años de la Tragedia de Once, pero en sus respuestas, esa distancia en espacio y tiempo parece no existir. En la fiscalía de Rosario que ocupa actualmente, Arrigo recuerda como si fuera hoy el juicio oral y público de 2014 y 2015, en el que encabezó la acusación contra los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliani -finalmente absuelto-, y otros 24 imputados por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012.
Arrigo no puede evitar las lágrimas cuando rememora las historias de las víctimas y todavía alega como si estuviera frente al Tribunal Oral Federal número 2 las pruebas que demostraron que funcionarios, empresarios y ejecutivos sabían que el ferrocarril Sarmiento era una bomba de tiempo y eligieron no hacer nada para evitar el choque que le costó la vida a 51 pasajeros -y una niña por nacer-, y atravesó las de 789 heridos y de incontables familiares y seres queridos de las víctimas.
Entonces, Arrigo subrogaba la fiscalía número 4 ante los tribunales orales federales de Retiro y se le asignó por sorteo llevar adelante la acusación del juicio por la Tragedia de Once.
El juicio oral y público conocido como Once I comenzó el 18 de marzo de 2014. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y seguía en su cargo el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a quien el juez Claudio Bonadio había excluido de la lista de procesados por la tragedia ferroviaria. Durante el juicio -afirma el fiscal Arrigo- “trabajábamos en la fiscalía, en Comodoro Py. Coincidentemente con que empecé a interrogar al (funcionario) testigo (Gustavo) Simenoff -ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)- sobre quién era el jefe que establecía las renegociaciones (con los concesionarios de trenes) y empezó a mencionar a De Vido, nos dijeron que teníamos que dejar la oficina de la fiscalía”.
¿Debía dejar la fiscalía mientras encabezaba la acusación en el juicio?
Presidencia designó al nuevo titular de la fiscalía 4 y nos mandaban a una fiscalía que estaba con gente, así que simultáneamente empecé a preparar el living de mi casa para mudarme ahí con el grupo de gente (abocada al juicio). Temiendo que podía pasar algo así, había hecho dos grupos en la fiscalía, uno estaba enteramente dedicado al juicio. Gracias a una compañera, Judith König -entonces titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal, que colaboraba en el juicio-, que me hizo un contacto con la obra social de la Armada me facilitaron un lugar que era justo frente a la sala de tribunales, con lo cual facilitó mucho la cosa. La oficina que nos decían (en la Procuración) que nos ofrecían estaba en la calle Tucumán. Era pequeña y estaba ocupada. Esa gestión duró durante todo el mes de enero (de 2015). (Ver más sobre esto al final de la entrevista).
¿Cuánto tiempo pasó entre que la fiscalía consigue en el juicio que el asesor de De Vido lo incriminara y que les comunicaran que debían dejar la oficina de Comodoro Py?
Fue a la semana siguiente.
¿Cómo y quién se lo comunicó?
El concurso de la fiscalía 4 había quedado trabado y se destraba. En esa fecha sale la designación del nuevo fiscal titular. Venía el fiscal nuevo. Johanna Cristallo, que era la secretaria privada de la Procuradora y quien se comunicaba con los fiscales, me dice que me habían conseguido una oficina en la calle Tucumán. Le pedí las llaves y me dijo: “Está ocupada”. Ahí empecé a ver la posibilidad de preparar la fiscalía en mi casa.
¿Esto fue en pleno juicio?
En audiencias de testigos.
¿La persona que se lo comunicó le dijo si era una decisión de la procuradora Alejandra Gils Carbó?
No porque planteado como estaba era que no tenían lugar, lo cual no era nada nuevo, y que la designación (del nuevo fiscal titular) en definitiva había salido del Ejecutivo y que tenía que dar lugar a ellos.
“El director de la Obra Social nos dio un espacio que estaba abandonado -afirmó Arrigo a elDiarioAR-. Ya le habían dado algunas dependencias al Poder Judicial. Tenían el depósito de expedientes. Le dije: ‘No hace falta ni que tenga ventanas, que tenga ventilación es suficiente’. Compré la heladera, la cafetera, el microondas. Las cosas que necesitábamos llegaron cuando terminó el juicio. Se los mandé”.
“Entonces -recuerda Arrigo-, en un diario, un periodista publicó que me había dado un pico de presión porque me habían dicho que tenía que dejar la fiscalía porque un día apareció la ambulancia en Comodoro Py y me llevaron en una bandejita -bromea-, pero era una apendicitis. La verdad es que no tenía que ver con eso, tenía que ver en realidad con un ritmo de trabajo y de alimentación complicado, mucho café y almuerzos salteados. La semana laboral tenía siete días”.
¿Puede contar más sobre cómo surge la figura de De Vido en el juicio?
Una mecánica que nosotros veíamos en ese momento y de la que no se hablaba era que a partir de la decisión presidencial de congelar las tarifas, los concesionarios del Estado solicitaban al Ejecutivo que los compensaran de alguna forma porque el desequilibrio entre los costos y ganancia. Entonces empiezan a hablar de una renegociación para ver si mantenían las concesiones o no y le solicitan al Estado que compense de alguna forma. Había una comisión de renegociación y la designación de los integrantes dependía de De Vido. Resulta que en ese momento no estaba conformada, con lo cual quien resolvía todo era Sinmenoff, que respondía órdenes y decía que hacía lo que mandaba su jefe, pero nunca lo mencionaba. Entonces le empecé a preguntar quién era.
“Quedó ahí planteado que había una mecánica, siguiendo un razonamiento que parecía diabólico -aseguró Arrigo- porque los empresarios iban creando deudas en la medida en que el Estado les reclamaba a ellos las multas que tenían que pagar por incumplimiento con el contrato de concesión. Con relación a Schiavi, nosotros planteamos que se superó el porcentaje de multas y que por el propio pliego de licitación se les podía quitar la concesión y eso no lo hicieron. La mantuvieron. Y particularmente en el caso de Schiavi, una prueba de la toma de conocimiento de ese riesgo creado que generó la responsabilidad de su conducta es cuando en varios canales de televisión salió llorando, hablando del estado deplorable en que estaban (los trenes)”.
Tras las condenadas a Jaime y Schiavi, hubo un segundo juicio oral y público contra De Vido y Simenoff en 2017 y 2018, pero ¿podría explicar usted la consecuencia de haber traído la figura de De Vido al primer juicio de Once?
En el marco de esa renegociación perpetua que venían llevando, le preguntamos a Simenoff dónde estaban los papeles de trabajo y él contestó que no tenía papeles de trabajo para que no hubiera pruebas. Fue así de terrible. Ahí es donde surge su intervención (de De Vido) y su relevancia, a criterio nuestro, en ese momento, con el resultado, porque justamente esa situación de indefinición y de mantener la concesión, tenía que ver con que TBA siguiera incumpliendo, discutiendo algo indefinido que, dicho sea de paso, era la única empresa que conseguía que el Estado a través de asignación de recursos le pagará las reparaciones. Con ese dinero que daba el Estado, hacían licitaciones para las reparaciones y en las licitaciones, ¿quiénes ganaban? Las empresas del mismo grupo de ellos.
Los integrantes de la fiscalía, en sala de audiencias, el 29 de diciembre de 2015. Centro de Información Judicial (CIJ).
¿Tenían una serie de compañías tercerizadas que eran del mismo grupo TBA y que le proveía servicios a TBA para las refacciones y mantenimiento de los trenes?
Exactamente. Ellos mismos se cobraban servicios de asesoramiento, donde estaba Cirigliano, y cobraba honorarios por asesorarse a él mismo. Era una mecánica de inventar gastos, en definitiva. Contrataron un jet privado, por ejemplo, que en realidad usaba la familia para ir a Punta del Este y a Necochea. Establecimos un nivel de ingresos en el período investigado de $3.000 millones del Estado, desde el momento en que empezaron la concesión hasta el momento en que se la quitaron. Cobraban por un servicio por el cual se habían comprometido a que si el tren se quedaba, iban a buscar a los pasajeros en colectivos. El grupo económico tenía varias empresas de colectivos. Le pregunté a todos los pasajeros que vinieron a declarar como testigos si alguna vez los habían trasladado y dijeron que nunca.
Del motorman al ministro
Desde hace cuatro años, Arrigo encabeza una de las fiscalías ante los tribunales orales federales de Rosario, desde donde se conecta vía zoom con elDiarioAR, el jueves último por la tarde, luego de una audiencia de testigos en el juicio contra 19 policías de la ciudad santafesina por la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida el 6 de octubre de 2014.
Ricardo Jaime , durante la última audiencia del juicio, en los tribunales federales de Comodoro Py. Centro de Información Judicial (CIJ).
“Una vez (el periodista) Nelson Castro me preguntó: ‘¿Cómo puede ser que el que maneja un tren y el funcionario que controla sean condenados por el mismo hecho? Yo le dije: porque ahí hay un entrecruzamiento de riesgos creados que dieron como consecuencia ese resultado”, recuerda Arrigo. “El clímax, digamos, de esa conjunción fue ese día”, aseguró el fiscal, en referencia al miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, cuando el tren número 3772 chocó en la cabecera de la estación de Once.
El tren era conducido por Marcos Córdoba, quien terminó condenado a tres años y medio de prisión por estrago culposo e inhabilitado por siete años para desempeñarse como conductor ferroviario (Casación redujo luego su pena). Otras 20 personas fueron condenadas a penas mayores. Arrigo había solicitado penas de entre 10 años y medio y 11 años para los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios de TBA, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Las querellas hicieron sus propios alegatos.
“Uno de los peritos determinó que había un patrón de conducta en la forma de manejar del motorman (Marcos) Córdoba. Descubre que siempre aceleraba y frenaba en las mismas condiciones. Determinamos que esa formación estaba conformada por 16 vagones que habían sido sacados de circulación por pérdidas generalizadas de aire. Las formaciones Toshiba tienen un sistema de freno de lógica inversa: si en la cañería, el tren no tiene suficiente presión de aire, no funciona. Los caños de las formaciones sacadas de circulación por la empresa, en vez de ser del material que tenían que ser, eran mangueras de plástico. Perdían aire por todos lados”, relató Arrigo.
Sergio Claudio Cirigliano (en el medio, mirando a cámara), el principal empresario acusado. Arrigo pidió 10 años y 11 meses de prisión; el tribunal le otorgó una pena de 9 años; y Casación se la redujo a tres y 3 meses. Centro de Información Judicial (CIJ).
“Además, por la falta de mantenimiento, no tenían la cantidad de compresores que correspondía, tenían muchos menos. Entonces el aire se perdía y no se comprimía a la velocidad que se tenía que comprimir. Esto generó la pérdida generalizada de aire en la formación”. Continúa su explicación: “El motorman aplica el freno degradado. Cuando, pasando la Cabina B, determina y ve que esos frenos no funcionaron correctamente, su obligación hubiera sido aplicar el freno de emergencia en ese momento. Continuó circulando. Y ahí se gastó un montón de aire. Realizó varias aplicaciones sucesivas. Cuando llega a la cabeza de emergencia y ve que no frena, aplica un freno de emergencia, que según la velocidad del GPS, aparece como un freno de emergencia degradado porque ya se había gastado el aire”.
“Estando en la cabecera del andén, el perito Brito observó que el parachoques del Chapa 16 no estaba chocado y sí lo estaba el parachoques de tierra firme, que es un neumático. Él explica que en esa aplicación de freno, como están conectados todos los vagones, el tren empezó a bajar y subir, y así pasó. Si la formación hubiera tenido el mantenimiento, la cantidad de compresores y de cañerías que necesitaba, el freno de emergencia hubiera funcionado”, concluyó el fiscal.
El negocio de desinvertir
Arrigo sostiene que “el no mantenimiento no fue desidia, era un negocio para la empresa”. “Cuando pudimos desencriptar los correos electrónicos, los propios empresarios decían que para después del carnaval iba a reventar. Decían que con altas temperaturas y en un fin de semana largo, vamos a tener un accidente”.
Schiavi aún está preso por la Tragedia de Once. Junto a Jaime, son los únicos dos que aún permenecen en una cárcel federal. Centro de Información Judicial (CIJ).
¿Esos correos encriptados que obtuvieron eran entre ejecutivos de TBA?
Entre ejecutivos de TBA. Los funcionarios públicos también tenían conocimiento por la imposición de multas en forma descarada.
¿El análisis de los documentos contables de las empresas del grupo TBA fue clave en el juicio?
Sí, contamos con la colaboración de Guillermo Bellini, quien quedó implicado en la compra del edificio de la calle Perón (la causa contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó). Hizo un análisis impecable de los libros de actas de reunión de las sociedades. Se la pasaba dentro del tribunal revolviendo papeles. A través de las discusiones en el acta de directorio surgía quién tenía en definitiva conocimiento de esa situación, de la defraudación. Después nos ayudó mucho la oficina de comunicaciones de la Procuración con todos los Power Point empresariales, con personajes que se iban repitiendo en las distintas empresas, los movimientos de fondos. Todo apuntaba a los mismos: Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano. Estaban ellos al final de absolutamente todo.
El tribunal absolvió a Jaime por el estrago culposo y sólo lo condenó por defraudación a la administración pública, pero la fiscalía lo había acusado por ambos delitos como al resto de los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios…
Si, absuelven a Jaime diciendo que Jaime estaba muy lejos del estrago -había dejado el cargo en julio de 2009-, pero no importa cuán lejos estaba. Lo que importa en el delito culposo es el aporte que se ve reflejado en el resultado. Es la causalidad. En el caso de Jaime por más lejos que esté, es culpable. El mejor ejemplo es el de un tipo que pone una bomba, el sistema retardador no funciona y explota 20 años después. ¿Por qué está lejos no tiene nada que ver? No, puso la bomba. Justamente Jaime empieza con el incumplimiento de exigirle a la empresa los mantenimientos o el pago de las multas, todas las acciones que después se mantuvieron en el tiempo y se reflejan en el resultado. El tribunal dijo que la falta de mantenimiento tenía una relación directa con la existencia de óxido en la formación. Gracias al óxido de la formación hubo acaballamiento de la formación y la muerte por aplastamiento de 51 personas más una por nacer.
Mario Cirigliano (primer plano), hermano de Sergio Claudio, fue absuelto por el tribunal. Centro de Información Judicial (CIJ).
Absolvieron también a Mario Cirigliano, a quien usted había acusado…
Sí, cuando leí los fundamentos de la sentencia presenté un recurso (para que se revise) la absolución (parcial) de Jaime. Con respecto a Mario Cirigliano me pareció bien fundamentado (su absolución) por el tribunal porque también es una forma de corregir mi propia actuación como fiscal. Pero en el caso de Jaime se equivocaron.
¿El accidente fue consecuencia de acciones que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner o que venían incluso de antes?
Uno de los problemas que tuvimos para la determinación de la prueba fue que en la gestión anterior a Jaime no había documentación ni argumentación de nada, de incumplimiento ni cumplimiento, absolutamente nada. Con lo cual nosotros, a partir de la prueba que obtuvimos, dijimos bueno, esto empezó en esta época. De hecho, la concesión era anterior a Jaime pero no teníamos pruebas. El tribunal nos dijo que empezáramos a ver desde 2003 en adelante porque si no era el infinito. Como dijo Jaime en una entrevista en Página/12, las concesiones quedaron en manos del Presidente, de él y de De Vido. No hubiésemos conseguido lo que conseguimos si cada uno no hubiese cumplido su rol. Sólo en el equipo de la fiscalía, Adrian Folliero, Mariana Aiello, Daniela Capmany, Federico Aversa, Esteban Heldt, Mariana Aiello y Guillermo Bellingi. También el equipo de comunicación de la Procuración.
Usted describe una combinación entre el congelamiento de tarifas, la defraudación con subsidios y el desvío de los fondos para mantenimiento, además de una acción del motorman. ¿Cuánto influyó la situación económica, el congelamiento de tarifas y la corrupción?
Con la inflación y el congelamiento de tarifas, la subsistencia (de TBA) dependía casi 100 por ciento del subsidio, pero si, por ejemplo, la comisión de renegociación se hubiera implementado, hubieran quitado la concesión, hubieran visto el tema de los incumplimientos, incluso habiendo subsidios, no hubiera pasado lo mismo. En un momento empezaron a hacer trenes doble piso con trenes de un piso usados, viejos, lo reforzaban y lo querían vender al Estado. Para mí, el congelamiento de tarifas fue, digamos así, el caldo de cultivo que después se unió con estos ingredientes.
Arrigo, en 2015, con el equipo de la fiscalía número 4 ante los tribunales orales federales de Comodoro Py. Claudia Conteris – Ministerio Público Fiscal.
Culpables
¿Cómo fue su relación en el juicio con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas?
Es una parte del juicio en la que claramente, como fiscales, tenemos que participar sin ser, digamos… sin violar secretos de la investigación pero sí mantener la comunicación. Sos un abogado y te paga el Estado pero estás defendiendo a la gente, velando por sus intereses y representando a la gente que trabaja. En ese marco, fue que tomé contacto con ellos. Les iba contando cuáles eran las distintas etapas, les fui avisando que iban a escuchar cosas de las defensas y que no se tenían que enojar para que no desalojen la sala. Les dije: “La presencia de ustedes ahí es importante”. Cada tanto venían y nos juntábamos, me preguntaban por qué habían dicho tal cosa, por qué no decía yo tal otra. Y yo le decía que había distintos momentos para cada una de las situaciones.
¿Qué historias lo marcaron más y le siguen viviendo en los recuerdos del juicio?
Cada vez que me acuerdo se me escapa una lágrima… (sigue con la voz entrecortada y no evita las lágrimas) El papá que perdió a su mujer y a su bebé… Fue terrible… Un hijo que una vuelta escuché en un acto que le despedía a su papá… Cuando los bomberos contaban que querían sacar a las víctimas apretadas. Se produce una reacción química en el organismo cuando ese organismo está apretado por más de determinado tiempo, no recuerdo en este momento si es media hora, 45 minutos, una hora. Empieza a largar toxinas y el cuerpo se empieza a morir. Ellos quisieron sacarlos y de tan apretados que estaban y le sacaron el brazo a una de las víctimas y de pronto empezaron a ver cómo se iban muriendo siguen muriendo. La historia de (Lucas) Menghini Rey… porque fue la desesperación, la angustia de cualquier papá y cualquier mamá que pierde un hijo. Como una vez me dijo un jefe mío que había perdido un hijo, es como si estuvieras muerto pero siguieras caminando. Y después la culpa generalizada de todos los que sobrevivieron, que no estuvieron en el tren pero que lloraban y decían (se toma unos segundos): “Si esa mañana le hubiera dicho ‘Viejo quédate a tomar unos mates’. No hubiese muerto”. Es como si hubieran seguido sufriendo, como si no hubiera terminado ese día, con la angustia de los parientes que estaban ahí desesperados, buscándolos en la morgue. El relato de un chico que sobrevivió y en el juicio dijo: “Señores jueces, perdónenme lo que voy a decir. ¿Puedo puedo decir una guarangada? El servicio del tren Sarmiento era una mierda. No lo puedo describir de otra forma. Entrábamos por la ventana. Estábamos amontonados entre los asientos. Íbamos con la puerta abierta, enganchados porque llegábamos tarde al trabajo”. Recordemos que las personas que viajaban en el tren eran las que menos recursos tenían porque el boleto era lo más barato que había, con lo cual era un grupo de lo más vulnerable, en la peor situación, que era un negocio para una empresa. Su reclamo y su presencia echaron luz sobre algo diabólico: alguien que veía hacer un negocio para construirse una casa frente al mar o ir a Punta del Este en un jet privado, y cobrar todo lo que se podía a costilla de la inseguridad de un grupo social, el más vulnerable, el que trabaja. El factor común de todos fue la destrucción anímica, afectiva y familiar; 52 fueron los que murieron, pero multiplica eso por un número incansable de personas vinculadas a ellos que quedaron destruidos y que hoy, o por lo menos la última vez que yo estuve (con ellos), siguen sintiendo culpa de estar vivos y creen que podrían haber dicho algo para que no murieran su mujer, su marido, su papá, una mujer embarazada con su hijo.
Córdoba, motorman de la formación que chocó el 22 de febrero de 2012, fue condenado a 3 años y medio. Casación y la Corte fijaron su pena en tres años y tres meses, la misma que al dueño de TBA, Claudio Cirigliano. Centro de Información Judicial (CIJ).
¿Cada cuánto recuerda la Tragedia de Once?
A ver, bastante seguido… (se toma unos segundos) Hay una constante en casi todos los hechos que vemos en cotidiano los fiscales y tiene que ver con… con el dolor de la destrucción. Ahora, es la droga y la desintegración social familiar de quienes están en el narcomenudeo, del que es víctima de homicidio, de una persona adicta. Y Once fue eso. Esta destrucción de la vida a nivel transversal, de la sociedad, de una época, de un momento y de un lugar, como pasa acá en Rosario. Es terrible. Fue muy revelador de cómo juega el delito, cómo daña y cómo atraviesa a la víctima directa, a la familia y a la sociedad. Cada tanto, cuando tomo un tren y me quedo mirando el sistema de freno, que ahora son mucho más evolucionados, se ve que son frenos de disco como los autos, o a veces que he tomado también el Sarmiento, se me vienen automáticamente los relatos de los pasajeros, cuando iban escuchando cómo golpeaban las vías por falta de mantenimiento. Y es como si volviera cada tanto en otro juicio, con alguna noticia. Otra de las cosas que me quedó de ese juicio, que aprendí un montón, es lo que dicen los principales desarrolladores de trenes que hoy andan a velocidades infernales: la frecuencia del tren y la frecuencia del servicio es como la presión arterial de un ser humano. Cuando tenés un servicio en horario y que tiene la cantidad suficiente de trenes para que la gente vaya en los metros cuadrados que corresponde, es la primera señal de que un sistema funciona.
¿Qué más le sorprendió del relato de los bomberos?
Que fue desesperante. Me acuerdo de (el jefe del SAME, Alberto) Crescenti. Fue un trabajo a contrarreloj porque tampoco podían poner una sierra, si metían la sierra, mataban al que le metía la sierra. Era desesperante, era tal la compresión que no entraba nada. Y las propias víctimas que sobrevivieron dijeron que escuchaban cómo dejaban de hablar otros y era que se estaba muriendo. Y los bomberos sabían eso. Fue terrible para los bomberos y para los paramédicos.
¿Cómo recuerda a los funcionarios imputados? ¿Cómo vio que vivían ese juicio?
El único que recuerdo que sí lo vivía con mucha angustia y era ostensiblemente diferente al resto era Schiavi. Se lo veía muy angustiado. Recuerdo que en un momento, se me habrá cruzado por la calle y me preguntaba qué iba a pasar. Yo le dije: “La verdad, no depende de mí. Y dicho sea de paso, usted tiene para lo que yo veo, dos de los mejores abogados que he visto en Comodoro Py, vaya a hablar con ellos y confíe en ellos. Que ellos van a hacer un excelente trabajo y yo voy a ser el mío a medida que va apareciendo la prueba”.
Desde hace unos cuatro años, Arrigo trabaja en una de las fiscalías de Rosario ante tribunales orales. Marcelo Bustamante.
¿Y cómo lo atravesaron los ejecutivos y empresarios de TBA?
Una de las actitudes que me llamaba la atención era casi de ofendidos porque estaban ahí; como que estaban lejos de todo. “Nosotros no tenemos nada que ver”, apuntando que la culpa la tenía el motorman y de alguna forma la primera línea que estaba ahí en los controles, pero que ellos no tenían nada que ver, que no sabían. Recuerdo a uno de los abogados, muy buen abogado también, que planteaba que habían salido 10.000 tren o una cosa así y sólo había habido un accidente. Tenía una actitud de distancia con el hecho. Hasta se reían. Recuerdo justamente a Sergio Claudio Cririgliano en algunas ocasiones que me llamaban la atención.
El 29 de diciembre de 2015, los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a 21 de los 28 acusados, según el Centro de Información Judicial (CIJ). Schiavi recibió una pena de ocho años de cárcel; Jaime, de seis años de prisión. Sergio Claudio Cirigliano, nueve años. El resto de los ejecutivos y exfuncionarios condenados recibieron penas más bajas.
En mayo de 2018, los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, de la Cámara Federal de Casación, elevaron la pena de Jaime de seis a siete años pero bajaron la mayoría de las condenas del resto, incluyendo la de Cirigliano, que pasó de 9 años a 7 años. Dos años y medio más tarde, en septiembre de 2020, la Corte Suprema dejó firme la decisión del máximo tribunal penal federal pero dejó pendiente revisar la condena de Jaime.
Tras la sentencia de 2015, tanto la fiscalía como el tribunal oral impulsaron la acusación contra De Vido. Bonadio debió citarlo a indagatoria y lo procesó el 10 de mayo de 2016, según los registros del Centro de Información Judicial (CIJ). El exministro fue condenado en octubre de 2018 a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta en contra de la administración pública. El Tribuna Oral Federal número 4 lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Atravesó el juicio desde la cárcel de Marcos Paz, detenido de manera preventiva por otro expediente conocido como el caso Río Turbio. Obtuvo la prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad, gracias a que su condena en Once II no está firme en la Corte Suprema, cuando el kirchnerismo hizo entrar en vigencia artículos del nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso en abril de 2021 que el exfuncionario esté monitoreado por una tobillera electrónica.
